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Mucho más que una fábrica de papel

El presidente Mujica se enfrenta a Argentina al aumentar la producción de la papelera ubicada entre ambos países

Elvira Palomo
Ambientalistas argentinos y uruguayos se manifiestan contra la UPM.
Ambientalistas argentinos y uruguayos se manifiestan contra la UPM.EFE

La decisión del presidente de Uruguay, José Mujica, de aumentar la producción de la papelera UPM (exBotnia), ubicada en la frontera común con Argentina, ha vuelto a revivir el conflicto que enfrenta a los dos países, pero esta vez el mandatario de izquierdas ha recibido el respaldo de la sociedad uruguaya. Buenos Aires acusa a la compañía finlandesa (y por tanto a Uruguay) de contaminar sus costas en la vecina localidad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.

Si bien hay grupos medioambientalistas uruguayos que se opusieron desde el principio a la construcción de la planta en Fray Bentos, en el departamento de Río Negro, en esta ocasión autoridades locales, empresarios, sindicatos y oposición están de acuerdo con la decisión del Gobierno uruguayo y rechazan la actitud del país vecino, al que acusan de querer “pasar por encima” de un país pequeño que le ha tendido la mano del diálogo en repetidas ocasiones sin resultados.

“En esto todos los partidos estamos en bloque, no hay fisuras”, aseguró a este diario Pablo Mieres, miembro del Partido Independiente, quien no obstante criticó a Mujica por no haber sido más firme con sus pares argentinos en estos últimos años. “El kirchnerismo es un movimiento político que en general interpreta las actitudes de buena voluntad como signos de debilidad”. El político recordó que pese a la disposición uruguaya a una buena relación hay un proyecto de ampliación de los muelles en el puerto de Nueva Palmira, que lleva dos años parado “a la espera de una respuesta argentina que nunca vino”, lo que ha afectado a las oportunidades de desarrollo de su país.

El ministro de Relaciones Exteriores argentino, Héctor Timerman, ha amenazado con que recurrirá otra vez al Tribunal Internacional de La Haya por considerar que la decisión "afecta la soberanía ambiental de Argentina”, aunque el asunto de momento no ha ido a mayores por la inesperada operación de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner.

El Gobierno uruguayo, datos en mano, ha rechazado estas acusaciones y ha asegurado que si la media de vertido de elementos como el fósforo en una empresa como esta es de 5 mililitros por litro, los resultados de UPM son 0,86 por litro, es decir, un 246 % por debajo del límite. Además la empresa se ha comprometido a instalar un sistema adicional de enfriamiento del agua.

La compañía ha explicado que solicitó ese aumento en la producción porque las mejoras logradas en eficiencia y productividad desde la instalación de la planta en 2006 les permiten aumentar la producción “sin modificar el proceso”, según su portavoz, Matías Martínez, que valoró el incremento como un impulso al sector forestal del país. Según el último informe del instituto Uruguay XXI, en 2012 las exportaciones del sector forestal representaron el 11,7% del total de las exportaciones. De hecho, el Gobierno estudia autorizar la construcción de una tercera papelera.

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En cuanto a la salud del río Uruguay, el intendente del departamento de Río Negro, Omar Lafluf, aseguró a este diario que la compañía pasa rigurosos controles y “los resultados siempre indican que el nivel de todos los parámetros que van al afluente están muy por debajo del límite permitido”.

En respuesta a la queja argentina, subrayó que la decisión de aumentar la producción se tomó después de haber pasado todos los plazos reglamentarios que exige el tratado del río Uruguay y se envió a la Comisión Administradora del Rio Uruguay (CARU), de la que forman parte una delegación uruguaya y otra argentina para velar por la buena salud del río. “No se puede plantear que el río Uruguay está todo contaminado, primero porque no es cierto y segundo porque estamos condenando a todas las ciudades uruguayas y argentinas a que no tengamos ni un solo desarrollo económico más”.

La planta de UPM de Fray Bentos produce 1.1 millón de toneladas anuales de pasta de celulosa (que ahora pasará a 1.2) y, según datos facilitados por la empresa, tiene un impacto de 1,6% en el PBI del país. En la planta trabajan 850 personas, el 99% uruguayos, y genera 3.400 empleos directos en toda la cadena productiva (incluyendo vivero, plantaciones, logística, planta y puerto). La compañía Botnia invirtió cerca de 1.200 millones de dólares en la planta Fray Bentos, la mayor inversión de la historia de Uruguay.

El principal sindicato el país (PIT-CNT) apoyó la decisión de Mujica al considerar que hizo "todos los esfuerzos” para que el diálogo con Argentina prosperara y el Gobierno dio la información de que “se viene respetando todo lo acordado”.

Los afectados destacan que Uruguay vigila de cerca a UPM y que pese a ser un país pequeño es capaz de demostrar que tiene unas leyes ambientales que se cumplen. “Es una buena cosa que el país dé esa imagen al mundo, que es un país serio, responsable, fiel a sus normas y a sus leyes” afirmó Leopoldo Cayrus, presidente de la Asociación Comercial e Industrial de Río Negro, que espera que el conflicto no escale porque “Argentina es un país muy diferente, en su manera de pensar y de expresarse”.

Lo que más temen es que se repita el episodio del cierre del puente internacional Libertador General San Martín, que comunica ambos países, entre 2006 y 2010 por parte de los ambientalistas argentinos, una situación que según Daniel Fernández, portavoz de la Asociación de afectados por el corte del puente, dejó “heridas que no han sanado”.

Fernández, que trabajaba en la cabecera del puente en la parte de comercio exterior, recuerda que de sus 80 compañeros algunos tuvieron que irse lejos de su familia para trabajar, otros perdieron su empleo para siempre y fueron momentos “de mucha tensión”, por eso consideró prudente que las autoridades uruguayas no autorizaran el paso de la marcha del Movimiento Asamblea Ambiental de Gualeguaychú convocada el pasado domingo porque “era un caldo de cultivo para que hubiera muchísimos problemas y hay que evitarlo”. “Tenemos que protegernos, no podemos sentir y pensar o creer que cualquiera viene y nos avasalla por arriba”.

Fernández cree que la situación ahora es diferente y señala: “Si bien no podemos inmiscuirnos en el tema Gobierno (…), como habitantes de la zona tenemos que juntarnos con las autoridades locales y tratar de solucionar los problemas que nos pueden acarrear para que no nos pase lo mismo”.

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Sobre la firma

Elvira Palomo
Es redactora en la sección de Internacional. Licenciada en Periodismo y máster en Comunicación Política. Comenzó su carrera en la agencia Efe para la que fue corresponsal en Washington. Comenzó a colaborar con EL PAÍS en Montevideo. Ha trabajado como periodista multimedia en la BBC, en la mesa de edición de AFP para América y en Univision Noticias.

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