El Supremo de Argentina se enfrenta a Hacienda por sentirse investigado

Dos semanas después de que la Corte Suprema de Argentina declarara inconstitucional la principal ley de la reforma judicial que impulsaba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el máximo tribunal y Hacienda protagonizan un duro enfrentamiento. Cinco de los siete magistrados de la Corte Suprema, incluido su presidente, Ricardo Lorenzetti, pidieron públicamente el pasado jueves que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aclarara si eran ciertas las informaciones de que l...

Dos semanas después de que la Corte Suprema de Argentina declarara inconstitucional la principal ley de la reforma judicial que impulsaba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el máximo tribunal y Hacienda protagonizan un duro enfrentamiento. Cinco de los siete magistrados de la Corte Suprema, incluido su presidente, Ricardo Lorenzetti, pidieron públicamente el pasado jueves que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aclarara si eran ciertas las informaciones de que la autoridad tributaria estaba investigando a Lorenzetti y a sus tres hijos. El responsable de AFIP, Ricardo Echegaray, respondió este lunes que no está haciendo tal investigación, pero sí admitió que ha hecho “cruces de información”, que pueden servir para eventuales fiscalizaciones, sobre los hijos de Lorenzetti y el secretario administrativo del máximo tribunal, Héctor Marchi.

Desde que la Corte Suprema echó por tierra la ley con la que la presidenta Cristina Fernández pretendía aumentar el control político sobre el poder judicial, la presidenta ha criticado con dureza al máximo tribunal en varias ocasiones. Fernández ha dicho que tal vez un día a los magistrados se les ocurra suspender las elecciones presidenciales y ha ironizado que ella quiere, cuando acabe su Gobierno en 2015, convertirse en juez. Además, un grupo de diputados fieles a la jefa de Estado ha presentado un proyecto de ley para quitarle al máximo tribunal el control presupuestario del Poder Judicial y dárselo al Consejo de la Magistratura, tal como dispone la Constitución de 1994, incumplida hasta ahora en este aspecto.

El secretario administrativo de la Corte Suprema se reunió la semana pasada con el número dos de Hacienda y le advirtió de que Lorenzetti demandaría a Echegaray por extorsión y abuso de autoridad, según relató este lunes el propio jefe de la agencia tributaria. Es “impropio que la Corte, de manera institucional, nos peticiones tratar cuestiones estrictamente individuales de contribuyentes y sus familiares”, se quejó el funcionario. Además, dijo que el Gobierno se plantea recusar a los cinco magistrados del máximo tribunal que pidieron explicaciones en casos que involucren a Hacienda por considerar que guardan “enemistad manifiesta” contra ese departamento. Uno de los casos que seguramente llegue a la Corte Suprema sea la demanda contra la prohibición de compra de divisas para ahorro, vigente desde 2012, en un país donde desde hace cuatro décadas se usa el dólar para el ahorro y las transacciones inmobiliarias.

“La Corte no está dando garantías ni de calidad institucional ni de división de poderes, porque si en la reunión de ministros [magistrados] evaluaron hacerme una denuncia con base en una versión que no comprobaron, qué queda para cuando deban resolver asuntos que son de mucho interés”, atacó Echegaray. “Veo amenazada la función de la AFIP de fiscalizar a todos los contribuyentes de la Argentina”, añadió el funcionario. Echegaray contó que los hijos de Lorenzetti compraron un apartamento en el lujoso barrio de Puerto Madero —donde también han adquirido propiedades varios miembros del Gobierno— que antes era propiedad de una “sociedad del exterior, circunstancia que es un indicio a tomar en cuenta en futuras investigaciones”. También explicó que la agencia tributaria envió una carta a 500.000 contribuyentes, incluido Lorenzetti, para saber si contaba con una asistenta en su hogar que debiese registrar. Además, comentó que el secretario administrativo del tribunal no había presentado a tiempo una declaración jurada del impuesto a la renta, lo que fue negado por fuentes judiciales.