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Los laboristas congelarán el gasto social para ganar el centro político

La decisión es un cambio de estrategia que reconoce que la austeridad de la coalición cuenta con apoyo ciudadano

Ed Miliband ante la conferencia anual del Partido Laborista.
Ed Miliband ante la conferencia anual del Partido Laborista. Reuters

Los laboristas británicos encabezan con apreciable ventaja los sondeos electorales, pero el escaso carisma de su líder, Ed Miliband, y la escasa fiabilidad que proyectan sobre su capacidad de gestionar la economía hace que la carrera para las elecciones de 2015 esté mucho más abierta de lo que auguran los sondeos. Miliband intentó ayer afrontar el segundo problema con la promesa de introducir un tope en el gasto social, el talón de Aquiles del anterior Gobierno laborista.

Su promesa emula la que realizaron de cara a las elecciones de 1997 los líderes laboristas del momento, Tony Blair y Gordon Brown. Temerosos de que se repitiera el chasco de última hora de 1992 y acuciados por el fantasma de los gobiernos laboristas de los años 70, se comprometieron a respetar durante su primera legislatura los límites de gasto público establecidos por el Gobierno conservador de John Major. En 1997, la promesa funcionó. Seguramente porque Blair no tenía el primer problema: en aquellos años, le sobraba carisma.

No está claro que la de Miliband vaya a funcionar, porque ahora no se trata solo de contener el gasto, sino de reducirlo. Y en una semana en la que los laboristas se han concentrado en recomponer su imagen de gestores de la economía, solo han hecho una propuesta de ahorro: privar de las ayudas para calefacción a los pensionistas más ricos. Una propuesta mal recibida por los pensionistas y el partido porque ven en ella un peligroso precedente y que ha dejado fríos a los analistas porque el ahorro que se generará, unos 100 millones de libras (118 millones de euros) es una gota en el océano de la deuda pública británica (1,4 billones de euros).

Miliband prometió luchar contra las empresas que pagan por debajo del salario mínimo

Los conservadores han calificado de “vacuo” el discurso de Miliband y analistas más templados echan en falta el detalle de cómo se van a implementar las medidas anunciadas y qué impacto presupuestario van a tener. Y advierten del peligro de que su resultado final sea crear divisiones internas en el laborismo sin conseguir a cambio generar confianza en el conjunto del electorado.

Pero el anuncio de Miliband de congelar el gasto público es significativo porque supone un cambio de estrategia de los laboristas sobre su visión del Estado de bienestar que viene a reconocer que las políticas restrictivas en gasto social de la coalición de conservadores y liberales-demócratas tienen el apoyo de los votantes. Los abusos que se dan en el sistema fue uno de los principales argumentos de los conservadores en las elecciones de 2010.

Miliband aceptó ayer que los laboristas gastaron demasiado en algunas ayudas.

En ese marco de cambio de rumbo, el líder laborista confirmó que entre sus prioridades no figurará la supresión de la en su día ferozmente criticada decisión del Gobierno de retirar las ayudas por hijo a las familias con ingresos anuales superiores a las 50.000 libras (59.000 euros), unas ayudas que Miliband definió entonces como “un puntal de la sociedad”.

Anunció la puesta en marcha de un sistema por el que el Estado pagará 25 horas de trabajo semanales por la contratación de jóvenes que lleven más de un año parados y los mayores de 25 años que lleven más de dos años sin empleo.

A cambio, las empresas deberán aportar al menos 10 horas semanales de formación y garantizar que pagan por encima del salario mínimo. Los trabajadores que rechacen esos empleos perderán el subsidio de paro.

Las evaluaciones de los trabajadores en baja por larga enfermedad serán revisadas con el objetivo de distinguir con más claridad entre los trabajadores que no pueden trabajar, los que necesitan ayuda para poder trabajar y los que pueden trabajar sin ningún tipo de ayuda.

Prometió luchar contra las empresas que pagan por debajo del salario mínimo, sin aclarar muy bien con qué instrumentos.

Defendió un cambio en los costosos subsidios a la vivienda promoviendo la construcción de más casas y transfiriendo a los gobiernos locales los poderes para negociar con los caseros los alquileres por viviendas sociales, que en la actualidad son negociados por los inquilinos.

Y defendió una reforma de las escasas ayudas que tienen carácter contributivo restringiéndolas a los que hayan cotizado durante los últimos cinco años —en lugar de dos como se exige ahora— pero aumentando su cuantía.