El Parlamento húngaro aprueba un polémico cambio en la Constitución

El conservador primer ministro húngaro, Viktor Orbán, tiende a exhibir su afán de transformar Hungría de arriba abajo. El problema es que muchas de las cientos de leyes que ha aprobado en el último año y medio han generado alarma no solo entre la oposición, las asociaciones de derechos y los académicos húngaros, sino también en Bruselas, que ve peligrar el equilibrio de poderes y el propio Estado de derecho en el país centroeuropeo. En el centro de la batalla está la Constitución, polémica desde que era solo un borrador, que ha sido enmendada hoy por cuarta vez -y entró en vigor en enero de 2012- para incorporar normas que socavan las atribuciones del órgano que precisamente más freno ha puesto a ese fervor legal: el Tribunal Constitucional. 

El Parlamento húngaro, en el que el partido del Gobierno, Fidesz, tiene una enorme mayoría de dos tercios, ha aprobado este lunes un paquete de cambios por el que todas las sentencias de inconstitucionalidad dictadas hasta la fecha quedan anuladas. Además, el Tribunal no podrá recurrir a su propia jurisprudencia para argumentar sus decisiones e interpretar los nuevos casos. Tampoco podrá pronunciarse sobre los Presupuestos ni sobre los impuestos. Y, en caso de que haya nuevas enmiendas a la norma fundamental, no podrá examinar su contenido: solamente podrá decir si el procedimiento es conforme a derecho. En palabras de Zoltán Fleck, profesor de Sociología del Derecho en la Universidad Eötvös Loránd de Budapest, “este cambio pretende abolir 20 años [desde la democracia] de jurisprudencia, que es la parte esencial de la práctica judicial. El hecho de que el Parlamento anule un fallo del Constitucional no tiene precedente en los sistemas modernos”.

Además de desmemoriado, el Constitucional queda ahora puenteado: las enmiendas incorporan varias leyes que el Tribunal había tumbado. Por ejemplo, la prohibición de insertar propaganda electoral en cadenas privadas. En enero el Tribunal declaró esta norma inconstitucional, al considerar que “es una restricción considerable del discurso político en campaña (…) precisamente en el tipo de medio de comunicación que alcanza al mayor número de votantes”. Pues bien, ahora es una de las leyes que se introducen en la Constitución. Lo mismo ocurre con la ley que da base constitucional para criminalizar a los sin techo que se instalen en “ciertos espacios públicos”, considerada inconstitucional por el Tribunal al entender que ponerles una multa o confinarlos es “incompatible con la dignidad humana”. Aprobadas las enmiendas, ahora será legal y constitucional. La ley que obliga a registrarse —y a ser aprobado el registro por el Parlamento— a los credos religiosos para ser considerados como tales, excepto todos los cristianos y judíos, ha seguido el mismo camino, así como la norma que obliga a los universitarios que estudien con beca a trabajar en Hungría después de acabar la carrera durante un tiempo determinado o devolver el importe de la beca. En este caso, el Constitucional se pronunció en contra por cuestiones formales, pero luego se reintrodujo en similares términos e hizo que el Defensor del Pueblo presentara un recurso que aún está pendiente de resolución.

El paquete de cambios no se olvida tampoco de ajustar cuentas con el pasado. En el artículo tercero, se establece la incompatibilidad del sistema democrático con la dictadura comunista y se considera a todos sus órganos y líderes criminales y culpables de una detallada lista de delitos. Pero ahora, con el cambio, “los partidos que se convirtieron en sucesores legales del Partido Socialista de los Trabajadores de Hungría durante la transición comparten la responsabilidad de sus predecesores legales también como los herederos de la riqueza ilegalmente amasada”. Cabe pensar que el actual Partido Socialista, por ejemplo, podría verse afectado por la reforma. Como explica Fleck, “en caso de que hubiera una posible ley que prohíba el Partido Socialista, no habrá ninguna barrera constitucional que lo impida. La responsabilidad política, simbólica, codificada en la Constitución es un paso para legalizar la abolición de la principal alternativa política si es necesario”. El jurista Péter Hack, profesor de la Universidad Eötvös Loránd, también cree que “abre la posibilidad, con base constitucional, para limitar al partido socialista en el futuro”.

Hay otros dos aspectos potencialmente polémicos en las enmiendas. Uno se refiere a la libertad de expresión, que dice que, no podrá violar la dignidad de ningún “grupo étnico, racial o religioso” ni de “la nación húngara”. Habrá que ver en qué se concreta la dignidad de la nación húngara. Hack explica que, aunque "pueda haber una intención positiva de proteger a las minorías, hace que sea casi imposible debatir cosas como el papel del Ejército durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, porque cualquiera podría denunciar a los historiadores si considera que la dignidad de Hungría ha sido dañada". La otra cuestión tiene que ver con la idea de familia, que ahora es más restrictiva, ya que especifica que “el matrimonio y las relaciones entre padres e hijos son las bases de la familia”. De las otras formas de convivencia y de familias, nada se dice. En opinión de Hack, las enmiendas "socavan el Estado de Derecho porque hace imposible el control de los cambios en la Constitución, que debería ser un documento estable".

El presidente del Parlamento Europeo fue el sábado el último, de toda una catarata, en lanzar advertencias hacia Budapest. Martin Schulz pidió explicaciones y sugirió que se aplazara la votación de hoy para que el Consejo de Europa, que vela por el respeto a los derechos humanos, se pronuncie. El viernes por la tarde, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, llamó por teléfono a Orbán para expresarle su preocupación por que los cambios pudieran entrar en colisión con las leyes europeas, a lo que el primer ministro húngaro respondió, por carta, sobre su “total compromiso” con ellas. Incluso el Departamento de Estado de EE UU, a través de su portavoz, Victoria Nulland, considera que las enmiendas “podrían amenazar el principio de independencia institucional y el equilibrio de poderes que distingue a los sistemas democráticos”.

El Gobierno húngaro se ha defendido de las críticas a través de cartas de varios ministros y de sus portavoces, atribuyendo la preocupación por las reformas a “malentendidos y falta de información” y sosteniendo que están “abiertos a la crítica basada en hechos y argumentos”, como explica el ministro de Exteriores, János Martonyi en una misiva de la semana pasada a los Estados miembros. También sostiene que el Constitucional revocó varias de las leyes que ahora se quieren reintroducir por cuestiones “de naturaleza formal y no sustancial”, porque se habían regulado como disposiciones transitorias cuando no lo eran.