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El fiscal general de EE UU asegura que todavía debe protegerse el derecho a voto

Eric Holder defiende la vigencia de la ley federal que protege a los ciudadanos de normativas electorales discriminatorias

Eric Holder durante una ceremonia reciente en Washington.
Eric Holder durante una ceremonia reciente en Washington. AFP

Fue uno de los grandes problemas de las elecciones presidenciales del pasado mes de noviembre. Mientras varios estados de la costa Este habían dado por terminado su recuento, miles de personas aguardaban en Florida para depositar su voto, varias horas después de que se hubiera cumplido el horario de cierre. Aquellas filas de gente rodeando colegios, edificios gubernamentales o cualquier sede oficial reflejaron el desafío al que Estados Unidos se enfrenta en cada convocatoria electoral, aunque quizás con consecuencias más importantes en este 2012.

Hasta once estados, entre los que se encuentra también Florida, aprobaron normativas que dificultaban el ejercicio del derecho a voto al aumentar los requisitos para registrarse como votante, exigir formas de identificación de las que no disponen todos los ciudadanos o por restringir el número de días disponibles para votar. Conocidas como “leyes de supresión de voto”, fueron denunciadas por varias instituciones, incluido el Departamento de Justicia, al considerar que afectaría especialmente a minorías y ciudadanos con menos recursos, y que además votan tradicionalmente al Partido Demócrata.

"Todavía debemos obtener plena garantía de que los estadounidenses tienen derecho a voto igualitario", afirmó este martes el fiscal general, Eric Holder, durante una conferencia este martes en Boston. El fiscal reconoció que el país ha hecho grandes avances en la lucha por los derechos civiles, pero todavía debe trabajar para administrar las citas electorales de manera “más eficiente y justa” y lograr un estándar nacional de normativas.

“Esto significa resolver asuntos como las largas esperas para votar y asegurarnos de que todas las sedes tienen suficientes máquinas para atender a todos los ciudadanos”, aseguró Holder . Cada estado tiene competencias individuales para determinar su propia normativa electoral, algo que está considerado como uno de los principales desafíos para establecer condiciones similares en todo el país tal y como solicita el fiscal.

El Departamento de Justicia se ha querellado en los últimos meses con algunos de los once gobiernos estatales que aprobaron leyes de supresión de voto recientemente, de cara a las elecciones presidenciales. En casos como Tejas, la autoridad judicial invocó la Sección 5 de la Ley de Derecho a Voto de 1965, que permite al Gobierno bloquear el avance de cualquier cambio que haga un estado a su ley electoral si discriminó contra minorías durante la época de la segregación racial. Un tribunal federal acabaría dando la razón al Gobierno de Obama, asegurando que la ley de Tejas imponía “una carga estricta e imperdonable sobre los pobres”, al obligar a los ciudadanos a obtener un nuevo carnet de identificación para votar.

Y esas demandas coincidían al mismo tiempo con una denuncia aceptada recientemente por el Tribunal Supremo -que dictará sentencia al respecto el próximo mes de junio- en la que se alega que la Sección 5 ya no tiene vigencia. “Son estas leyes las que hacen que muchos estemos de acuerdo en que la Sección 5 sigue teniendo un valor esencial para salvaguardar el derecho a voto de millones de personas en todo el país”, afirmó Holder, que en otras ocasiones ha calificado la normativa como “el estatuto por los derechos civiles más importante de nuestra nación”.

“Debemos reconocer que si damos acceso a los votantes al colegio electoral durante más días y durante más horas, podrán emitir su voto sin interferir con sus obligaciones laborales o familiares”, afirmó el fiscal general. Cada ciclo electoral, muchos cuestionan por qué se convocan las elecciones en martes, en un día laborable, y no en fin de semana, como en muchas otras democracias occidentales. Pero esta es la primera ocasión -después de que Obama reconociera la necesidad de mejorar el sistema después de las elecciones- en la que Holder se pronuncia al respecto. El comité judicial del Senado celebrará la próxima semana una audiencia para determinar “el estado del derecho a voto” en el país.

A pesar de que varios de los gobiernos republicanos que aprobaron este tipo de leyes argumentaron que su intención era luchar contra el fraude electoral -causado por personas que votan sin registrarse o que emiten más de un voto-, después fueron incapaces de demostrar ante los tribunales que hubieran registrado casos significativos de fraude. El presidente del Partido Republicano de Florida, Jim Greer, admitió en una entrevista a un diario local que era todo “una estrategia de marketing”. “Nunca se me ha comunicado que tuviéramos un problema de fraude. Los estrategas, los consultores, el Partido Republicano cree firmemente que el voto por adelantado perjudica a sus candidatos”, dijo Greer. “Esto se hace por una única razón”.

El aumento del voto por anticipado entre las minorías afroamericanas, que batió récords en la convocatoria electoral de 2008 y que ha sido juzgado como uno de los factores que impulsó la victoria de Obama, habría justificado la aprobación de muchas de estas normativas. Según una investigación del Centro Brennan for Justice de la Universidad de Nueva York, las entrada en vigor de las leyes de supresión de voto, de no haber sido bloqueadas o retrasadas por los tribunales, podrían haber afectado a unos 5 millones de electores.

El fiscal general mencionó un estudio reciente en el que el 90% de los participantes en las últimas elecciones mostraron su apoyo a la creación de normas que regulen las elecciones a nivel nacional. “Es importante que nuestros líderes, expertos y ciudadanos se impliquen en una conversación seria y honesta sobre cómo fortalecer nuestros sistemas electorales y hacerlos más accesibles”, concluyó.