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La letra pequeña del acuerdo arroja dudas sobre el éxito de España

La falta de concreción en el acuerdo invita a dejar en suspenso una respuesta definitiva

La primera ministra danesa, Helle Thorning Schmidt, el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso.
La primera ministra danesa, Helle Thorning Schmidt, el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso. EFE

Los líderes europeos se esforzaron la madrugada del viernes en tejer una colcha que abrigue a los que estaban a punto de morir congelados, pero sin destapar a los que duermen razonablemente calientes. En este juego de equilibrios, el flanco sur —España e Italia— echó un órdago a Alemania para arrancarle soluciones a sus acuciantes problemas de deuda. ¿Lo ganaron? Parece que sí, pero la falta de concreción invita a dejar en suspenso una respuesta definitiva.

Además de los 120.000 millones para estimular el crecimiento —plan que paradójicamente estuvieron a punto de bloquear los países beneficiarios para presionar a una Angela Merkel que se ha hecho mundialmente famosa por defender justamente las políticas contrarias—, el Consejo del jueves y viernes deja tres medidas que pretenden aliviar las tensiones de los mercados a cortísimo plazo.

Recapitalización directa de la banca. Esta era la principal reivindicación de Mariano Rajoy, que parecía prácticamente descartada tras la rotunda oposición de la canciller alemana. Tras horas de acalorada discusión, los líderes de la zona euro permitieron que el rescate a la banca española pueda inyectarse directamente en las entidades con problemas sin pasar por el Estado. El objetivo es acabar con la dinámica infernal de contagio entre deuda soberana y privada.

Pero Merkel se guardó un importantísimo as en la manga: recapitalización directa sí, pero solo cuando haya una supervisión bancaria única liderada por el BCE. Los críticos consideran que Alemania logra así posponer una decisión sine die. Italia apunta que podría tardar años.

Los detalles no están claros, pero tanto en el Consejo europeo como en el Gobierno español creen que la medida tendrá efectos retroactivos. Así, las cantidades que Europa inyecte en el Gobierno español para que este lo destine a los bancos aumentarán la deuda pública. Pero cuando entre en vigor el supervisor único y se permita la capitalización directa, este dinero se dejaría de computar como deuda del Estado y pasaría a convertirse en un préstamo del BCE a cada entidad.

Compra de bonos por parte del Fondo de Rescate. El primer ministro italiano, Mario Monti, insistía en cortar el contagio de los mercados facilitando la posibilidad de que el fondo de rescate (ya sea el actual FEEF o el permanente MEDE) comprara deuda en el mercado secundario sin imponer condicionalidad. Este es el avance más dudoso, porque aunque el comunicado asegura que se flexibiliza este mecanismo, tanto el presidente del Consejo, Herman Van Rompuy, como la propia Merkel han insistido en que esta ayuda implicará una condicionalidad estricta. Monti y Rajoy, temerosos del estigma que podría suponer para financiarse en el mercado, han anunciado que no van solicitar esta ayuda. Fuentes españolas no descartan, a pesar del anatema que supone en Alemania, que el BCE reactive la próxima semana su programa de compra de bonos, algo que los analistas ven poco probable.

El MEDE ya no será el primero en cobrar. Este es el único aspecto que queda meridianamente claro: el mecanismo de rescate permanente perderá la condición de acreedor preferente en caso de impago. Este requisito impuesto por Alemania había ahuyentado a los inversores asustados ante la posibilidad de quedarse los últimos en la cola a la hora de cobrar.

La cumbre deja buenas noticias para España, aunque la condicionalidad de la que hablan Merkel y Van Rompuy amenaza con afectar a los de siempre. El Gobierno va a sentir en su nuca aún más cerca el aliento de Bruselas y del FMI, que le reclama medidas como subir el IVA, bajar sueldos a los funcionarios, retirar la desgravación por compra de vivienda… Es decir, más recortes a cambio de ayudas a la banca.

El Gobierno espera tener listo en septiembre un análisis pormenorizado para conocer las necesidades de capital de cada entidad. A partir de entonces, los bancos tendrán 15 días para informar de sus planes de reestructuración. Y el Ejecutivo cree que tardará seis meses más en poner en marcha todo el proceso. Por ello cree posible que cuando solicite la ayuda ya esté en vigor el mecanismo de recapitalización directa. Es muy probable que los planes del equipo de Rajoy choquen con las prisas de Bruselas —y sobre todo Berlín— impacientes por que España concrete cuanto antes el dinero que necesita, para solucionar de una vez por todas el agujero en su sistema financiero.

 

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