El Supremo admite el recurso de Obama contra la ley de inmigración de Arizona

El fallo afectará a las normas que criminalizan a los ‘sin papeles’ en varios Estados

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra la ley de inmigración de Arizona, aprobada en abril de 2010, que se ha convertido en la primera de una serie de normas estatales que criminalizan a los sin papeles. Entre otras medidas, la legislación de Arizona otorgaba a la policía estatal autoridad para comprobar la situación migratoria de cualquier persona “sospechosa de estar indocumentada”, algo que antes solo podían hacer exclusivamente los agentes de inmigración. También obligaba a todos los extranjeros a portar su documentación en todo momento y establecía como delito el mero hecho de que los sin papeles solicitaran trabajo.

La restrictiva legislación migratoria de Arizona ha sido secundada por los Estados de Utah, Colorado, Carolina del Sur y Alabama. En este último se ha aplicado la normativa más rigurosa, ya que obliga a las autoridades a comprobar el permiso de residencia de los estudiantes de las escuelas públicas, así como el de sus progenitores.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra la ley de inmigración de Arizona, aprobada en abril de 2010, que se ha convertido en la primera de una serie de normas estatales que criminalizan a los sin papeles. Entre otras medidas, la legislación de Arizona otorgaba a la policía estatal autoridad para comprobar la situación migratoria de cualquier persona “sospechosa de estar indocumentada”, algo que antes solo podían hacer exclusivamente los agentes de inmigración. También obligaba a todos los extranjeros a portar su documentación en todo momento y establecía como delito el mero hecho de que los sin papeles solicitaran trabajo.

La restrictiva legislación migratoria de Arizona ha sido secundada por los Estados de Utah, Colorado, Carolina del Sur y Alabama. En este último se ha aplicado la normativa más rigurosa, ya que obliga a las autoridades a comprobar el permiso de residencia de los estudiantes de las escuelas públicas, así como el de sus progenitores.

La Administración del presidente Barack Obama se ha opuesto a todas y cada una de estas leyes estatales. El Departamento de Justicia presentó un recurso contra la ley de Arizona por considerarla ilegal, ya que la Constitución establece que el Congreso es el único órgano competente en materia de inmigración. Tres tribunales federales le han dado la razón —el último, el pasado mes de abril—, al bloquear los apartados más polémicos de la normativa, por lo que Arizona decidió plantear una última apelación ante el Supremo.

El alto Tribunal tiene previsto emitir su resolución en junio de 2012, en plena campaña electoral para la reelección de Obama. El fallo afectará a todas las normativas estatales sobre inmigración en los dos últimos años. Los jueces del Supremo también tienen que decidir sobre la constitucionalidad de la reforma sanitaria y sobre el reparto de los distritos electorales en Tejas, que puede beneficiar al Partido Demócrata en los comicios.

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Promesas de reforma de Obama

Diversos estados norteamericanos han tomado la iniciativa contra la inmigración ilegal ante los fallos del sistema y la falta de acción del Gobierno federal. Obama, que prometió acometer la reforma migratoria durante su campaña por la presidencia en 2008, defiende un cambio en el sistema a nivel nacional, y no una colección de parches que intenten solucionar el problema estado por estado. Gobernadores como Brewer en Arizona y Robert Bentley en Alabama alegan que sufren las consecuencias de la inmigración ilegal de manera desproporcionada y no pueden esperar a que el Congreso se ponga de acuerdo.

Obama invirtió sus dos primeros años en la Casa Blanca en dos grandes reformas, la del sistema financiero y el sanitario, con un importante desgaste político. A mitad de mandato, la nueva ley de inmigración perdió sus pocas opciones de avanzar cuando las elecciones legislativas de 2010 dieron el liderazgo en la Cámara de Representantes al Partido Republicano. Con aquella victoria llegó un bloqueo legislativo que impide siquiera abrir el debate en el Congreso. El Partido Republicano reitera que no abordará una eventual reforma del sistema migratorio hasta que el Gobierno haya garantizado la seguridad en la frontera con México.

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