Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

El Supremo de EE UU valorará la validez de la reforma sanitaria de Obama

La Casa Blanca pide al máximo Tribunal que admita a trámite las cuatro apelaciones contra la ley que se han abierto paso

El presidente de los EE UU, Barack Obama, pronuncia un discurso en el instituto de secundaria Benjamin Banneker de Washington D.C
El presidente de los EE UU, Barack Obama, pronuncia un discurso en el instituto de secundaria Benjamin Banneker de Washington D.C EFE

La ley de reforma sanitaria, que el Gobierno del presidente Barack Obama considera uno de sus mayores logros hasta la fecha, se enfrentará en unos meses a un escrutinio judicial definitivo: el del Tribunal Supremo federal, la mayor instancia en materia de leyes del país. La Casa Blanca pidió ayer que el Supremo admita a trámite las cuatro apelaciones contra la ley que se han abierto paso a través de cuatro distritos judiciales. Si este acepta, algo que ocurrirá con toda probabilidad, tendrá un veredicto antes de julio de 2012, coincidiendo con el arranque de la campaña electoral de cara a los comicios presidenciales de noviembre.

Tanto la Casa Blanca como los detractores que han llevado la ley a juicio coinciden en que quieren una pronta resolución del caso por parte del Supremo. Los últimos, porque consideran que puede dañar las posibilidades de reelección de Obama el año que viene. El Gobierno, porque los electores verían como un signo de inseguridad el que demorara el proceso hasta 2013, ya pasadas las elecciones. Finalmente, y tras la petición de la Casa Blanca, el veredicto del Supremo llegará en temporada de primarias, y será un factor determinante en las elecciones del año que viene.

De momento, tres juzgados de apelaciones al nivel federal se han pronunciado sobre la ley que entró en vigor en 2010. Dos, en Ohio y Virginia, han fallado a favor de ella y del Gobierno. Un tercero, en Georgia, ha decidido en contra de la que es la medida más polémica en la ley: la obligatoriedad de todos los norteamericanos de tener seguro médico. Según la norma, los que no tengan póliza de seguros se enfrentan a multas y otras penalizaciones económicas. Hay una cuarta apelación, en el distrito de la capital federal, sobre la cual los jueces aun no han llegado a una conclusión.

“Hemos defendido esta ley de forma continuada y exitosa en diversas cortes de apelaciones, y solo el Circuito de Apelaciones número 11 la ha declarado inconstitucional”, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado emitido el miércoles por la noche. “Creemos que es un asunto adecuado para la consideración del Tribunal Supremo. A lo largo de la historia hemos visto desafíos similares contra decisiones históricas como la Ley de Seguridad Social, la Ley de Derechos Civiles o la Ley de Derecho al voto, y todos aquellos desafíos erraron. Creemos que los desafíos a la Ley de Sanidad Asequible -incluido el del Circuito número 11- también errarán y que el Tribunal Supremo mantendrá la validez de la ley”.

La reforma sanitaria ha ampliado la cobertura médica en el país. Hoy hay 32 millones de personas más con seguro médico que hace dos años.

Si el Supremo acepta los recursos, algo que ocurrirá con toda probabilidad, tendrá un veredicto antes de julio de 2012, coincidiendo con el arranque de la campaña electoral

Además, se ha ampliado notablemente la cobertura de enfermedades. Hace años, si un paciente sufría una enfermedad primero y contrataba una póliza posteriormente, la compañía aseguradora podía negarse a pagar las facturas médicas provocadas por esa dolencia. Numerosas familias se vieron obligadas a declararse en quiebra por enfermedades con tratamientos costosos, como el cáncer. Como contrapartida, los precios de las pólizas han aumentado un 9% desde el año pasado.

Junto con la Casa Blanca, dos demandantes opuestos a ella pidieron el miércoles al Supremo que admita a trámite la reforma sanitaria. Uno de ellos es una agrupación de gobiernos de 26 de los 50 Estados de la Unión. El otro es una patronal, la Federación Nacional de Negocios Independientes. Ambos mantienen que el llamado mandato individual, la obligatoriedad de los individuos de adquirir póliza de seguro, atenta contra las libertades constitucionales.