Una larga lista de deberes urgentes para el nuevo Gobierno portugués

El próximo Gobierno portugués que encabezará el conservador Pedro Passos Coelho, claro vencedor de las elecciones de ayer, no tendrá tiempo de sentarse. De aquí a finales de julio estará obligado a adoptar una veintena de medidas del programa de austeridad impuesto por la llamada troika de la Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Central Europeo (BCE). Para aquella fecha tendrá la primera evaluación internacional del cumplimiento del plan de ajuste firmado por los tres principales partidos portugueses, a cambio del rescate financiero de 78.000 millones de euros.

La urgencia de la puesta en marcha de las medidas exigirá un traspaso de poderes rápido del Gobierno en funciones del socialista José Sócrates al líder del Partido Social Demócrata (PSD). En un mes, los nuevos gobernantes tendrán que poner las bases del recorte del subsidio de desempleo y de las indemnizaciones en caso de despido, de las pensiones superiores a 1.500 euros mensuales, el aumento del IVA y las reformas para rebajar el peso del Estado, que incluyen un significativo tijeretazo a la Administración central, municipal y regional, incluidas las empresas públicas.

Asimismo, a finales de julio el Gobierno también tendrá que haber reformulado los estatutos de las empresas en las que el Estado mantiene derechos especiales (la llamada acción de oro). Es el caso de Portugal Telecom (PT), la eléctrica EDP y la petrolera Galp. El Gobierno mantiene una disputa jurídica con la Comisión Europea, que exige el fin de las acciones de oro del Estado en PT y que le permite ejercer el derecho de veto en la toma de decisiones trascendentales, como ocurrió en julio pasado con la operación de venta a Telefónica de la operadora brasileña de telefonía móvil Vivo.

El nuevo Gobierno de Passos Coelho está obligado a encontrar antes de que termine julio comprador para el Banco Portugués de Negócios (BPM), nacionalizado por el Ejecutivo de Sócrates ante el riesgo de colapso de la institución por un gigantesco agujero financiero. Los deberes impuestos por la troika incluyen también un nuevo régimen de arbitraje fiscal, la reducción de la contribución empresarial a la tasa social única, un listado detallado de los pagos pendientes de los organismos públicos hasta finales de junio, el comienzo de la reevaluación del mercado inmobiliario y la relación de las diez empresas del llamado sector empresarial del Estado que suponen una mayor amenaza para los presupuestos generales.