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Desestimados los cargos contra los acusados de Blackwater

Un juez federal de EE UU decreta que violaron sus derechos al usar sus declaraciones.- El Gobierno de Al Maliki expresa su "decepción"

Todos los cargos contra los cinco guardas de seguridad de la compañía Blackwater acusados de matar a 17 civiles iraquíes en septiembre de 2007 en Bagdad han quedado desestimados después de que un juez federal estadounidense considerase que sus derechos habían sido violados. Según la argumentación del magistrado -que ocupa más de 90 páginas-, el Departamento de Justicia de EEUU construyó su caso contra los mercenarios con testimonios que éstos dieron poco después de cometerse la masacre para acelerar la investigación pero bajo la condición de que no serían usados contra ellos en el futuro. En opinión del juez Ricardo Urbina, esa inmunidad ha sido rota y los derechos de los acusados conculcados.

La decisión supone un duro revés para el Departamento de Justicia estadounidense y deja a la masacre de la plaza de Nisour sin responsables, sólo con víctimas. Bagdad ha lamentado la decisión y ha anunciado que insistirá en que los culpables sean juzgados. "El Gobierno iraquí seguirá los procedimientos de rigor para poder enjuiciar a los responsables de la empresa mencionada y preservar los derechos de los ciudadanos iraquíes afectados y sus familias", ha afirmado el portavoz del Gobierno iraquí, Ali al Dabagh, según informa Efe. El fallo del juez Urbina no especula sobre si el tiroteo estuvo o no justificado, sólo se limita a señalar que la Administración usó la información que disponía de forma inapropiada a la hora de argumentar su caso.

Los servicios de los mercenarios de Blackwater los pagaba el Gobierno de EEUU y se utilizaban en Irak para proteger a los diplomáticos nortemaericanos destinados en aquel país. Tras el tiroteo de septiembre de 2007, las autoridades iraquíes expulsaron a la compañía de seguridad del país y se forzó un lavado de cara y restructuración de Blackwater, con sede en Carolina del Norte y que hoy ha pasado a llamarse Xe Services. "Estamos decepcionados con la decisión", dijo ayer el portavoz del departamento de Justicia, Dean Boyd. "Estamos revisando la argumentación y considerando las opciones que tenemos".

El 16 de septiembre de 2007, las 'armas de alquiler' que eran los mercenarios de Blackwater protegían un convoy de diplomáticos que, según su opinión, creyeron que iba a ser atacado por la insurgencia cuando entraba en una concurrida plaza de Bagdad. Inmediatamente abrieron fuego con armas de asalto, un rifle de francotirador e incluso un lanzagranadas, acabando con la vida de 17 civiles desarmados que transitaban por el lugar, a pie o en coche.

El incidente hizo crecer aún más el sentimiento antiamericano que se vivía en Irak y planteó dudas sobre la soberanía iraquí, ya que quedó claro que los agentes de Blackwater estaban al margen de la ley y tenían la inmunidad garantizada. También reabrió el debate sobre la excesiva dependencia que el Ejército de EEUU tenía de las compañías de seguridad privada en la guerra de Irak.

Los cinco acusados -Paul Slough, Nicholas Slatten, Evan Liberty, Dustin Heard y Donald Ball, todos ex miembros del Ejército de EEUU- fueron acusados de homicidio voluntario e infracción en el uso de armas por la muerte de 14 civiles y las heridas que sufrieron más de 20 personas. Tan sólo uno de los participantes en aquel incidente -Jeremy P. Ridgeway- se ha declarado culpable. La única salida que existe ahora para este caso es que Ridgeway testifique en contra de sus compañeros de armas.