Las mujeres, víctimas laborales en Guatemala
Varias ONG denuncian los abusos y la fragilidad del empleo femenino
Unos 90.000 trabajadores del sector de la maquila (ensamblaje textil) en Guatemala, el 80% mujeres, han perdido sus empleos en lo que va de año, denunciaron el jueves ocho colectivos femeninos. Los desempleados quedan en el más absoluto desamparo, porque la mayoría de estas empresas burlan las leyes sin que el Estado tome cartas en el asunto. Ante esa realidad, organizaciones de mujeres trabajadoras han realizado esta semana unas jornadas de reflexión encaminadas a encontrar mecanismos para alcanzar condiciones laborales ajustadas a la normativa internacional, que garantiza un trabajo decente y un salario digno.
Tres son las fuentes mayoritarias de trabajo para la mujer guatemalteca: la industria maquiladora de prendas de vestir, el trabajo doméstico y la agroindustria. En los tres sectores se violan los derechos laborales, lo que las afectadas atribuyen, como causa última, a la nula inversión en capital humano. Guatemala, de acuerdo con estadísticas de organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina (Cepal), tiene los niveles más bajos de escolaridad de Centroamérica, con un promedio de seis años en la población económicamente activa.
Pero, según la denuncia, el caso más dramático ocurre en las empresas maquiladoras, donde se imponen objetivos que obligan a los trabajadores a jornadas de 12 y 14 horas, sin que se les reconozca pago alguno por el tiempo extraordinario.
En las maquilas, según detalla una Agenda Económica y Laboral preparada por colectivos feministas, "los empleadores no cumplen con las normas y medidas de salud ocupacional, seguridad e higiene". También denuncian que son víctimas de "abuso, acoso y hostigamiento sexual", con "malos tratos, golpes y gritos", y se llega al extremo de obligar a las trabajadoras "a ingerir sustancias estimulantes, para hacerles superar el cansancio por el sobreesfuerzo al que son sometidas".
"Los empresarios del sector de la maquila han encontrado la forma de burlar las leyes por medio de una doble contabilidad. Dan unos datos al seguro social con respecto al número de empleados y otros distintos a Hacienda", explicó a EL PAÍS María Eugenia Díaz, coordinadora del programa de Derechos de la Mujer del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh). El descaro llega, en algunos casos, al extremo de no abonar las cuotas del seguro social que descuentan a los empleados,
"Hemos documentado casos de trabajadores que, cuando han necesitado hacer uso de la atención médica, tienen que superar una serie de trabas impuestas por los patronos, como negarse a extenderles el certificado de trabajo. Cuando por fin lo consiguen, se encuentran con que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social no los atiende, porque en sus archivos no consta que hayan pagado sus cuotas, aun cuando se les han descontado puntualmente", explica.
Díaz comenta que un 90% de los productos de exportación de Guatemala llevan el sello del sudor y las lágrimas de mujeres y niños de 10 y 11 años sobreexplotados. Los menores, aparte de no tener acceso al seguro social, porque su contratación es ilegal, "sólo cobran entre el 50% y el 60% del salario establecido para cada actividad".
La industria de la maquila, en un afán de estimular la inversión extranjera, goza en Guatemala de 10 años libres de algunos impuestos, en teoría para dejar en el país una infraestructura industrial instalada que, a partir del décimo año, funcione normalmente. Sin embargo, cuando el plazo está por vencer cierran las operaciones, dejan a los trabajadores en la calle y abren con otra razón social y nuevo personal, comenta Díaz, que denuncia la inoperancia del Ministerio de Trabajo.
"La ley se burla impunemente. El mecanismo más usual es que la empresa cierra sus operaciones de la noche a la mañana, sin cancelar [abonar] a sus operarios las prestaciones que la ley contempla. En muchos casos, sólo cumplen con pagar a sus obreros después de largas disputas laborales", subraya la activista, quien recuerda una frase de Mario López Larrave, uno de los más célebres laboralistas guatemaltecos, asesinado durante la represión militar de los años setenta del siglo pasado: "En Guatemala primero llega el hambre y después asoma la justicia".
