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Nueve policías muertos y siete desaparecidos en Perú

Un proyecto de ley enfrenta a las fuerzas de seguridad con los nativos en la Amazonia. Ayer fueron secuestrados 38 policías

Tras casi dos meses de tensión, la sangre ha llegado al río en el enfrentamiento entre el Gobierno peruano y las comunidades indígenas de la selva amazónica. Según las autoridades estatales, al menos 20 personas han muerto desde el viernes en los enfrentamientos entre los nativos y la policía, que intentaba romper los bloqueos en las carreteras y oleoductos que estaban asfixiando a varias ciudades de la selva peruana.

Este viernes, un grupo de manifestantes secuestró a 38 agentes de policía y 20 civiles que custodiaban una estación de bombeo de petróleo en Imazita (Bagua, noret de Perú). Según ha confirmado el ministro de Defensa peruano, Antero Flores Aráoz, nueve de los agentes han muerto y siete están desaparecidos, mientras que otros 22 han podido ser liberados y se encuentran a salvo en un cuartel militar de la zona.

El Gobierno asegura que hay solamente tres civiles fallecidos en el transcurso de los enfrentamientos de ayer en Bagua, aunque el Colegio Médico de Chachapoyas, capital del departamento de Amazonas, elevan la cifra a 25.

Los peores enfrentamientos del viernes ocurrieron cerca de la localidad de Bagua Chica, a unos 700 kilómetros al norte de Lima. Un helicóptero de la policía recibió impactos de bala, pese a que los indígenas aseguran no tener armas de fuego.

Unos 5.000 indígenas de más de 60 tribus peruanas, aglutinados en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), protestan desde hace 58 días por unas normas legales que, consideran, afectan a su derecho a las tierras que ocupan desde tiempos ancestrales; y que el Gobierno aprobó, en gran medida, para adecuarse a las condiciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Ellos temen que los decretos abran la puerta a una descontrolada inversión privada. Desde entonces han bloqueado carreteras, vías fluviales, y han obstaculizado las operaciones petroleras y gasíferas de la región, lo que ha causado que varias ciudades sufran desabastecimiento de alimentos y, en los últimos días, cortes de energía.

El levantamiento llevó al Congreso a revisar el contenido de los decretos legislativos, pero el jueves decidió postergar el debate acerca de la ley forestal, que los nativos consideran inconstitucional. La Defensoría del Pueblo apoya el reclamo y ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, para que se pronuncie sobre esta ley.

El presidente de Aidesep, Alberto Pizango, denunció que se está cometiendo "un genocidio" contra los indígenas y responsabilizó al presidente Alan García. "Nos están metiendo bala como si fuéramos delincuentes o animales", declaró. Por su parte, el Gobierno ha responsabilizado a Pizango de los hechos. El dirigente de los nativos se enfrenta a denuncias por sedición. "Ha caído a un nivel delincuencial", comentó Alan García, quien lamentó las muertes y señaló que las protestas podrían estar dirigidas por intereses extranjeros.