Primera obligación

La facilidad con la que los partidos políticos españoles —y en estos días, específicamente, los partidos catalanes— proclaman en periodo electoral que no llegarán de ninguna forma a pactos ni acuerdos con otras fuerzas políticas es chocante e irritante. Es desagradable ver cómo portavoces cualificados de esos partidos y los propios candidatos anuncian a bombo y platillo, muy ufanos, que no piensan cumplir con su papel constitucional y estatutario. Porque está claro que la primera obligación del poder legislativo, estatal o autonómico, y una de las más importantes, es alumbrar un poder ejecutivo (Gobierno). Renunciar de entrada a esa obligación, negándose a posibles acuerdos para lograr la mayoría necesaria para formar un Gobierno, es una característica relativamente reciente de la política española. Durante décadas ni el PSOE ni el PP se presentaron en las convocatorias electorales anunciando que no negociarían con las formaciones políticas (PNV y CiU, fundamentalmente) que en su momento podían ayudar a formar mayorías. Tampoco esas dos formaciones nacionalistas acudían a las correspondientes elecciones autonómicas juramentadas para no llegar a acuerdos con ninguna otra fuerza.

Solo desde época reciente se produce la desconcertante circunstancia de que partidos políticos que acuden a unas elecciones lo hagan considerando posible y normal que esas elecciones no valgan para nada, porque no se logre formar una mayoría de gobierno, y sea necesario convocar a los ciudadanos nuevamente a las urnas. Es probablemente una de las “normalizaciones” más extrañas de la política española. No es en absoluto normal en una democracia que no se puedan alcanzar pactos o acuerdos con fuerzas políticas que se presentaron a las urnas con programas que no se parecían, con características y cualidades muy diversas. No es en absoluto normal optar por nuevas y sucesivas convocatorias electorales, como si el voto de los ciudadanos no tuviera valor legal. Sin embargo, entre 2015 y 2019 se celebraron en España cuatro elecciones generales y un Gobierno en funciones, presidido por Mariano Rajoy, duró nada menos que 315 días. Y en Cataluña, en la misma época, ha habido cuatro presidentes de la Generalitat distintos: Artur Mas, Carles Puigdemont, Joaquim Torra y Pere Aragonès.

Ante una convocatoria electoral, lo lógico sería que las fuerzas políticas se limitaran a explicar a los ciudadanos su programa y, en todo caso, uno o dos elementos que consideren incompatibles con sus propuestas. Es decir, puede ser razonable que, ante las elecciones catalanas de este domingo, el PSC mantenga que no está dispuesto a pactar la celebración de un referéndum de independencia o que, en sentido contrario, otro partido asegure que no llegará a ningún pacto que no incluya la celebración de ese referéndum dentro de los cuatro años de la nueva legislatura. Lo que no tiene sentido, ni en el PSC, ni en ERC, ni en ninguna de las otras formaciones que se presentan a estas elecciones, es que se anuncie que no se pactará con tal o cual partido, así, en términos globales, por la pura sigla, y no en relación con alguno de los puntos de sus respectivos programas que se considere inasumible.

El principal riesgo de esta renuncia previa al pacto es, sin duda, la posibilidad de que la Generalitat continúe bloqueada, como lo está desde hace casi cuatro años, incumpliendo otra obligación constitucional: la que exige a los ejecutivos que gobiernen. Es posible que a los grupos independentistas no les agobie la posibilidad de prolongar la parálisis, desde el mismo momento en que creen que la Generalitat es una emanación del pueblo catalán (entendido, claro está, como pueblo sólo a quienes son independentistas). Así que, mientras no tengan mayoría, la Generalitat, para ellos, no exige ni gestión ni poner en marcha planes de futuro. La realidad es que la Generalitat es una institución del Estado democrático español y que los ciudadanos que viven en Cataluña, tengan los apellidos que tengan, necesitan que funcione y que actúe con rapidez para hacer frente no sólo a los efectos sanitarios de la pandemia, sino también a sus duras consecuencias económicas y sociales.