Es hora de edificar con (buen) propósito

Urge la apuesta por construcciones que cumplan con los estándares medioambientales, de sociedad y gobernanza

Digital Vision Vectors (GETTY IMAGES)

12 feb 2023 - 06:00CET

La rentabilidad de las infraestructuras ha dejado de medirse solo en términos monetarios. Los criterios ESG (medio ambiente, sociedad y gobernanza, por sus siglas en inglés; en español, ASG) sirven para que las inversiones financieras se evalúen por esos tres aspectos. Es una evolución natural de la responsabilidad social corporativa (RSC) junto a directivas y marcos como el Pacto Verde. Sin embargo, aún no existen indicadores homogéneos para auditar ni la parte social ni la de buen gobierno. La ambiental está más aterrizada.

“Aún se está generando un consenso global de cómo medimos con indicadores; necesitamos más homogeneidad, datos más robustos, fiables, que muestren cómo harás para cambiar tu impacto”, confirma Alberto Castilla Vida, socio de sostenibilidad en EY. Más que por el convencimiento de que se precisa una economía regenerativa, el mundo financiero se está dando prisa por el coste que tendrá no cambiar.

“Analistas e inversores hacen preguntas de una sofisticación que jamás imaginé hace cinco años”, afirma Valentín Alfaya, director de sostenibilidad de Ferrovial. “Para cumplir con los ODS, las infraestructuras necesitan inversiones millonarias y existe un apetito ansioso por encontrar infraestructuras verdes para invertir”. Pero subraya que la economía “no tiene suficiente velocidad” para poder absorberlo, por lo que pide al sector acelerar. “Quien no se haya puesto las pilas” va tarde.

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) asegura que “desde el marco normativo se está incentivando transformar los modelos de negocio y fomentando el escrutinio de todas las partes interesadas”, y esperan una “transformación global y sistémica del sector”. Se trata de un ámbito atractivo para las inversiones porque, como destaca el especialista en RSC Joaquín Garralda, profesor en IE, “son entornos estables, prudentes y muy regulados, y atractivos porque la carrera por la descarbonización pide cambios y nuevas infraestructuras”.

Garralda recuerda que en la lista anual de riesgos del World Economic Forum, los climáticos ocupan ya los primeros puestos. “Todas las compañías están preocupadas por las multas y por su reputación, pero no vale con que digan lo que hacen o van a hacer; ESG habla de los riesgos, no de las buenas prácticas, y eso debe estar bien medido y ser creíble”.

Urge ir más allá de la sostenibilidad, la parte más auditada. Recuerda el coordinador del Observatorio de RSC, Orencio Vázquez, que “por presiones ambientales el sector ha avanzado, pero hay corrupción y se vulneran los derechos humanos”. No siempre desde la empresa matriz, a veces a través de intermediarios que participan en una infraestructura.

Estas malas prácticas pueden desencadenar crisis y denuncias. “Se han visto casos flagrantes con la construcción de presas, vías de tren, construcciones que obligan a poblaciones a dejar sus casas, ataques a la biodiversidad. Las empresas deciden si son el actor necesario o renuncian a contratos”. Hay problemas también de buen gobierno, cuyos indicadores de medición “están aún en borrador”, destaca Bruno Sauer, presidente de GBCe. Como recuerda Beatriz Fernández, presidenta de Economistas sin Fronteras, “es un sector poco transparente, sensible a las presiones, a la influencia política. Las empresas deben adoptar códigos anticorrupción y sistemas de control rotundos”.

La digitalización parece estar llamada a resolver parte del problema, al permitir un mejor seguimiento de la infraestructura en un sector que suspende en “visibilidad y transparencia”, resume Francesc Juan, CTO de Schneider Electric. Tampoco ayuda que el análisis de ciclo de vida (ACV) de las infraestructuras no esté aterrizado. Juan pone como ejemplo un aeropuerto: “Con un ACV muy complejo, las plataformas digitales como BIM pueden ayudar a saber cuánto emite desde su construcción hasta la operación y si es neutro en carbono”.

Ingreen es especialista de referencia en BIM (building information modeling, según sus siglas en inglés), “una herramienta transformadora, de transparencia, para quien quiera aplicarla”, define Álex Gárate, director de Ingreen. “Obliga a que los recursos se usen donde se tienen que usar; que el sistema sea trazable, coherente, eficiente y sostenible. Pero tiene que existir ese propósito”, resume Gárate. En su opinión, “estamos muy lejos de que las actuaciones sean realmente ESG”. “Tú puedes decir que una obra cumple los criterios, pero no hay un pensamiento sistémico integral que se pregunte cómo conseguir que todas mis actuaciones lo sean”, resume.

Reticencias al cambio

De todas las infraestructuras, “las de mayor complejidad son las de transporte”, recuerda Ignacio Alcalde Marcos, urbanista especializado en territorios inteligentes. Llama a concienciar al sector de que “contemplen en las mediciones que estamos en un momento crítico y se deben de hacer equilibrios para no seguir extrayendo infinitamente y para no generar más desigualdad”. Pero ese cambio de paradigma aún no ha calado. El socio de sostenibilidad en EY confirma que “hay reticencias”. “Se trata de cambiar valor por valores, y el discurso que vas a encontrar es que ‘esto es una empresa, no una oenegé’. Y las infraestructuras deben estar vinculadas al bien común porque eso afecta a la caja futura y sobre ello te van a preguntar los inversores”.

Castilla pide especialización; métricas de sector para medir el impacto y hablar de economía regenerativa. Acciona refuerza el discurso. Elena Méndez, responsable de sostenibilidad en la división de infraestructuras, pide “revertir el deterioro ambiental y el desequilibrio social con procedimientos de control”. La voluntariedad o “adelantarse a la regulación con marcos voluntarios genera ventajas competitivas”, subraya el portavoz de Ferrovial.

Y aunque considera “crítico profundizar” y trabajar en herramientas y algoritmos propios, llama la atención sobre el riesgo de que se “dispersen” las fuerzas si empiezan a surgir certificaciones y etiquetas para medir las tres verticales del ESG. “Lo que más certidumbre dará es lo que sea más estable y comprensivo, que ahora mismo es la taxonomía de la UE”, explica.

La taxonomía es, en su tarea de vincular al sector financiero con los ODS, uno de los pocos marcos comunes, porque aún queda para lograr un consenso global sobre indicadores que midan ESG. Hay prisa. Por las oportunidades, por la liquidez… Y, sobre todo, por el momento crítico que vive el planeta. ¿Serán las empresas capaces de reorientar sus modelos de negocio creyéndose la necesidad de un cambio real?

¿Verde para quién?

Una de las áreas donde más inversión ha de hacerse es en las renovables. Pero la urgencia tiene un coste. “La rapidez hace que se incurra en malas prácticas. En algunos casos, cercanas a la corrupción”, explica Cristina Monge, asesora ejecutiva en ECODES, que exige que las infraestructuras verdes tengan “licencia social”, un acuerdo con el territorio. “Cuando vas con prisas, planificas mal y se producen errores y tensiones”, remarca Alfaya, quien, haciendo suyo el lema de la plataforma vecinal Renovables sí, pero así no, resume así la receta: “Haríamos bien en escuchar a la ciencia”.

Pliegos más exigentes

Cada vez son mayores los requisitos de ESG incluidos en ofertas de la Administración. El coordinador del Observatorio de RSC incide en la necesidad de exigir que “las empresas que dañan a la sociedad, medioambiente y gobernanza no tengan contrato público alguno”. Pero empiezan a verse cambios en los pliegos. Fernando Vizoso, socio de KPMG aplaude el ejemplo de la Estación de Chamartín, concurso para el que Adif “ha alineado la propuesta de los ESG en todas las dimensiones”.