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Dependiendo del lugar y el momento en que estén leyendo esto, muy buenos días o tardes, lectores:
83,3 millones de dólares. Ocho veces más de lo pedido. El viernes pasado, Donald Trump fue condenado por un jurado federal a pagar esa cantidad a la columnista E. Jean Carroll por daños y perjuicios. Era la segunda vez que se enfrentaban en los tribunales en menos de un año. En mayo pasado, el expresidente y candidato republicano favorito para la nominación presidencial fue declarado culpable de abusar sexualmente de ella en el juicio de la demanda que le interpuso, acusándolo de violarla a mediados de los años noventa en un probador de unos almacenes de lujo en Manhattan; en esa ocasión el jurado le impuso una sanción de cinco millones a Trump, tres de ellos por difamación.
Una lectura rápida y plana del par de sentencias arroja unas conclusiones que resultarían irrebatiblemente escandalosas si se tratasen de casi cualquier otra persona sobre el planeta: este abusador sexual y difamador condenado a sus 77 años aspira a ser reelegido como presidente del país más poderoso del mundo. Lo cual, en consecuencia, nos devuelve esencialmente a la misma pregunta que nos llevamos preguntando desde 2016: ¿cómo es posible que Trump esté dónde está? O, en su versión más actualizada y detallada: ¿cómo es posible que esté liderando las encuestas presidenciales alguien que ha sido encontrado culpable de abuso sexual, que se ha jactado de ello en otras ocasiones y además está acusado de 91 delitos criminales en cuatro casos separados? No hay una respuesta inequívoca, esto de la política electoral no es una ciencia exacta, pero, parafraseando a la campaña de Bill Clinton en 1992, lanzamos una posible explicación: es el relato, estúpido.
Desde que las acusaciones e imputaciones a Donald Trump se suceden, especialmente desde hace un año, él ha logrado que cada revés judicial, que debería ser una herida mortal en una democracia saludable, sea, al contrario, una ganancia; bien sea gracias a un aluvión de donaciones a su campaña después de cada imputación o a un aumento en la intención de voto hasta el punto de liderar la encuestas a un año de las elecciones. Gracias a su narrativa de que todo esto se trata de una persecución política y un intento de interferencia electoral –acusar a sus acusadores de lo mismo que lo acusan a él es una de sus especialidades–, ha ido deslegitimando todos los procesos legales en su contra entre su base.
Y así hemos llegado hasta el punto en el que estamos ahora: en el que si lo sentencian a pagar ocho veces más de lo solicitado por la demandante, no es una prueba de su culpabilidad como para cualquier otro mortal, sino una evidencia clarísima de la persecución y falta de transparencia en el proceso judicial: "Nuestro sistema legal está fuera de control y está siendo utilizado como arma política. Nos han quitado todos los derechos de la Primera Enmienda. ESTO NO ES ESTADOS UNIDOS”, publicó Trump en su red social, Truth Social, en cuanto se conoció el veredicto del viernes pasado.
Ha sido sobre este mensaje que Trump se ha hecho ya prácticamente con la nominación republicana. Su relato es replicado y sostenido como una verdad inalienable por sus seguidores. Y, entonces, cada nueva revelación encaja perfectamente en esa narrativa, y termina de convencer a una nueva tanda de votantes del partido rojo de que él es la víctima de un complot para apartarlo de las papeletas.
Vale la pena señalar aquí que no es el país entero quien ha comprado el discurso del expresidente. Entre las filas demócratas, según encuestas hechas desde que Trump anunció que buscaría una vez más la presidencia, la opinión mayoritaria es que no es apto para el cargo, bien por consideraciones éticas, judiciales o de competencia. Y también hay una parte importante del electorado republicano que se niega a suscribirse a su versión de los hechos, aunque semana a semana ese número se achica. Además, las encuestas consistentemente señalan que de ser declarado culpable por insurrección en el juicio federal liderado por el fiscal especial Jack Smith, Trump perdería las elecciones contra Biden, lo que demuestra que todavía existe dentro de una parte clave del electorado algo de confianza en el proceso judicial.
Sin embargo, el clima general que el relato persecutorio y victimista de Trump ha creado se ha convertido en sí mismo en un factor importante en las decisiones judiciales que todavía están por delante. Un buen ejemplo de ello se puede ver en el caso sobre la posible inhabilitación del expresidente, el siguiente capítulo de la saga judicial, en la que, según declaraciones de varios miembros del partido, una parte importante de los demócratas prefiere que el Supremo le deje presentarse, pues ven que sería contraproducente electoralmente que lo excluyan de las elecciones. El Gobernador de California, Gavin Newsom, por ejemplo, ha dicho: "No hay duda de que Donald Trump es una amenaza para nuestras libertades e incluso nuestra democracia. Pero, en California, vencemos a los candidatos en las urnas".
Las palabras de Newsom dejan ver que sería muy difícil para el partido demócrata responder a la inevitable repetición de la acusación de que Biden y el partido están actuando como “una dictadura del tercer mundo” – no hay que remontarse demasiado para un paralelismo, ahí está Nicolás Maduro con Maria Corina Machado.
Queda claro que la primera superestrella de la posverdad lo ha vuelto a hacer, habrá que ver si le alcanza para el premio mayor.
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