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Buenos días:
Llevo unas semanas trabajando en un artículo sobre la educación como negocio, como mercado educativo, que dicen los anglosajones. Se trata de analizar el creciente interés que despierta la enseñanza para el sector privado en España y que se traduce en fondos de inversión que invierten millonadas en centros de Formación Profesional, en universidades privadas o en empresas de servicios educativos que salen a bolsa. Así, sin más, puede sonar fatal, y seguramente peor en un país en el que el gasto privado en educación, principalmente el de las familias, es el segundo más alto de la Unión Europea: es el 0,84% del PIB, solo por detrás de los Países Bajos. Al otro lado de la lista que hace la OCDE con datos de 2018 está —oh, sorpresa— Finlandia (0,09%).
La avidez por parte de empresas de todo tipo para hacerse con un pedacito del pastel quiere decir también que ese pastel está bien hermoso. Es decir, que el interés social, la importancia que le damos a la educación es bastante grande y probablemente lo sea cada vez más. Los datos apuntan a que los hogares, incluso los más humildes, están dispuestos a apartar una parte creciente de su estrecho presupuesto para pagar clases particulares o incluso un colegio, si piensan que puede ofrecer mejores perspectivas de futuro a sus hijos. O una FP privada, si el muchacho o la muchacha se quedan sin una plaza pública en el título que querían estudiar.
Ese interés me parece una buena noticia en un país desbordado (aunque no tanto como antes) por el abandono educativo temprano y por la cantidad de ninis. Pero tiene, en mi opinión, una cara negativa, muy negativa, relacionada por supuesto con las consecuencias de todo esto en términos de equidad y de igualdad de oportunidades. No solo porque cada uno obtendrá según su capacidad de gasto, ni porque cunda la idea de que hace falta un esfuerzo extra a lo que viene de serie con la escuela pública, sino porque una oferta muy fuerte puede acabar manipulando y confundiendo a su favor una demanda tan sensible como esta, convenciendo al personal de que necesita cosas que en realidad no necesita. Siempre me acuerdo en estos casos de los vendedores de enciclopedias escolares que llamaban al timbre de mi casa cuando yo era pequeño. “¿Quiere usted a sus hijos?”, le preguntaban a mi madre tan pronto como abría la puerta. Pues eso.
Algunos expertos sostienen que, más allá del debate ideológico, la educación pública debe cubrir perfectamente la etapa obligatoria (hasta los 16 años), pero que no tiene por qué ser una mala noticia que el sector privado se acerque con interés a las etapas postobligatorias —como la FP y la Universidad—, para ampliar una oferta insatisfecha. Eso sí, no tiene por qué ser malo si la administración regula y vigila como es debido esas enseñanzas para asegurar un mínimo de calidad, de forma que no haya timos en forma de chiringuitos.
Si aceptamos esa idea, la cuestión principal entonces sería si realmente está perfectamente cubierta la etapa obligatoria. No voy en ningún caso a denostar aquí la oferta pública de educación en España, pero sí señalaré algunos modelos en los que el esfuerzo público es mayor y el de la familias mucho menor, y además tienen cubierta de forma gratuita (en realidad, pagado a través de los impuestos) gastos escolares básicos como el comedor o los materiales de trabajo. Por ejemplo —¡oh, sorpresa!— el de Finlandia.
Seguramente convengamos todos en que no se puede trasplantar sin más un sistema educativo de un país a otro; no pretendo caer en esa trampa. Solo quiero insistir en que hay modelos más de mercado y los hay más públicos, y que ir en una u otra dirección depende de la sentido en el que empuje cada sociedad. Del mismo modo que pueden estar seguros de que, si hay por ahí una demanda insatisfecha suficientemente grande, suficientemente atractiva, habrá alguien (una empresa, un fondo de inversión) que saldrá a su encuentro para satisfacerla.
Volveremos sin duda sobre este asunto. De momento, esta es una selección de los temas que hemos publicado la última semana en EL PAÍS EDUCACIÓN:
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