La situación de la pandemia en Cataluña se agrava cada día que pasa mientras arrecian las críticas al Gobierno catalán por la forma de gestionar la crisis. Los nuevos contagios se doblan cada vez con más frecuencia, indicador claro de que la situación está fuera de control. La ciudad de Barcelona ha superado los 50 casos semanales por 100.000 habitantes, que se considera el umbral a partir del cual ya es muy difícil controlar la expansión del virus sin un confinamiento severo. Esta situación es fruto de dos factores imputables al Gobierno de la Generalitat: la precipitación con la que puso fin a las restricciones del confinamiento y la falta de previsión en el despliegue de los dispositivos de vigilancia epidemiológica, un requisito indispensable para evitar rebrotes.Tras acusar al Gobierno del Estado de ser demasiado laxo en las restricciones, la Generalitat fue especialmente sensible a las presiones que le llegaban de los sectores turísticos y comerciales y levantó las restricciones en cuanto terminó el estado de alarma. Miembros del Gobierno hicieron un llamamiento de llenar las calles y recuperar la actividad económica y comercial, una gestión de la comunicación temeraria si se tiene en cuenta que en las zonas donde han aparecido los rebrotes, Barcelona y Lleida, se había tenido que prolongar la fase dos por no cumplir los indicadores. La fase tres apenas duró 24 horas.El Gobierno de Quim Torra ha mostrado más preocupación por diferenciarse “de Madrid” que por la eficacia de sus medidas. Quiso eludir la división provincial y acabó imponiendo una división administrativa basada en áreas sanitarias con los mismos problemas de gestión; denominó “reanudación” a la “nueva normalidad” y, después de celebrar el fin de la “usurpación de competencias”, alentó un exceso de confianza en la ciudadanía, a la que ahora acusa de no seguir las recomendaciones. Finalmente, intenta aplicar una especie de fase 2 de la desescalada que tanto criticó, pero sin conseguir que se cumpla. La recomendación de no acudir a la segunda residencia fue ampliamente ignorada por la población: el sábado la salida de Barcelona apenas fue un 10% inferior a un fin de semana normal. El problema es que quien ha de lidiar con esta grave situación es un gobierno que ha perdido la autoridad y que genera desconfianza. Los alcaldes de los 13 municipios del área de Barcelona le acusan de imprevisión y de falta de claridad, exactamente lo mismo de lo que se quejaron en su día el alcalde de Lleida, de ERC, y de otros municipios del Segrià. La Generalitat tardó dos semanas en reaccionar al rebrote de Lleida, y en el caso de Barcelona, también ha llegado tarde. La ciudadanía de Cataluña merece un gobierno con menos autocomplacencia y más capacidad de gestión.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sentenció el jueves pasado que los gastos de constitución o cancelación de una hipoteca derivados de una cláusula abusiva deben devolverse al cliente, salvo la legislación nacional imponga al consumidor “el pago de la totalidad o de una parte de esos gastos”- El dictamen parece una nueva demostración de que la legislación europea puede recomendar, fijar cauces legales e incluso modificar pautas de conducta en la gestión de productos bancarios, pero tiene limitaciones insalvables para imponerse a las legislaciones nacionales. La cautela implícita en ese “salvo que la legislación nacional” establezca un reparto de los gastos es una buena prueba de esa limitación, lógica por otra parte. La legislación comunitaria en materia hipotecaria remite la solución de los conflictos concretos a los tribunales de cada país; es decir, las sentencias cambian la visión jurídica de los problemas, pero incitan a la litigiosidad. Cosa que, también, parece lógica.

La sentencia del jueves lleva implícita una discusión legal que tendrá que resolverse caso a caso y que, por lo tanto, producirá contradicciones de forma inevitable. El tribunal Supremo español estableció que había de repartirse al 50% entre la entidad bancaria y el cliente; ahora el tribunal europeo da otra vuelta de tuerca y señala el imperativo de la devolución con la salvedad de la “legislación nacional”. Es evidente que antes de la Ley Hipotecaria de 2019 no había legislación que estableciera el reparto de gastos de constitución de las hipotecas. Legislación específica positiva; porque los bancos pueden aducir que la sentencia del Supremo equivale a un acto legislativo. Y por esa razón los jueces tendrán que decidir caso por caso, en aquellas reclamaciones que se presenten.

El problema de la gestión de las hipotecas requiere una visión más amplia en la que tienen que jugar los criterios de transparencia y de prestación de servicios. El Tribunal Europeo lleva años desmontando los contratos hipotecarios firmados en España en la última década, precisamente porque ofrecían e imponían al cliente cláusulas cerradas, sin opción alguna para ser negociadas o discutidas en el caso de los gastos de constitución. La Ley Hipotecaria del año pasado se caracteriza precisamente por una casuística muy detallada cuyo objetivo es evitar la impugnación de los contratos entre bancos y clientes y, por supuesto, mantener una equidad en el reparto de los gastos de constitución.Todas las decisiones tienen un precio, por supuesto. Con una casuística de transparencia tan precisa lo lógico es que el volumen de préstamos se ralentice en una fase inicial. Pero a cambio se limitan al máximo los riesgos de litigiosidad, que es la factura que están pagando los propios bancos a cuenta de las hipotecas firmadas antes de la Ley de 2019 y de las sentencias del TJUE.

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