La presa Gibe III ha empezado a producir energía para alimentar la economía etíope. Sin embargo, su impacto ambiental y social es más grave de lo previsto. Los desplazamientos forzosos, la escasez de agua y la inminente desecación del lago Turkana son algunas de sus consecuencias. Y, dentro de poco, llegará Gibe IV.
No hay acceso, ni concesión de permiso, ni respuestas a los correos electrónicos. No se puede entrar en la zona por motivos de seguridad y el personal de la embajada italiana desaconseja aventurarse en la región. No es fácil obtener información sobre lo que está sucediendo en el valle del Omo, en Etiopía. Las autoridades etíopes están nerviosas y han prohibido el paso a la zona. Las tensiones entre el Gobierno central y la población de la Oromía y de la Región de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur han desembocado en el cierre de la circulación por esta parte del país. Periodistas incluidos. Mejor dicho, sobre todo periodistas.
Las pocas noticias llegan a través de las ONG y sus colaboradores en la zona. Hablan de abusos del Ejército contra las etnias locales, como los daasanach, los konso y los mello, para inducirlas a trasladarse y dejar espacio a los grandes proyectos relacionados con las infraestructuras y la agroindustria, de los consiguientes conflictos intertribales debidos a las migraciones internas, cada vez más masivas, y de la usurpación de la tierra y el agua. Las denuncias de diversas asociaciones pro derechos humanos, como Human Rights Watch, Survival y Recommon, son durísimas. Según Luca Manes, de Recommon, “a las tribus del bajo valle del Omo se las desaloja violentamente de sus hogares ancestrales, al tiempo que sus pastos y sus tierras agrícolas se transforman en plantaciones industriales de caña de azúcar, algodón y agrocombustibles. Se habla de palizas, abusos e intimidaciones en general, y de una violencia indescriptible por parte de los soldados etíopes”.
Detrás de los disturbios en el valle del Omo se perfila uno de los mayores –y más polémicos– proyectos hidroeléctricos africanos jamás realizados: la presa Gibe III, la más grande de Etiopía hasta la fecha. Con 240 metros de altura, 630 metros de anchura en la corona y un vaso de 150 kilómetros de longitud para alimentar las turbinas de 1.870 megavatios de capacidad productiva, la obra es un proyecto de infraestructura de los que pueden cambiar el destino de un país. Junto con su “hermana mayor”, la Gran Presa del Renacimiento, de 6.400 megavatios –en proceso de construcción en el Nilo Azul y fuente de tensiones con los Gobiernos egipcio y sudanés–, Gibe III es la pieza más importante de la agresiva estrategia de inversiones en energía promovida por el Gobierno etíope.
Con un crecimiento económico próximo al 10%, apoyado considerablemente por China, y una población de más de 100 millones de personas, Etiopía aspira a convertirse en un país de nueva industrialización pasando de una economía mayoritariamente rural a otra de industria y servicios. Un objetivo ambicioso pero alcanzable, defendido decididamente por el actual primer ministro, Hailemariam Desalegn, sucesor de Meles Zenawi, el primero en ver en el sector hidroeléctrico el futuro del desarrollo del país. Según se lee en una nota de la multinacional italiana Salini-Impregilo, constructora de las dos megapresas, “Gibe III podrá aumentar significativamente la producción eléctrica del país de África oriental con el objetivo de modernizar su economía, lo que convertirá a Etiopía en un centro eléctrico regional”.
Gibe III se inauguró el 17 de diciembre de 2016 y forma parte de un grupo de cinco diques en cascada, entre ellas cuatro en el río Omo. Otras dos ya se encuentran operativas. Son Gilgel Gibe I y Gibe II (420 megavatios). La presa Gibe IV (2.200 megavatios), también conocida como central hidroeléctrica de Koysha, aún está en fase de planificación.
Si bien la estrategia hidroeléctrica etíope posibilitará el desarrollo de la novena economía africana (aunque con el PIB per cápita más bajo debido a la fuerte desigualdad social), no está libre de polémica, tanto en territorio etíope como en el país vecino, Kenia.
“La presa no se ha proyectado prestando suficiente atención al impacto social y ambiental”, explica Rudo Sanyaga, director para África de International Rivers, una organización especializada en el análisis de las repercusiones de los grandes proyectos hidroeléctricos. “Para garantizar la iluminación de la capital y de la zona rica del norte, el Gobierno no ha tenido en cuenta la totalidad del impacto sobre las poblaciones tribales que viven a lo largo del Omo desde hace milenios”.
Desde que empezó a planificarse en 2006, resultó evidente que Gibe III tenía una serie de implicaciones ambientales y económicas poco claras. Con el tiempo, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Africano de Desarrollo se han negado a prestarle apoyo financiero, lo cual ha obligado al Gobierno etíope a financiar la obra directamente con la ayuda de un crédito chino de 440 millones de euros.
Según las investigaciones de las organizaciones Rivers International, Re:Common y Survival, solo Gibe III ha cambiado la vida de al menos 400.000 personas asentadas a lo largo del río Omo en un tramo de centenares de kilómetros aguas abajo del embalse hasta la cuenca del lago Turkana.
Las causas del cambio son la modificación del régimen fluvial, que ha acabado con los aportes aluviales de las inundaciones, fundamentales para la agricultura tradicional; la interrupción del paso de los nutrientes arrastrados por la corriente del Omo, que ha restado fertilidad al suelo, y la realización de una serie de grandes proyectos agroindustriales que está transformando el territorio y la cultura de la comunidades étnicas locales, forzándolas en algunos casos a trasladarse.
“La presa ha acabado con las inundaciones estacionales del río Omo, de las que dependen directamente 100.000 indígenas para abrevar sus rebaños, pescar y cultivar los campos, mientras que otros 100.000 dependen indirectamente”, explica Francesca Casella, del movimiento mundial por los derechos de los pueblos indígenas Survival International.
“El Gobierno etíope y la empresa constructora no han consultado a las poblaciones que viven aguas abajo antes de poner en marcha los trabajos de construcción de la presa. Además, habían anunciado que habría inundaciones artificiales para compensar. Sin embargo, han pasado años sin que se haya descargado agua suficiente para preservar los medios de vida de los indígenas, y miles de personas están en peligro de morir de hambre”.
Según la Joint Lenders Fact Finding – la comisión de verificación de las asociaciones de inversores encargada en 2009 por la constructora–, “el impacto directo imputable al proyecto es mínimo”. Las repercusiones conjuntas del embalse para las poblaciones aguas arriba de la presa, continúa el texto, iban a ser “leves” y a “afectar solamente a 58 núcleos familiares rurales con los que se hicieron consultas preventivas”.
Nos pusimos en contacto con Salini-Impregilo para averiguar si el Gobierno había solicitado que se llevase a cabo un análisis de impacto también aguas abajo, pero la empresa no ha contestado a los numerosos correos electrónicos enviados.
Agua para las plantaciones
En los planes del Gobierno, sin embargo, no entra solo la electricidad. Como Gibe III es una presa de bóveda, ha comportado la creación de una imponente cuenca hídrica de 14 millones de metros cúbicos en fase de llenado. La pregunta es qué hacer con toda esta agua “domesticada” por el dique en una zona dominada por la agricultura de secano. Al parecer, la respuesta son los monocultivos a gran escala, posiblemente relacionados con las plantas para la producción de biocombustibles. La primera en subirse al tren ha sido Sugar Corporation –la empresa pública etíope especializada en la elaboración de azúcar refinado y etanol– con el proyecto Omo-Kuraz Sugar Project, una plantación comercial de 175.000 hectáreas que beben del embalse de Gibe III para la exportación a Europa y China.
Con el fin de hacer espacio a los cultivos de caña de azúcar, pueblos y comunidades enteras han sido desplazados. Según la documentación de Sugar Corp, se han creado cinco plantas de elaboración de azúcar in situ con el apoyo de empresas chinas como Complant i JJIEC. De las fábricas (actualmente conectadas a la red viaria solo por pistas de tierra) saldrán cada año 1,3 millones de toneladas de azúcar y 130.810 metros cúbicos de etanol. El combustible se utilizará en la cogeneración de energía que alimentará las plantas con 425 megavatios desde el propio emplazamiento e introducirá más de 275 megavatios en la red nacional a través de una línea de alta tensión, financiada por el Banco Mundial, para conectar Gibe III y la futura Gibe IV.
El proyecto será una revolución. “Se crearán 700.000 puestos de trabajo, cinco ciudades de nueva planta y decenas de ‘pueblos obreros’ para albergar a los trabajadores de las plantaciones”, dice la página web de Sugar Coporation. “A las poblaciones locales, sin embargo, la ‘revolución’ les ha traído traslados forzosos, confiscaciones y pérdida de tierras (sobre las cuales nadie tiene ninguna clase de documento que demuestre la propiedad), comunidades divididas y trabajos agotadores”, comenta una fuente de la zona contactada por teléfono –una de las pocas dispuestas a hablar–, que para salvaguardar su integridad prefiere no revelar su nombre. “Han confiscado los pocos teléfonos móviles que había y han convertido la zona en inaccesible para cualquiera. Cuando el proyecto esté acabado volverán a abrir las carreteras y todo el mundo se habrá olvidado de cómo eran antes las cosas”.
Incluso la diplomacia ha entrado en acción para intentar clarificar qué hay detrás de las informaciones de los activistas y el silencio sepulcral del Gobierno etíope sobre las plantas de Gibe III y Kuraz Sugar Project. Una misión compuesta por representantes diplomáticos de 28 países donantes de ayuda internacional a Etiopía ha confirmado en su informe la falta de información a las personas afectadas por los traslados y la ausencia de consultas adecuadas con ellas, así como el hecho de que decenas de miles de personas se ven o se verán obligadas a abandonar su modo de vida tradicional sin alternativas económicas seguras. No se ha documentado ninguna prueba del uso de la violencia.
En una resolución del Parlamento italiano promovida en junio de 2016 por las diputadas Chiara Braga y Lia Quartapelle, queda de manifiesto que en Italia, uno de los principales socios de Etiopía en comercio y desarrollo, existe una preocupación creciente por el impacto de Gibe III y de los proyectos Gibe IV y Gibe V, de futura realización. Las críticas al proyecto, afirma el texto, “hacen referencia al impacto socioambiental en el bajo valle del Omo con el traslado forzoso de comunidades indígenas enteras y la pérdida de los medios de vida procedentes de la agricultura de subsistencia”.
La resolución, por tanto, compromete al Gobierno italiano “a valorar la participación de las instituciones italianas en los proyectos de nuevas presas en Etiopía de acuerdo con el principio de coherencia de las políticas de desarrollo, y a sensibilizar en este sentido a los grupos nacionales privados, procurando adquirir elementos nuevos de información conforme las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre impacto ambiental y antropológico en cuanto a biodiversidad y derechos de los pueblos indígenas”.
A petición de un grupo de asociaciones, el Punto Nacional de Contacto Italiano (PNC) de la (OCDE) ha dado una respuesta oficial sobre si Salini-Impregilo ha respetado las líneas directrices de la organización. “Después de octubre, el agua ha seguido fluyendo artificialmente”, afirma la OCDE en un documento en el que cita el estudio Artificial Flow release – Monitoring activities – Update February 2017 [Descarga artificial de caudal – Acciones de monitorización – Actualización: febrero de 2017], redactado por Studio Pierangeli, socio de Salini. El PNC recomienda que se continúe inundando artificialmente con el fin de ayudar a la comunidad, y que se mantenga abierto un proceso público de consulta con el valle.
Pero las ONG que presentaron la petición a la OCDE no están satisfechas con la respuesta. “En cuanto que miembro del Pacto Mundial [la iniciativa de Naciones Unidas para el desarrollo sostenible en el ámbito empresarial. N. del E.], Salini-Impregilo debe comprometerse a respetar los derechos humanos y asegurarse de no ser cómplice de abusos, ni siquiera indirectamente”, explica Francesca Casella. “A falta de mecanismos de reclamación, las líneas directrices de la OCDE parecen el único medio que permite pedir responsabilidades a la empresa”.
Por lo tanto, ahora la palabra la tienen las oficinas técnicas de la OCDE, que podrían dar una respuesta clara sobre el impacto real del proyecto Gibe en la parte etíope del Omo y valorar los posibles errores de la evaluación ambiental.
El impacto en el lago Turkana
Para llegar al lago Turkana, el lago más grande del mundo en un entorno desértico, situado en el corazón del valle del Rift, hay que viajar tres días en todoterreno desde Nairobi por pistas de tierra, a menudo mal señalizadas, que solo los guías locales saben reconocer. El lago, alimentado por tres ríos (el Omo al norte y el Turkwel y el Kerio al sur), toma su nombre de las tribus nómadas de los turkana, el “pueblo del buey gris”. A lo largo de sus orillas habitan numerosas tribus, como los daasanach, que viven del pastoreo y la pesca, considerada tabú en el pasado. “Pero como el agua escasea cada vez más, está aumentado el número de personas que compiten por los peces del lago Turkana”, cuenta Narissa Allibhai, fundadora del movimiento Salvar el Lago Turkana, un grupo comprometido con su defensa.
Detrás del descenso del nivel del agua se encuentra de nuevo la presa Gibe III. El lago Turkana, declarado patrimonio de la humanidad en el año XX, corre el riesgo de desaparecer. Según Sean Avery, hidrólogo del Centro de Estudios Africanos de Oxford, el lago sufre una extracción excesiva de agua relacionada con los proyectos agroindustriales alimentados por los embalses de Gibe III y IV.
“Es posible que la degradación y el descenso del nivel del lago Turkana en Kenia –de cuyas aguas y reservas pesqueras dependen más de 300.000 indígenas– llegue a un punto crítico en pocos años”, explica Avery en conversación telefónica. “El resultado podría ser equivalente a la desecación del mar de Aral o a la que se está produciendo en el mar Muerto y en el lago Chad. Se calcula que la extracción podría reducir en un 50% el régimen hídrico del delta del Omo”. Esto comportaría un descenso del nivel del agua de unos 20 metros (en un lago con una profundidad media de 30 metros). “Podría suceder que el lago se dividiese en dos menores, uno al norte alimentado por el Omo, y otro al sur, que sobreviviría con el aporte de los ríos Kerio y Turkwel”.
Narissa Allibhai ha pasado varios meses en la región del Turkana entrevistado a las poblaciones locales para valorar el posible impacto de la pérdida de agua. “La sequía y el descenso del nivel del lago están alterando las relaciones entre los grupos étnicos. En particular, han aumentado los conflictos entre las comunidades de pescadores, ya que las zonas de pesca han disminuido. Cuanto más se reduzca el lago, mayores serán los conflictos entre los grupos. Un anciano de un poblado me impresionó profundamente con sus palabras. Me dijo: ‘Si nos morimos de hambre empezaremos a pelear’”. Entre los pueblos que han empezado a trasladarse masivamente están los daasanach, lo cual ha provocado enfrentamientos cada vez más frecuentes en la frontera entre Kenia y Etiopía. Los daasanach son una tribu de ganaderos que se han visto obligados a convertirse en pescadores para sobrevivir.
Al menos por el momento, el Gobierno keniano se mantiene al margen. “Turkana es una de las zonas más aisladas de Kenia. El Gobierno de Mwai Kibaki (sustituido en 2013 por Uhuru Kenyatta) había firmado un acuerdo para importar energía hidroeléctrica de Etiopía. Por eso, aunque haya abierto una mesa de debate con Adís Abeba, no ha emprendido ninguna acción significativa”, prosigue Allabhai. Las presas se siguen multiplicando. Mientras, los grupos étnicos del Turkana asisten impotentes a la apropiación de su agua y sus recursos.
Koysha y más allá
Parece que un nuevo y trágico capítulo de usurpación del agua está a punto de añadirse a la saga del río Omo. Mientras que cada vez está más claro que, en el mejor de los casos, los análisis de impacto ambiental de Gibe III realizados (y no realizados) por el Gobierno etíope fueron erróneos y subestimaron las repercusiones de la presa, Salini-Impregilo ha firmado con Ethiopian Electic Power (EEP) el comienzo de las obras de Gibe IV.
Se calcula que su precio es de 1.600 millones de euros, que, según filtraciones, serán financiados por Servizi Assicurativi del Commercio Estero (SACE), una compañía financiera controlada al 100% por el grupo Caja de Depósitos y Préstamos, el banco participado mayoritariamente (80%) por el Ministerio de Economía italiano. Como ya ocurrió con Gibe III, el proyecto ha sido concedido a Salini sin concurso público. Gracias a la labor del ingeniero Pietrangeli y al agresivo papel de Salini (que en 2014 se fusionó con Impregilo), desde la década de 1970 Italia ha proyectado y construido prácticamente todas las principales plantas hidroeléctricas del país: el grupo Gilgel Gibe, Dire, Legadadi, Little Beles, y por último, la maravilla de las maravillas, la Gran Presa del Renacimiento etíope.
Aunque los etíopes se han apresurado a comprar masivamente los bonos del proyecto, el grupo Gibe sigue siendo un secreto bien guardado con el fin de concluir sin problemas las centrales hidroeléctricas IV y V, previstas para 2025.
En opinión de Felix Horne, investigador de campo de Human Rights Watch, las nuevas obras tendrán más consecuencias para la seguridad alimentaria y la calidad de vida en el valle del Omo y alrededor del lago Turkana. “El proyecto aumentará aún más la extracción de agua”, explica. “Desde que Gibe III empezó a funcionar, el nivel del agua ha descendido un metro y medio, lo cual aumenta nuestra preocupación”.
“Las presas Gibe III y IV no son insostenibles por definición. Nosotros llevamos décadas construyendo diques, y el mundo occidental se ha beneficiado de ellos”, explica Sean Avery, hidrólogo del Centro de Estudios Africanos de Oxford. “En el caso de los etíopes, habría bastado con cuantificar correctamente el impacto, para lo cual habría tenido que reunirse con las poblaciones afectadas por los proyectos en Etiopía y en Kenia y haberlas compensado como correspondía por las pérdidas que han sufrido”. Pero no se ha hecho.
TEXTO: Emanuele Bompan
FOTOGRAFÍA: Fausto Podavini
MAPAS: Riccardo Pravettoni
INFOGRAFÍA: Federica Fragapane
PÁGINA WEB: Gianluca Cecere
AGRADECIMIENTOS:
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POR LA COLABORACIÓN
Marirosa Iannelli, Universidad de Génova
Traducción al español
NEWCLIPS
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