Según el Acuerdo Provisional de Oslo de 1995, la distribución del agua entre israelíes y palestinos se debía dividir al 80% y 20%, respectivamente. La intención era que la solución fuese temporal, a la espera del acuerdo definitivo que tendría que haber creado el Estado palestino y fijado las fronteras de Israel. Hoy en día, la situación se ha deteriorado gravemente, y los palestinos no tienen acceso más que al 14% de los recursos de las cuencas. La gestión compartida entre ambas entidades políticas es más complicada que nunca.

"Tenemos toda clase de problemas en la gestión cotidiana", remacha Imad Masri, director del Departamento de Suministro de Agua y Saneamiento del municipio de Nablús, la segunda ciudad de Cisjordania, "desde la imposibilidad de perforar nuevos pozos debido a que la Comisión Conjunta Palestino-Israelí para el Agua" (JWC, por sus siglas en inglés) lleva seis años paralizada, hasta la burocracia que envuelve a los proyectos de infraestructuras y al Departamento de Aduanas Israelí, el cual bloquea la llegada de componentes para las plantas de abastecimiento. Una bomba encargada a Italia tardó más de un año y medio en llegar, así que el depósito se quedó seco".

Los territorios palestinos son un complejo mosaico en el que no siempre está claro quién gobierna y qué organismos son responsables de la administración. Los campos de refugiados son administrados por UNRWA, el organismo de la ONU creado en 1948 para los refugiados palestinos. La Zona A está bajo control de la Autoridad Palestina (15% de Cisjordania), mientras que la Zona B está gobernada por la autoridad civil palestina y vigilada por un control militar mixto palestino e israelí. La Zona C, controlada civil y militarmente por Israel, comprende el resto de los territorios palestinos, en los que se encuentran también los asentamientos israelíes. Representa alrededor del 63% de los territorios y alberga a más de 150.000 habitantes palestinos y 326.000 colonos israelíes.

En este caos geopolítico, la gestión profundamente politizada de los recursos y las infraestructuras hídricas son un verdadero nudo gordiano. El escaso mantenimiento por parte de los palestinos, la injerencia militar israelí, la dificultad de coordinar los diferentes niveles administrativos ‒todo sutiles estratagemas políticas‒ mantienen alta la tensión. Mientras tanto, las vidas de decenas de miles de personas sufren las consecuencias a diario.

Las zonas más afectadas por la escasez de agua "son las rurales y los campos de refugiados", explica Meg Audette, subdirectora de operaciones de UNRWA, el organismo de Naciones Unidas que se ocupa de los campos de refugiados. "En los campos, las infraestructuras son viejas y el UNRWA no tiene autoridad para construir otras nuevas. Únicamente podemos controlar la calidad del agua y hacer intervenciones mínimas".

Según Majida Alawneh, directora del Departamento de Calidad del Agua de la Autoridad Palestina del Agua (PWA, por sus siglas en inglés), "hay más de cien proyectos esenciales que, o bien no se han aprobado, o han sufrido retrasos a causa de la Administración Civil Israelí. A menudo cuentan con el apoyo de la cooperación internacional. En los últimos siete años, la autoridad israelí ha aprobado muy pocos pozos nuevos. Entretanto, el agua disponible ha disminuido de 118 millones de metros cúbicos en 1995 a 87 en 2014. Todo esto mientras la población de Cisjordania crecía de 1,25 millones a 2,7 millones de habitantes.

Para las ONG como B'Tselem y muchas otras, israelíes e internacionales, activas en Cisjordania ‒por ejemplo Oxfam, Cooperación para el Desarrollo de los Países Emergentes (COSPE) y el Grupo de Voluntariado Civil (ambas italianas)‒ "la raíz del problema y de la injusticia se encuentra en la Zona C". Así lo explica Gianni Toma, de COSPE, una organización no gubernamental que desarrolla diversos proyectos en los territorios de Cisjordania. "Es una zona maltratada por el Ejército israelí y olvidada por la Autoridad Palestina, que está más interesada en desarrollar centros urbanos como Nablús, Ramala y Yenín".

En la Zona C, de 180 pueblos, solo 16 están conectados a la red de hídrica. "Aun así, no lo están a las fuentes", puntualiza Amit, de B'Tselem, "sino únicamente a las redes de los asentamientos israelíes. En la práctica, se convierten en dependientes de la red de Mekorot, que asigna cuotas fijas a los palestinos, mientras que los asentamientos israelíes reciben el agua según la demanda". El resultado es que durante los periodos de escasez, en los meses más cálidos, la presión cae un 40% porque las colonias tienen prioridad. A los palestinos no les queda más remedio que esperar el agua durante semanas y a menudo solo la reciben en plena noche".

En el campamento beduino próximo a Ein al Hilweh, en el valle del Jordán, dentro de la Zona C, Mahmud tiene unas 500 ovejas. Su rebaño y sus pastores necesitan 10 metros cúbicos de agua al día, pero sus pozos están agotados. Cuenta que, a pesar de ser un pastor nómada, no puede desplazarse por motivos de seguridad impuestos por el Ejército.

"Hemos pedido varias veces que se nos permita acceder a la red de suministro, pero no es posible. Tenemos un pozo pero no podemos usarlo. Tampoco podemos marcharnos, así que nos vemos obligados a traer bidones de agua con tractores. Esto está acabando con nosotros. Más del 50% de nuestros ingresos van a cubrir los costes del agua", explica. "También tenemos miedo de que el Ejército israelí nos confisque nuestros medios de vida, como ya ha pasado".

En la Zona C, más de 30.000 personas viven en condiciones similares, muchas con un consumo de agua inferior a 20 litros al día, según datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (UN-OCHA). El precio que pagan (400% superior a una factura de agua normal) también es prohibitivo y más que suficiente para instalar bombas de agua suplementarias, ya que la presión suele ser escasa, incluso a ras de suelo. A menudo hay interrupciones del suministro debido a las maniobras militares, que se anuncian de repente.

"La comparación entre Ein al Hilweh y el asentamiento israelí de Ro'i es inhumana", denuncia Amit. "Aquí, la familia de Mahmud consume menos de 20 litros al día. En el asentamiento, una persona consume más de 460 litros".

Varias personas entrevistadas, tanto israelíes como palestinas, que prefieren no revelar su nombre por la posición que ocupan y porque se trata de un tema delicado políticamente, cuentan que, en realidad, los israelíes no son los únicos que restringen el suministro de agua (aunque 97 proyectos para Cisjordania apoyados por países donantes en los últimos seis años están a la espera de la aprobación de Israel). La Autoridad Palestina no ha hecho nada por mejorar las cosas. Por el contrario, han utilizado la situación como instrumento político contra la proliferación de asentamientos, que no deja de aumentar, y para seguir contando con el consentimiento de la población. Según Uri Schor, portavoz de la Autoridad del Agua Israelí, fue la Autoridad Palestina la que no participó en la Comisión Conjunta para el Agua, el espacio electivo en el que negociar estrategias comunes entre ambos pueblos. Su ausencia bloqueó importantes proyectos.

La cuestión del agua se aborda en el Artículo 40 de los Acuerdos de Oslo, un texto transitorio aprobado en 1993 y previsto para durar algunos años como máximo. "Hoy en día, es el único marco que tenemos a nuestra disposición", señala Natasha Carmi, de la Unidad de Apoyo a la Negociación de la Organización para la Liberación de Palestina. "El agua es uno de los cinco puntos clave de los acuerdos. El objetivo es un uso equitativo por parte de los dos pueblos con un consumo per cápita equilibrado. Sin embargo, en la actualidad, cada palestino dispone de una media de 70 litros diarios, frente a los 280 litros de media para cada israelí y los 350 para un habitante de un asentamiento de Israel. El umbral de la Organización Mundial de la Salud para poder llevar una vida saludable son 100 litros. Sin acceso al agua, no puede haber acuerdo".

"Estamos hartos de que el agua se utilice como baza política", denuncia Mohamad, un estudiante de la Universidad de Bir Zeit. "Los israelíes se sirven de ella para apuntalar la ocupación y la Autoridad Palestina de Mahmud Abás como uno de los pocos medios que tiene para mantener el estado de cosas mientras sigue siendo incapaz de negociar la paz". El descontento no deja de aumentar y no se puede excluir la posibilidad de una nueva crisis del agua durante este verano. Aunque disminuyese la presión política israelí, las infraestructuras seguirían siendo deficientes. Los pozos tienen por término medio una profundidad de más de 300 metros, difícil de alcanzar, y las reservas son cada vez más escasas. Las conducciones datan con frecuencia de la época de Transjordania y las plantas de tratamiento son insuficientes y están mal gestionadas. "La calidad de las infraestructuras palestinas es preocupante", reconoce Majida Alawneh, de la PWA. "Hacemos todo lo que podemos para satisfacer la demanda", pero hay que hacer centenares de reparaciones.

Según Uri Schor, portavoz de la Autoridad del Agua del Gobierno israelí, la situación de parálisis provocada por los palestinos en la Comisión Conjunta para el Agua ha retrasado durante años el desarrollo de nuevas infraestructuras. Este hecho es la causa de la imposibilidad de satisfacer la demanda de agua de la zona. Aunque los palestinos, por boca de los gobernantes locales y la Autoridad Palestina del Agua, insisten en que la única causa de la escasez es la ocupación militar israelí, los datos de la Oficina Central de Estadística de Palestina muestran que las conducciones palestinas pierden cada año 26 millones de metros cúbicos de agua, lo cual representa más del 40% de toda el agua consumida y más de la mitad del consumo de Gaza, donde la situación ha alcanzado cotas de auténtica crisis, sobre todo en lo relacionado con la higiene.

El jefe de la Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT, por sus siglas en inglés) de Israel, Yoav Mordechai, explicaba en una entrevista con Haaretz que, "según cálculos palestinos, el 96% del agua que extraen de los acuíferos (capas subterráneas de roca que contienen agua dulce) en realidad no es potable. Por eso son tan dependientes del suministro de agua de Israel. El tratamiento de las aguas residuales por parte de la Autoridad Palestina tiene graves deficiencias y los cálculos oficiales prevén que durante los próximos años haya un gigantesco déficit de decenas de millones de litros cúbicos de agua". Numerosos entrevistados que prefieren permanecer en el anonimato insinúan que las elites económicas de Ramala extraen pingües beneficios de la crisis vendiendo agua depurada, a menudo procedente de un proveedor israelí a precios elevados.