Un excargo del Gobierno de Ayuso alertó internamente de la posible ilegalidad de los contratos del ‘caso FP’: “Manifiesto mi oposición”

José María Serrano, que fue subdirector general de centros de educación secundaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, alertó en octubre de 2021 de la posible ilegalidad de las obras que se iban a acometer en un centro de Formación Profesional (FP). Según tres fuentes consultadas por EL PAÍS, así lo afirmó Serrano en su declaración como testigo ante la jueza del caso FP, que investiga la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa por el supuesto fraccionamiento ficticio de contratos y facturas entre 2021 y 2023 para otorgar a dedo ―con contratos menores― una docena de obras en centros educativos que deberían haber salido a concurso público. Es el caso, por ejemplo, de las de los IES Hotel Escuela y Ciudad Escolar.

Como aval de esa declaración en la causa consta un correo de Serrano enviado el 15 de diciembre de 2021 en el que este reclama aplicar “como no puede ser de otro modo” la ley de contratos del sector público en una de las obras investigadas. Es decir, que se haga un concurso público. “En cualquier otro caso, no podrá procederse a la ejecución de las mismas, manifestando así mi total oposición a su realización”, señaló.

Los destinatarios del correo, que prueba que en la administración regional había profesionales incómodos con la fórmula empleada para las obras, fueron el entonces subdirector de FP, investigado en el caso, y el director general de Secundaria y FP, que ha declarado como testigo. Pero no hubo respuesta, según Serrano. Solo silencio. Casi dos años después, un terremoto sacudió la Administración regional.

18 de septiembre de 2023. Dos centros educativos de FP de la Comunidad de Madrid, los IES Hotel Escuela y Ciudad Escolar, reciben sendos burofaxes. “Me pongo en contacto con usted siguiendo instrucciones precisas de quien me manda [el] “Grupo Virelec” a fin de requerirle formalmente las cantidades adeudadas por su institución (...) las cuales ascienden a día de hoy a 1.460.724,80″, se lee en las comunicaciones.

El caso FP acaba de estallar con esa reclamación de pagos pendientes por obras que en la Dirección General de Infraestructuras dicen desconocer. En consecuencia, el gobierno regional solicita un informe de auditoría a la Intervención General, que acaba detectando “provisionalmente” hasta 3,9 millones en pagos solo a esta empresa. La Comunidad de Madrid denuncia por ello en abril de 2024 a quien había sido el subdirector regional de FP, y a los dos directores de centros educativos a los que Virelec reclamaba pagos pendientes. A partir de ahí, la Fiscalía investiga a integrantes del Gobierno regional por fraccionar más de tres millones de euros en contratos menores (que no pueden superar los 40.000 euros, más IVA) otorgados a dedo (principalmente al grupo Virelec) para evitar el concurso público para obras en una docena de centros educativos en 2021, 2022 y 2023. Desde entonces, el devenir del caso tiene en tensión a cargos clave del PP en Madrid.

Uno es Enrique Ossorio, hoy presidente de la Asamblea regional, y entonces consejero de Educación. Otro es Rocío Albert, ahora consejera de Economía, Hacienda y Empleo, y entonces viceconsejera.

A ellos, con más razones, se unen los investigados en la causa. Uno es Gabriel Navarro, el empresario al frente del conglomerado empresarial Virelec, principal ejecutor de las obras y que llegó a reunirse con asesores de Díaz Ayuso para intentar que le pagaran, sin lograrlo. Otro es el exsubdirector general regional de centros educativos de Formación Profesional, Alfonso Mateos, que reconoció conocer al empresario desde que era estudiante, aunque negó cualquier trato de favor, y dijo que “nunca” ordenó a los directores de los centros reformados pagos a favor del grupo Virelec. A ellos se suman los directores de dos centros educativos en los que se desarrollaron obras (los IES Hotel Escuela y Ciudad Escolar).

La instrucción judicial se centra en esclarecer si los directivos de los centros actuaron por iniciativa propia (lo que ellos niegan), o siguiendo instrucciones de cargos de la Consejería de Educación (como se desprende de los informes de Inspección, y de la Intervención). Estas son las posibles irregularidades contempladas en la ley de contratos del sector público que comunica la Administración: la posible contratación verbal (artículos 37 y 132), y la ausencia de un documento que plasme las condiciones de licitación (artículo 153) o fraccionamiento de la cuantía de los contratos para poder usar el contrato menor.

En ese contexto llegó la declaración de octubre de Serrano, conocida ahora por EL PAÍS a través de fuentes directas y pruebas documentales.

“Expuso que el procedimiento (de contratación de las obras) era muy secreto y opaco y nadie decía nada, salvo él que hizo alguna advertencia”, cuenta un interlocutor conocedor de las entrañas del caso. “Obligó a devolver y no pagar una factura sobre las obras″, subraya sobre otro correo electrónico cuya existencia ha podido constatar este diario. “No entiendo por qué no lo cesaron, porque lo que decía era muy incómodo”.

Así recuerda otra fuente lo dicho por Serrano, que se jubiló este septiembre: “En octubre de 2021 estaban en el centro el director general, el Señor Mateos y él, y se le dijo que posiblemente se harían las obras, ante lo que manifestó la posible ilegalidad, pues intuyó que podría fraccionarse el contrato y usar contratos menores. No se manifestó claramente, pero lo intuyó por el contexto y los silencios. No se habló de empresa concreta que lo realizaría”.

Un tercer conocedor del testimonio coincide en señalar que Serrano trasladó su preocupación sobre las obras tanto en reuniones presenciales como por correo, sin que pasara nada.

Durante su investigación, desarrollada a lo largo de 2024, la Fiscalía ya vio “una actuación administrativa claramente irregular y presuntamente delictiva” en la “grosera y palmaria omisión del procedimiento” aplicada por el Gobierno regional.

La jueza, por su parte, ya advirtió en noviembre del año pasado “la posible existencia de una infracción penal [prevaricación administrativa]”.

Finalmente, las auditorías enviadas al juzgado por la propia administración, a petición de la Fiscalía, coinciden en señalar la responsabilidad de la Consejería de Educación.

“Se han detectado gastos tramitados como contratos menores que superan la cuantía del contrato menor”, se lee en ellas. “Asimismo, se ha observado fraccionamiento del objeto del contrato (...) a fin de no superar los límites establecidos para el contrato menor (...) y eludir el procedimiento de contratación con licitación aplicable”, se añade. “Teniendo en cuenta el objeto e importe de dichos gastos hubiera procedido la tramitación de expediente de contratación por órgano competente de la consejería”, se explicita. Con esos cimientos, el caso FP avanza en los tribunales y amenaza con ir escalando escalones en la jerarquía de la consejería de Educación.

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