Juicio a la trama oculta de la Iglesia que expolia fundaciones millonarias en Madrid

El 30 de junio de 2016, un zaragozano de unos 50 años, de estatura baja, nariz achatada, con don de palabra y que llegó a ser director de El Correo de Andalucía, entró por sorpresa en un bajo de la calle Núñez de Balboa 93 de Madrid, en el corazón del barrio de Salamanca. El hombre en cuestión acababa de ser nombrado por el arzobispo de la capital presidente de las 64 fundaciones de la Iglesia madrileña. El arzobispo Carlos Osoro le encomendó la misión de dirigir una especie de ministerio madrileño con más de 1.000 empleados a su cargo. El creyente desconocido se llama David López Royo y es uno de los personajes principales de esta trama. “Es como un encantador de serpientes”, cuenta una exempleada suya. Ese día fue el inicio de todo. Dio comienzo una trama inmobiliaria en la Iglesia madrileña en la que están involucrados abogados ilustres, grandes empresarios, inmobiliarias, fondos buitres y hasta la Universidad Nebrija. Cinco años después, Royo y siete personas más se han sentado esta semana en el banquillo de los acusados del juzgado de instrucción número 28 de Madrid. Fuentes judiciales apuntan que en las próximas semanas habrá nuevos investigados. Anticorrupción ve un posible entramado corrupto. Se les acusa de administración desleal, estafa y falsedad documental.

La Operación Padilla es un caso complejísimo. Existen miles y miles de folios en la mesa. Cerca de 200 familias que viven de alquiler, más de 100 ancianos y casi una veintena de monjas que conviven en una residencia de mayores en el centro de la capital han sido, por el momento, los grandes perjudicados de esta gran trama inmobiliaria eclesiástica destapada por EL PAÍS en 2019. Las tres operaciones inmobiliarias aglutinan las enajenaciones de 18 edificios. Todas pertenecen a fundaciones tuteladas por el arzobispado. Juntas han sumado un monto de más de 100 millones de euros.

La Iglesia pretendía comprar un solar con este capital acumulado para construir una “Ciudad de la Misericordia” en un terreno ubicado al suroeste de Madrid, una especie de minivaticano con residencias para mayores y varios colegios católicos. Una quimera. Tal y como publicó este periódico el 20 de febrero de 2020, la Iglesia compró una parcela de 9.844 metros cuadrados a la inmobiliaria Metrovacesa en la zona de Valdebebas por 48 millones de euros. La intención del enviado del Arzobispado era construir aquí un bloque de oficinas para obtener rentabilidades más altas. La Iglesia destinaría 62.354.640 euros para la construcción de la obra. Está operación está suspendida, por ahora.

¿Y los ancianos y los inquilinos que vivían de alquiler en las propiedades de las fundaciones? De no haber llegado el caso a los tribunales, habrían sido desahuciados. Osoro dio entonces la orden de investigarlo todo. El Vaticano se enteró de estas noticias y envió, incluso, a un abogado en agosto de 2020 para asesorar al cardenal madrileño ante este mayúsculo escándalo. El enviado de Roma encargó a un bufete de Madrid revertir todas las operaciones ante el acecho de la justicia. Los inquilinos y los familiares de los ancianos denunciaron el caso en los tribunales en 2020.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Entre 2016 y 2018 sucedió un hecho clave en toda esta historia. Mientras Royo gestionaba las 64 fundaciones de la Iglesia representando al arzobispo, fichó también como director por la fundación privada Chávarri Por el Bien Común, una fundación ajena a la fe que pertenece al despacho madrileño Chávarri Abogados. Este bufete es otra pata fundamental de esta trama eclesiástica. Royo, que cobraba cerca 40.000 euros brutos anuales de la Iglesia, también empezó a recibir un salario mensual de este despacho. Royo, por tanto, comenzó a trabajar a la vez para la Iglesia y para estos abogados. El bufete hizo de intermediario en todas las operaciones de venta las fundaciones. Y, según los documentos a los que ha accedido este periódico, obtuvo comisiones millonarias por todas las enajenaciones.

En esta compleja trama existen, al menos, tres fundaciones implicadas. La primera de ellas es la Fundación Fusara. Esta fundación contaba hasta 2019 con 14 edificios en el centro de Madrid. Aquí todavía viven alrededor de 170 familias en régimen de alquiler. Sus mensualidades servían para mantener los colegios y las residencias concertadas que la fundación tiene en Madrid. Los 14 bloques de viviendas fueron vendidos en 2019 por 74 millones de euros a un entramado opaco de 14 empresas.

La segunda fundación afectada es la de Santísima Virgen y San Celedonio. Aquí conviven casi un centenar de ancianos fruto de la donación del Conde del Val, un marqués que quiso crear una organización sin ánimo de lucro para atender a las personas mayores más desfavorecidas a principios del siglo XX. La residencia y el inmenso solar en el que se ubica, en los alrededores del Santiago Bernabéu, fueron vendidos a la Universidad Nebrija por 37 millones de euros en noviembre de 2019, un precio por debajo del mercado según los expertos inmobiliarios.

La última fundación afectada es la Fundación Padilla. Esta fundación cuenta con dos gigantescos bloques de pisos en el barrio de Salamanca. Aquí viven de alquiler 70 familias. Con la renta de estos inquilinos la entidad revertía el 70% de los beneficios en ayudas para alumnos de pocos recursos. La trama quiso vender estos edificios por un importe de 13 millones de euros, también por debajo del precio de mercado. La operación se paralizó tras la publicación del caso.

El juicio

El pasado viernes, Royo, que fue gerente de las 64 fundaciones, acudió al juzgado de instrucción número 28 de Plaza de Castilla como investigado. Visiblemente nervioso, respondió solo a las preguntas de su letrado (que pertenece al bufete de Chávarri Abogados), al juez Jaime Serret y a la fiscal Maria S. Peláez:

― ¿Por qué vendió estas fundaciones?, preguntó el magistrado.

― Porque íbamos a hacer un proyecto cristiano mejor. Todas las ventas tienen un precio normal.

Más tarde dijo que en los pisos de los inquilinos de la fundación Fusara ―donde conviven familias de alquiler― había prostíbulos, hoteles sin licencia y que las mensualidades que pagaban eran muy bajas. Que ese y no otro fue el principal motivo de la venta. Este lunes también declaró el director ejecutivo de Metrovacesa, Jorge Pérez de Leza, en calidad de testigo. Metrovacesa vendió al arzobispado el terreno ubicado en Valdebebas, donde la Iglesia quería construir un solar de oficinas con el dinero de las ventas de las fundaciones. Según fuentes judiciales, Pérez de Leza afirmó que entregó una comisión por la venta a una sociedad vinculada al bufete de Chávarri Abogados. El juez, tras oírlo y escuchar a las partes, suspendió inmediatamente el juicio. Previsiblemente en las próximas semanas también será llamado como investigado en la causa.

Entre el martes y el miércoles también declararon los seis imputados restantes. Manuel Fernández Clemente acudió como exsecretario de las tres fundaciones implicadas. El abogado Clemente cobraba un salario de 3.000 euros al mes en las tres fundaciones. Además, tenía un contrato como asesor en una de ellas cercano a los 30.000 euros al año. En su declaración dijo que el precio de la venta de las fundaciones no se hizo con maldad.

La declaración más llamativa fue la de Roberto de Juan, comprador de los 14 inmuebles del centro de Madrid, que pertenecían a la fundación Fusara:

― ¿De dónde sale el dinero de los 74 millones de euros?, inquirió la fiscal.

— No tengo la suerte de disponer de tanto dinero. Hablé con el fondo de inversión Castlelake, uno de los más grandes del mundo.

En los próximos días acudirán los peritos a valorar las tasaciones de los edificios, vendidos por debajo del precio de mercado, según los expertos inmobiliarios consultados. Previsiblemente, Julio Lage, que fue el interventor de las cuentas del Arzobispado durante toda esta trama, también deberá explicar su relación contractual con el bufete de Chávarri Abogados. Las mismas fuentes judiciales consultadas creen que, dada la complejidad del caso, todavía queda mucho tiempo de instrucción para saber si, finalmente, serán llevados a un juicio oral.

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