El monte gana al fuego en un año de pandemia

Un accidente por las sinuosas carreteras de la sierra noroeste provocó el mayor incendio del 2020 en la Comunidad de Madrid. Era verano, principios de agosto, y un motorista serpenteaba por las curvas que suben hacia el puerto de la Cruz Verde cuando chocó con una roca y cayó en la ladera. El vehículo se prendió en llamas en cuestión de segundos y con él todo su alrededor. Cientos de vecinos tuvieron que desalojar sus casas, asustados por la que se les venía encima. Y los bomberos, brigadas forestales y hasta una sección de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajaron y tardaron días en extinguir el fuego, que empezó en una zona no protegida y, como no entiende de fronteras, acabó entrando en una protegida. En total, unas 1.000 hectáreas quemadas y la pérdida de árboles como sabinas, enebros o pinos, que tardarán décadas en volver a crecer. Ese incendio y el provocado por una cosechadora en Valdepiélagos por las mismas fechas han sido los más llamativos de un año con relativas buenas noticias para el monte: se ha dañado un 0,03% de espacio en zonas protegidas, un buen año teniendo en cuenta que el 41% del territorio madrileño se encuentra bajo esa protección medioambiental. El virus, en este caso, ha jugado a favor, aunque no ha sido la única razón por la que los números han sido relativamente buenos.

Cuando se produce un incendio, el agente forestal tiene varias tareas por delante, según explica Miguel Higueras, jefe del operativo de la Comunidad de Madrid. Primero debe determinar si se ha producido en un espacio protegido o no, porque de eso dependerá algo importante: averiguar si se ha cometido un delito, aparte de evaluar del daño medioambiental de la zona dañada. Después, los agentes, que actúan como policías judiciales del monte y que deben investigar la causa del incendio como si de un crimen se tratara, recaban pruebas, acotan el terreno y consiguen llegar finalmente a la pista final que cuenta qué hizo saltar la primera chispa. Para eso, los agentes forestales forman un equipo de unas 270 personas, de las que 16 pertenecen a las Beif (Brigadas de Investigación de Incendios Forestales), una especie de CSI de los montes encargados de poner en marcha una metodología estudiada para investigar la causa objetiva de un incendio.

Estos, además, trabajan en equipo con los agentes forestales de la zona, los que conocen el entorno, los vecinos, las rencillas personales de unos y otros… y los que se encargan de tomar declaración a los testigos para determinar si el fuego se ha producido de manera intencionada, por negligencia o por accidente. Así, entre lo objetivo y lo subjetivo, se recaban pruebas que después presentan en la Fiscalía de Medio Ambiente.

El Código Penal estima una pena entre uno y cinco años para personas que han provocado un incendio en una zona protegida (si no ha sido de forma accidental) y puede llegar hasta los seis años de prisión si las consecuencias son irreversibles. Si además se ha puesto en riesgo a personas ajenas al operativo de extinción, la pena puede llegar hasta los 10 años de cárcel. En el caso del fuego que en agosto afectó a diferentes municipios como Zarzalejo, Fresnedilla de la Liga y, principalmente, Robledo de Chavela no habrá castigo penal porque a pesar del desastre ambiental (es una gran zona de valor ecológico donde, además, el búho real suele buscar alimentación) se concluyó que había sido un accidente, que fue a más debido a que el fuego provocó la detonación de algunos artefactos de la Guerra Civil. Sin embargo, el de la cosechadora de Valdepiélagos empezó en un campo de cereal y traspasó las fronteras hacia Castilla la Mancha. En ese caso, según explica Higueras, “hay que determinar si fue por una negligencia o imprudencia, y ver si se cumplieron las medidas de prevención adecuadas”.

El balance del año, aun así, ha sido relativamente positivo. “No creo que consigamos nunca erradicar del todo los incendios, forman parte del ecosistema mediterráneo y siempre van a existir por una causa o por otra, pero nuestro trabajo consiste en reducirlos al máximo”, comenta Higueras. En 2020 se han producido en total 27 incendios que han afectado a Espacios Naturales Protegidos de Madrid, Parques y Reservas, un total de 33,6 hectáreas calcinadas. El Parque Regional del río Guadarrama, con 27,5 hectáreas, ha sido el más afectado, seguido del Parque Regional del Sureste con 5,27 hectáreas. Mucho para los amantes de la naturaleza, aunque la realidad de los números arroja algo de positividad: los espacios naturales protegidos de la Comunidad de Madrid suman 121.000 hectáreas, es decir, el 41% del territorio, lo que significa que se ha incendiado un 0,03 % de esa superficie.

“El virus en este caso puede haber jugado a favor, pero solo en parte. Es verdad que el confinamiento frenó algo porque estaba todo el mundo encerrado, aunque lo cierto es que los incendios se suelen dar en verano. Este año, que la gente ha viajado menos y se ha producido una masificación en la sierra, se ha producido un hecho relevante: estaba todo mucho más vigilado que otros años. Nos llamaban constantemente aunque fuera porque había coches aparcados donde no debían y esa vigilancia generalizada al final ha sido positiva porque nos pasábamos el día por ahí atendiendo quejas de todo tipo”, admite el jefe del operativo de los agentes forestales.

No hay que olvidar, de todas formas, que el trabajo para evitar incendios viene de lejos. Higueras lo ilustra con dos ejemplos claros: el del tren y el del los tendidos eléctricos, dos focos que originaban desastres naturales en verano.

Los raíles del tren por la zona de Valdemaqueda, en la sierra oeste madrileña, eran una trampa contra el monte, explica el agente. Al ser una zona repleta de curvas, obligaba al maquinista a frenar constantemente y las chispas, al rojo vivo, saltaban a los matorrales. En muchas ocasiones, esas chispas acababan en tragedia. Los agentes forestales investigaron una y otra vez hasta que demostraron el origen de aquellos incendios ante los tribunales. Tras varias sentencias, ADIF empezó a tomar cartas en el asunto “desde hace una década”: invirtieron en personal para mantener la zona limpia de hierba seca en verano y colocaron, además, bloques de hormigón para evitar que las chispas saltaran al monte.

Con los tendidos eléctricos pasó algo similar. Por una parte, siempre han sido un lugar de apoyo para las aves, que en ocasiones acababan electrocutándose y, en verano, al caer sobre los matojos secos también provocaban incendios. Y por otro, cuando se colocaban los tendidos en zonas arboladas y había tormentas, la combinación acababa teniendo el mismo resultado. “A raíz de esas investigaciones, compañías eléctricas como Iberdrola o Naturgy se pusieron las pilas y han puesto más énfasis en la revisión y el mantenimiento, limpiando la vegetación alrededor de la línea, poniendo aislante y modificando la arquitectura del poste para evitar que los pájaros se electrocutaran”, explica Higueras, que asegura que desde hace tres o cuatro años este tipo de incendios ha descendido. La obligación, en todo caso, “siempre ha estado ahí, pero no se hacía con la magnitud de ahora”.