La Iglesia revierte una de sus dos últimas operaciones urbanísticas ante el acecho de la justicia

La justicia acecha. El miedo a los tribunales ha entrado de lleno en el Arzobispado de Madrid y en la Universidad Nebrija de Madrid ante la sombra de una operación urbanística destapada por EL PAÍS el 14 de noviembre de 2019. Ese día se conoció la venta por 37 millones de euros de una residencia de mayores ―donde conviven 163 ancianos― y la parroquia de San Jorge con la que colinda. Un precio muy por debajo del mercado, según todos los analistas inmobiliarios consultados. La venta ha volado por los aires este jueves.

Según un documento al que ha tenido acceso este periódico, la Iglesia y el centro universitario han llegado a un acuerdo para revertir la operación. “Tal decisión es producto de varios meses de negociaciones entre ambas instituciones”, indican. La Nebrija quería convertir la residencia de mayores en una nueva residencia universitaria. “En estos momentos se han de concretar las condiciones finales de este acuerdo de resolución para que los intereses de todas las partes queden salvaguardados”, añaden fuentes de la misma. La fundación no ha querido contestar a este diario.

Con la venta, la Iglesia quería enviar a los ancianos a una hipotética nueva residencia de la que nada se sabe. “Con la venta del centro de mayores crearemos una Ciudad de la Misericordia en Madrid”, decían fuentes del arzobispado. La realidad es que no se ha creado nada y que la residencia de mayores de la fundación era el bien fundacional. Es decir, el bien por el que la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio había sido creada: cuidar a los ancianos que cuentan con pocos recursos económicos.

La mecha de la sospecha ha llegado hasta la Fiscalía Anticorrupción, que ve un posible entramado corrupto con otra venta eclesiástica de otra fundación. La fundación Fusara, que también tutela el arzobispado, vendió otros 14 edificios en el centro de la capital por 74 millones de euros en junio de 2019, también a un precio por debajo del mercado.

¿Quién compró estos 14 edificios? Un entramado opaco con letras mayúsculas. Cada uno de estos 14 bloques de viviendas los compró una empresa. Estas 14 empresas se crearon entre el 2 de abril y el 13 de junio de 2019 con un capital de 3.010 euros cada una. Todas ellas tenían en principio la misma administradora: María Elena García Pastrana, que vive en Badalona y que cuenta con 1.012 empresas vinculadas a su nombre por toda España, según el registro mercantil. La venta de esta operación a través de sociedades opacas alcanzó los 74 millones de euros. El Arzobispado de Madrid cobró la mitad, 37 millones, el 30 de julio de 2019 por transferencia de un banco luxemburgués a una cuenta del BBVA, según pudo confirmar EL PAÍS.

La juez Carmen Rodríguez-Mendel investiga desde diciembre de 2019 en un juzgado de Madrid la venta de estos 14 edificios. En esta causa existen, por el momento, cuatro imputados relacionados con el arzobispado por delitos de estafa, corrupción y administración desleal. La instrucción sigue abierta. Ambas operaciones son dos enajenaciones de inmuebles muy jugosas en el centro de Madrid. Las dos ventas se han producido en menos de 12 meses y han ascendido a un monto 111 millones de euros. De esos, la Iglesia ha invertido 48 en un solar en Valdebebas, al norte de la capital, a un valor muy por encima del precio mercado con la intención de construir oficinas y alquilarlas después. Todas estas ventas eclesiásticas tienen un punto en común: el bufete Chávarri Abogados. Este despacho intermedió en todas las operaciones con unas comisiones cercanas al 6%, según fuentes de la operación.

“Solemos trabajar mucho con ellos”, explicaban fuentes del arzobispado hace meses. Ahora, ya no quieren saber nada del bufete. ¿Quién está detrás de este despacho? Este gabinete jurídico madrileño creó una fundación bajo el nombre de Chávarri por el Bien Común en 2018 que tenía como director ejecutivo a David López Royo y como vocal a Julio Lage. López Royo fue nombrado por el arzobispo de Madrid delegado de las 74 fundaciones de la Iglesia en Madrid en 2014. Meses después, el arzobispo también nombró a Lage como interventor de las cuentas del arzobispado. Tanto Lage como López Royo, que se conocían de antes, no ven ningún conflicto de intereses, pese a estar en ambos lados de la operación. López Royo dimitió de su cargo cuando este periódico destapó ambas ventas. Lage anunció su marcha como interventor de las cuentas del arzobispado el pasado 9 de octubre.

En estas operaciones también estaba presente Manuel Fernández Clemente, propietario de un bufete de abogados, exasesor de urbanismo durante la época de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad y secretario de las dos fundaciones de la Iglesia que han enajenado estos bienes. “Existía una problemática muy seria con el estado de los inmuebles. No contábamos con fondos y se realizó un estudio en el mes de mayo con un proyecto de transformación”, dijo a este periódico él mismo hace meses para justificar ambas ventas. La realidad es bien distinta. Los 14 inmuebles se encuentran en perfecto estado y la residencia de mayores fue remodelada hace dos años con una inversión cercana a los dos millones de euros.

Ante el acecho de la justicia, el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, creó una comisión de investigación en junio para conocer de cerca estas ventas. Osoro pidió asesoramiento a Roma. El Vaticano le sugirió un hombre suyo de confianza que vive en Madrid para que audite dos operaciones que movieron 111 millones de euros. En él, según fuentes del Arzobispado, ha recaído la decisión de dar marcha atrás a esta venta. ¿Qué pasará con la operación los pisos de la fundación Fusara? El plan, según las mismas fuentes, también sería revertirla.