DESAHUCIOS

Desahuciada una mujer de 82 años que avaló con su piso un préstamo de su hija y que convivía con sus nietas menores

Este y otro desalojo suspendido en Carabanchel abren una semana intensa para los activistas antidesahucios de Madrid

Desahucio de María Teresa, de 82 años, que vivía con su hija Maite y las dos hijas menores de ésta, en Fuenlabrada este miércoles por la mañana.
Desahucio de María Teresa, de 82 años, que vivía con su hija Maite y las dos hijas menores de ésta, en Fuenlabrada este miércoles por la mañana.Olmo Calvo

Una veintena de policías llegó a la calle Nazaret 32 de Fuenlabrada este miércoles a las 7.00, una hora antes del momento previsto para iniciar un desahucio. Querían evitar que activistas pudieran entrar en el edificio donde hasta este miércoles y desde hace 45 años vivía María Teresa. Esta mujer, de 82 años, avaló en 2015 con su piso en propiedad un préstamo para un restaurante que pidió su hija Maite, de 47, víctima de malos tratos y a quien su madre había vuelto a acoger en casa junto a sus dos niñas menores, de ocho y 12 años. Entre el miércoles y el viernes, las plataformas antidesahucios han convocado seis concentraciones diferentes para intentar evitar los lanzamientos en la última oportunidad.

María Teresa, Maite y las dos menores han tenido que abandonar el piso sin un plan alternativo aunque el Ayuntamiento les ha ofrecido ayuda para alquilar una casa. En 2015, Maite abrió el restaurante Amalia, especializado en tortillas. Pidió un préstamo de 11.000 euros “con cláusulas abusivas” que ascendían a 27.000 y que logró con el aval del piso de su madre. El negocio arrancaba pero entonces, señala, empezó a ser víctima de malos tratos, incluso en el propio bar. Se separó y dejó el bar, según relata, y desde entonces solo ha tenido ingresos de trabajos esporádicos como un contrato temporal en el Corte Inglés de Valdemoro. Pero dejó de ser suficiente para pagar los plazos del crédito. “Con eso y la pensión de la abuela (400 euros) iban tirando, pero llegó la pandemia y los ingresos se redujeron”, señala Valentín Hernández, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Fuenlabrada.

A finales de 2015, meses después de cerrar el negocio, el banco le reclamó un pago de 2.000 euros a los que no pudo hacer frente y se procedió a la subasta de la vivienda. En 2019, los fondos Ovigest Consulting, Triple del Girones y Mustus Finance la adquirieron. “Han sacado la vivienda por 60.000 euros mientras que el valor de mercado es el doble o el triple” dice el citado miembro de la PAH. Anuncios de venta de pisos de tres habitaciones en el portal Idealista en esa misma calle se ofertaban este miércoles por 113.000 y 98.000 euros.

Maite intentó llegar a algún acuerdo con el fondo, pero no lo consiguió y solo le ofrecieron la diferencia con lo que debía, unos 20.000 euros, que, indica, todavía no le han dado en el momento de tener que quedarse sin techo. Un primer intento de desahucio a esta familia, a finales de octubre, se aplazó gracias al apoyo del vecindario. Maite había solicitado paralizar el desalojo en base al artículo 704 del Código Civil, pero no se lo concedieron. “Da derecho a que te paren un desahucio un mes para organizarse y buscar un plan B”, explica Hernández. El abogado de la familia también solicitó a los servicios sociales una vivienda de alquiler por su situación de vulnerabilidad. De momento no lo han conseguido.

A las nueve llegó la comitiva judicial y, a las 9.30, la puerta del portal se abrió y aparecieron Maite y María Teresa, apoyada en un bastón. Se escucharon gritos de indignación de algunos vecinos y activistas, unos 70 en total, como “¡Ayudas sociales y no policiales!” o “hay niños en la calle y no le importa a nadie”. Maite contaba lo humillada que se sentía tras coger lo básico y tener que dejar así el piso.

Los activistas que luchan por el derecho a la vivienda creen que en los últimos meses la cantidad de desahucios ha aumentado. Hernández calcula que en la Comunidad de Madrid se producen unos 30 a la semana, aunque ellos solo puedan ayudar a una fracción. A pesar de que no hay datos recientes que lo comprueben -el Consejo General del Poder Judicial publica datos trimestrales a nivel nacional y por comunidad-, Elsa Riquelme, una voluntaria que es una de las principales negociadoras de la Asamblea de Vivienda de Carabanchel, considera que los procesos se están agilizando para no crear un cuello de botella en el sistema judicial con todos los casos nuevos que están surgiendo a raíz de una crisis que cada mes cobra más víctimas. “Al final toda la precariedad que se está viendo está relacionada. Los bancos de alimentos de los barrios están con más trabajo que nunca; y si la gente no tiene para comer, ¿cómo va a pagar el alquiler?”.

En Carabanchel alto, la familia de Herminia Cano lleva desde marzo en una situación crítica. Ella trabajaba como limpiadora en un hotel, pero la despidieron cuando apenas empezaba la pandemia. Lleva meses intentando negociar con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, la Sareb, porque no ha podido pagar el alquiler al perder sus únicos ingresos. En la casa también viven sus dos hijos de 19 y 28 años, pero ninguno ha podido conseguir trabajo este año. Su marido logró hace unas semanas un trabajo como conductor de Uber. El salario de 1.000 euros al mes que comenzará a recibir fue suficiente para convencer a la Sareb de renegociar un alquiler social con la familia y suspender la orden de lanzamiento, por lo menos seis meses, la víspera de su ejecución.

No era la primera experiencia de la familia lidiando con la Sareb. Adoración, madre de Herminia, fue desalojada hace dos semanas aunque la Sareb le había asegurado el día anterior que aplazaba el desahucio. Entonces se vio obligada a pasar una semana viviendo en el piso de Herminia, junto con su otro hijo, su nuera y sus cuatro nietos menores. Eran 11 personas viviendo en tres habitaciones, todas a un paso de la calle.

Este aprendizaje reciente hizo que la Asamblea de Carabanchel mantuviera su convocatoria a las 8.00 a quien quisiera ir a apoyar para detener el desahucio programado, aunque la Sareb le había dicho que lo suspendía. A lo largo de la mañana se congregaron decenas de vecinos en el portal número 32 del Paseo Castellanos, pero los negociadores de la Asamblea lograron demostrar el compromiso de la Sareb al juez y a las 10.00 se confirmó el aplazamiento, sin presencia de la comisión judicial ni de la policía. Una pequeña victoria que sabe a poco cuando saben que vendrán más derrotas.

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