Una concejal del PP de Alcorcón, investigada por malversación y prevaricación

La concejal del PP en el Ayuntamiento de Alcorcón, Susana Mozo, está siendo investigada por un juzgado de la localidad por la posible comisión de los delitos de malversación y de prevaricación. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2, Juan Ramón Rodríguez Llamosí, entiende que la edil y consejera de la empresa municipal de la vivienda firmó en 2012 un contrato de liquidación de las obras del Centro de Creación de las Artes de Alcorcón (CREAA) por un valor de 34 millones de euros. Mozo carecía de los poderes necesarios para una transacción por un montante tan alto, además de que el contrato no tenía los informes técnicos preceptivos, según el auto al que ha tenido acceso EL PAÍS.

La denuncia contra Susana Mozo fue interpuesta por la actual alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés (PSOE), el 20 de marzo de 2019. En una primera instancia, fue archivada por el juzgado de Alcorcón, pero De Andrés recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid que obligó a reabrir el caso y estudiarlo a fondo.

Los hechos se remontan a 2012 cuando la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa) había entrado en concurso voluntario de acreedores, en tiempo en que era alcalde el actual consejero de la Vivienda y de Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez. La segunda teniente de alcalde, Susana Mozo, era la consejera delegada de la entidad local. Según los cálculos del PP en aquellas fechas, el pasivo de esta empresa era de unos 330 millones de euros. Por ello, el equipo de gobierno del PP acudió el 29 de febrero de 2012 al concurso voluntario, que recayó en el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid. Sin embargo, quedaba por rematar el CREAA, una enorme inversión en la zona de los Castillos del barrio de San José de Valderas que iba a realizarse con las plusvalías de la venta de locales, aparcamientos y pisos sociales levantados en el municipio, en especial en la zona del Ensanche Sur.

El CREAA estaba en aquella época prácticamente terminado, a falta de algunos remates y de la entrega de la obra civil al Ayuntamiento de Alcorcón. Sin embargo, la consejera delegada de Emgiasa decidió firmar un contrato con la unión temporal de empresas (UTE), formada por FCC Construcción y Ferrovial Agroman, por el que liquidaba las obras tras pagar 33.993.505 euros, según el contrato al que ha tenido acceso este periódico. En concreto, la empresa municipal abonaría algo más de 29 millones de euros por certificaciones de obra y devoluciones de retenciones en metálico. El capital restante (4,97 millones, por lucro cesante, acopios y retirada de las instalaciones de obra, entre otros conceptos) se saldarían con la entrega de bienes inmobiliarios -aparcamientos y locales, entre otros-, mediación la dación en pago. Para ello, se contrataría incluso una empresa especializada en tasación, para que lo realizara a precio de mercado. El contrato incluye incluso una cláusula de confidencialidad, por el que las partes se comprometen a no revelar a terceros su contenido.

Ante estos hechos, el magistrado Rodríguez Llamosí entiende que hay que abrir un procedimiento abreviado contra Susana Mozo, actual concejal en la oposición. El juez entiende que ha podido cometer los delitos de malversación y de prevaricación, recogidos en los artículos 432 y 404 del Código Penal. El primero puede acarrear una pena de prisión de dos a ocho años de prisión, mientras que el segundo lleva la inhabilitación para ser cargo público de nueve a 15 años.

El auto mantiene que Susana Mozo “firmó en su condición de cargo público aprobado por el Ayuntamiento de Alcorcón sin tener poderes para ello”. Carecían, según el escrito, de facultades especiales para resolver el contrato del CREAA: “Estaba facultada únicamente para firmar contratos hasta el límite de 90.000 euros”. Por lo tanto, excedió, y por mucho, la cuantía de la liquidación de las obras. Tampoco están justificadas la devolución de las cantidades por la dirección facultativa de la obra, según el escrito judicial. A todo ello se suma que no están certificados por los técnicos la devolución de 2,4 millones de euros en concepto de acopios.

El magistrado concluye en su escrito que la actuación de Mozo “pudiera haber causado un grave perjuicio para el patrimonio de la empresa pública en particular y de fondos públicos en general, al abonarse cantidades sin contar con la justificación técnica preceptiva”. El auto, contra el que cabe recurso, obliga a que se dé traslado al fiscal y a la acusación particular ejercida por Natalia de Andrés para que formulen acusación contra la concejal del PP o pidan el archivo de la causa. También pueden solicitar pruebas complementarias antes de que se dicte el auto de apertura de juicio oral o de sobreseimiento.

La concejal del grupo municipal del PP declinó ayer declaraciones sobre el auto del Juzgado número 2 de Alcorcón, ya que el caso está siendo tramitado en los juzgados.