LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

La edad media de quienes piden ayuda por primera vez baja 30 años

Además del golpe sanitario y económico, Madrid soporta el golpe social. Entre el 25% de menor edad, la media baja de 40 a 27 años

Cola para el banco de alimentos en el barrio de Orcasitas, este verano.
Cola para el banco de alimentos en el barrio de Orcasitas, este verano.Olmo Calvo

Las peores expectativas se cumplen en la segunda ola de la pandemia. Además del golpe sanitario y económico, Madrid soporta el golpe social. El Ayuntamiento tiene un nuevo reto: la media de edad de las personas que solicitan por vez primera ayudas sociales ha bajado 30 años, de 71 a 41. Y, entre el 25% de menor edad, la media baja de 40 a 27 años. La tarjeta de familias para dignificar las ayudas fue enunciada con mucha pompa hace dos meses. Se gestionan ya más de 1.300, pero su instauración choca con la burocracia. Decenas de miles de madrileños acuden mientras tanto a las colas del hambre.

El pasado junio, el Ayuntamiento de Madrid anunció que la pandemia estaba cambiando el perfil de las personas más vulnerables. Cuatro meses después, la capital sigue sumida en la espiral de las consecuencias del virus y nada hace prever ninguna mejora a corto plazo. Los que llaman ante los Servicios Sociales por vez primera, esos a los que se les han cerrado el resto de puertas, son cada vez más jóvenes. Y, además, nunca se habían enfrentado al peso del estigma que supone pedir ayuda.

Si antes del mes de marzo de este año los que acudían a pedir ayuda a esos servicios por vez primera tenían una media de 71 años, ahora esa edad se ha hundido hasta los 41. Y si antes, entre el 25% más joven de los solicitantes, la edad media era de 40, ahora es de 27. Son datos ofrecidos en la comisión de Servicios Sociales de ayer por el director general de Innovación y Estrategia, Héctor Cebolla. Aumenta además “de forma significativa” la demanda de ayuda desde hogares con menores a cargo.

Una campaña contar el estigma

“El problema de estos nuevos perfiles, más jóvenes y muchas veces con hijos, es que nunca han accedido a los Servicios Sociales, no saben cómo contactar y tienen una imagen negativa de ellos”, explica a EL PAÍS el responsable del área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte. Para poder afrontarlo, el Ejecutivo municipal pondrá en noviembre en marcha una campaña de los centros de servicios sociales de la ciudad para “desestigmatizarlos y mostrar cercanía”.

Se trata de que aquel que lo necesite pida ayuda como el que acude al médico, sin necesidad de esperar a que sea demasiado tarde. “El mensaje es que los Servicios Sociales están para ayudar a cualquiera cuando las cosas le van mal”. También trabajan en el diseño de nuevas formas de acceso a los servicios a través de la web o vía aplicación móvil. En todo caso, Aniorte es consciente de que las “debilidades históricas de Servicios Sociales” relucen más con la pandemia.

El Ejecutivo municipal presentó como medida estrella a finales de agosto la conocida como tarjeta de familias, con un presupuesto de 27 millones de euros. Lo hizo por todo lo alto con el alcalde y la vicealcaldesa fotografiándose con la visa prepago de La Caixa que pronto iban a recibir los vecinos. Pero dos meses después sigue sin estar en manos de sus destinatarios. Aniorte explicó este lunes que se están gestionando unas 1.300 solicitudes y que “falta poquito” para que empiecen a repartirse. “La tarjeta familias es ya una realidad en Madrid”, añadió durante su comparecencia en la comisión. “Es un avance bestial”, entiende, porque antes este tipo de ayudas tardaban cuatro o cinco meses.

Con esa tarjeta aquellos que la obtengan, que recibirán entre 125 y 630 euros mensuales, pueden comprar en los comercios alimentos y productos de primera necesidad. La justificación de los gastos se hace a posteriori. La oposición se ha mostrado crítica porque el disfrute de la tarjeta es incompatible con otras ayudas de manutención o cestas de comida, el ingreso mínimo vital o la renta mínima de inserción. Es decir, no podrán acceder a ella las familias que superen entre todos sus miembros los 950 euros.

Problemas burocráticos

Detrás de los fuegos de artificio y la expectación que generó una presentación tan mediática, la realidad choca también con la burocracia. Es más, para que esa tarjeta de familias eche raíces y no se esfume el 31 de marzo, como está previsto en estos momentos, es necesario modificar la actual ordenanza que rige las prestaciones económicas municipales. Tienen que encajar los engranajes de Hacienda, Servicios Sociales y Coordinación Territorial. Los grupos municipales han recibido estos días un borrador de la futura ordenanza. Aniorte reconoce que hay media docena de puntos que habrá que consensuar.

Héctor Cebolla entiende que el panorama catastrófico que anunciaron en el primer estado de alarma les ha permitido afrontar de la manera correcta la situación que vivimos en esta segunda ola. Es más, asegura que no hay personas que escapen al paraguas de los Servicios Sociales si cumplen con los requisitos. “Nadie que formule una demanda y que se sitúe en los umbrales de extrema vulnerabilidad que marquen los baremos que forman parte de nuestra regulación se estará quedando fuera de las prestaciones”, dijo Cebolla en la comisión.

El perfil del nuevo demandante de ayudas empezó a dibujarse en abril. Cebolla, que se mueve entre herramientas demoscópicas, ya habló en junio abiertamente de él. Los destinatarios de las ayudas iban a ser más jóvenes y más cualificados. También los hogares monoparentales y los que cuentan con menores se preveían que iban a sufrir más la crisis. Calculaban entonces que iba a ser necesario triplicar las ayudas a personas de entre 30 y 64 años. Los nubarrones anunciados nos cubren ahora porque, según dijo Cebolla a las puertas del verano, estas tormentas no son más que patrones que se cumplen en otras crisis. Y sus datos exigen no guardar el paraguas de momento.

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