Comienza la investigación política de la crisis de las residencias en Madrid, un nuevo frente para Ayuso

Los primeros testigos comparecen este viernes ante la comisión de la Asamblea de Madrid que busca aclarar responsabilidades por las miles de muertes de la primavera

Varios operarios trasladan el 14 de abril cadáveres de la residencia geriátrica "Los Peñascales", en Torrelodones (Madrid).Ángel Díaz Briñas (Europa Press)

El ciclón informativo de la pandemia ha dejado en un segundo plano la tragedia de casi 6.000 muertos en las residencias de Madrid, una de las páginas más dramáticas de la crisis sanitaria. Estos sucesos de primavera que hicieron tambalear al Gobierno de Isabel Ayuso vuelven a ser noticia porque este viernes la comisión de la Asamblea de Madrid que investiga los hechos comienza a recibir testigos. La comisión supondrá probablemente un goteo de nuevas revelaciones, un dolor de cabeza añadido para la presidenta que se suma a las ...

El ciclón informativo de la pandemia ha dejado en un segundo plano la tragedia de casi 6.000 muertos en las residencias de Madrid, una de las páginas más dramáticas de la crisis sanitaria. Estos sucesos de primavera que hicieron tambalear al Gobierno de Isabel Ayuso vuelven a ser noticia porque este viernes la comisión de la Asamblea de Madrid que investiga los hechos comienza a recibir testigos. La comisión supondrá probablemente un goteo de nuevas revelaciones, un dolor de cabeza añadido para la presidenta que se suma a las tensiones con el Gobierno central y su socio, Ciudadanos, durante la segunda ola de coronavirus.

La comisión tiene por fin examinar por qué las residencias de la Comunidad fueron tan golpeadas por el virus. ¿Fue una tragedia inevitable como sugiere la presidenta o pudieron las autoridades haber salvado vidas?, ¿influyó en la elevada mortalidad la gestión privada de las residencias que domina en la región o fueron más determinantes otros factores como el rechazo de los hospitales, la ubicación de los geriátricos o su tamaño?

La sesión de comparecencias de este viernes es la primera de 21 previstas a lo largo de un año, un calendario muy espaciado que diluirá su intensidad informativa. El tema reaparecerá los viernes sin una periodicidad fija. La siguiente sesión es dos semanas más tarde, el 13 de octubre, y la posterior, tres semanas después, el 13 de noviembre.

Uno de los fines de la comisión es examinar la gestión de los políticos pero su turno para sentarse a declarar llegará el año que viene. Los diputados han reservado un primer bloque de sesiones para que comparezcan familiares, directores de residencias y otras personas que estuvieron en primera línea. Este viernes hablarán desde las 9.45 h tres testigos: Miguel Vázquez, presidente de la plataforma de familiares Pladigmare; Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales; e Ignacio Fernández Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia.

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Una peculiaridad de esta investigación es que se celebra sin que haya acabado la pandemia, de modo que las indagaciones podrían coincidir con nuevos repuntes de muertes. La segunda ola está siendo mucho más contenida quizás porque muchos mayores que se contagiaron ya son inmunes o quizás porque ahora sí se producen traslados a hospitales. Las nuevas averiguaciones científicas sobre el virus también podrían influir sobre el examen en la Asamblea.

Los políticos, el año que viene

Madrid es la comunidad donde más mayores de residencias murieron en primavera. En números absolutos murieron 5.954 mayores por covid-19 dentro de las residencias madrileñas. Esa cifra no incluye a los enfermos de covid-19 que fallecieron dentro de hospitales. En total, uno de cada cinco ancianos que vivía en marzo en residencias de Madrid perdió la vida durante la primera ola: 11.555 fallecidos de un total de 52.123 asumiendo que todas las plazas de residencias estaban copadas en marzo, como presuponen fuentes de la consejería de Políticas Sociales.

Una de las defensas del PP ha sido rebajar el alcance de la tragedia en Madrid. Es cierto que el virus causó estragos en toda España porque murieron 19.200 mayores de residencias. Pero Madrid registra los peores datos de España al dividir el número de muertos por el total de plazas de residencias. El PP ha usado otros cálculos, dividiendo el número de muertos por el total de fallecidos en cualquier lugar de esa comunidad. De este modo Aragón, una comunidad poco sacudida, tenía un 84% de muertos que vivían en residencias y Madrid, el epicentro de la pandemia, solo un 32%. En Aragón, 713 mayores de residencias murieron por covid-19.

Otro asunto que tendrá que ser dilucidado es la responsabilidad del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y de la presidenta Ayuso. Como han probado informaciones de este periódico y otros medios, la Comunidad dio órdenes para limitar el traslado a hospitales de mayores de residencias. El fin era evitar el colapso de sus hospitales y supuestamente curar a los ancianos en sus geriátricos, un objetivo imposible de cumplir por centros desprovistos de medios sanitarios. La medicalización fue un fiasco como admitió a este periódico el propio responsable de llevarla a cabo, Carlos Mur de Víu, un alto cargo de la consejería de Sanidad. Durante los 12 días de mayor saturación de los hospitales, estuvo en marcha la “Operación Bicho”, un plan caótico dirigido por una inexperta, Encarnación Burgueño, hija de un influyente asesor de Ayuso.

Los grupos parlamentarios han hecho cientos de solicitudes de comparecencia a la Mesa de la Asamblea, pero las aprobadas aún no tienen fecha. Los grupos que apoyan a Ayuso (PP, Cs y Vox) han pedido la presencia de miembros del Gobierno central: el presidente, Pedro Sánchez; el vicepresidente y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias; o el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Una línea de crítica al Gobierno central apunta a su posible responsabilidad por no haber suministrado mascarillas o tests a las residencias.

Pero líderes estatales del PP han ido más allá. Salieron al rescate de Ayuso en lo peor de la crisis argumentando que la declaración del estado de alarma el 14 de marzo supuso que el Gobierno central se convertía en responsable “único” de la gestión de las residencias. Pero el estado de alarma era una herramienta para limitar derechos y libertades fundamentales, no para retirar competencias a las comunidades. El artículo 6 del real decreto de estado de alarma dice claramente que cada administración "conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios”.

Un protagonista clave será el exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero. No se calló durante la crisis y las semanas posteriores para denunciar a su compañero Escudero. Dijo que sus pedidos de auxilio por teléfono y por correo electronico cayeron en oídos sordos durante semanas. Le advirtió de que se estaban produciendo muertes indignas en las residencias por culpa de la falta de asistencia por parte de los hospitales. Escudero asegura que Reyero no se comunicó con él, pero este periódico tuvo acceso a correos que muestran lo contrario.

Reyero dimitió hace una semana, una decisión que dijo llevaba meditando desde hacía tiempo. Será uno de los comparecientes en la comisión. Ahora que es diputado raso de Ciudadanos será más libre para hablar sobre lo sucedido y es probable que no se muerda la lengua.más libre para hablar sobre lo sucedido y es probable que no se muerda la lengua.

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