La ley del voluntariado frena el uso de rastreadores universitarios gratis

La ley del voluntariado regional ha impedido que la Comunidad seleccionara rastreadores de entre los 500 currículos que recibió en agosto de universitarios dispuestos a trabajar sin sueldo. Aunque el Gobierno negó que la iniciativa de buscar investigadores gratis fuera suya —”nunca hemos pedido voluntarios”, dijo el consejero Ruiz-Escudero—, el rector de la Complutense se lo transmitió así a sus egresados, provocando la protesta de estudiantes, ongs o sindicatos por la “precarizacion” del puesto de trabajo. Ese proyecto coincidió con el de captar rastreadores entre funcionarios voluntarios. Solo cinco de ellos se han incorporado.

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Entre finales de julio y principios de agosto, la Comunidad estuvo en el centro de dos decisiones que advertían de una posible nueva crisis sanitaria. Ante el repunte de contagios por coronavirus, primero propuso que hubiera funcionarios de los Ayuntamientos de la región que se incorporaran voluntariamente a su equipo de rastreadores —con sueldo a cargo de sus municipios— y luego dijo recibir 500 currículos de egresados universitarios con el mismo propósito —en este caso, sin remuneración—. Sin embargo, de entre esos dos grupos solo ha seleccionado a cinco nuevos rastreadores, todos procedentes del Ayuntamiento de la capital, según información obtenida a través del portal de transparencia por la Coordinadora del Tercer Sector.

¿Qué ha pasado con los 500 currículos que dijo haber recibido la Comunidad de universitarios dispuestos a ser rastreadores no remunerados?

“Efectivamente, hubo ofertas de voluntarios, pero el marco legal autonómico impide que los voluntarios hagan tareas propias de la administración”, contestaron desde la Consejería de Sanidad.

Así, el artículo 13 de la ley madrileña de voluntariado dice que “el voluntario y las organizaciones de voluntariado no llevarán a cabo actividades que sean realizadas por el personal al servicio de las Administraciones Públicas”.

La contradicción entre ese texto y la iniciativa, que la Comunidad achacó a las universidades cuando estalló la polémica, fue inmediatamente señalada por la Coordinadora del Tercer Sector. La plataforma pidió más datos al Ejecutivo, y recibió ayer una respuesta que, en el fondo, entierra el proyecto.

“No es posible facilitar los convenios con las entidades sin ánimo de lucro que van a cooperar con la citada Dirección General, así como los informes que sustentan la necesidad para su firma y que tendrían que haber sido necesariamente realizados por la Abogacía General de la Comunidad y otros servicios, por no haberse realizado ningún convenio con entidades sin ánimo de lucro para que sus voluntarios realicen la labor de rastreadores de contactos a Covid-19”, detalla el Gobierno. “Así mismo, y dado que la Dirección General de Salud Pública no cuenta con personal voluntario, es imposible facilitar copia del seguro de voluntariado que habría tenido que suscribir la Comunidad de Madrid si para la labor de rastreo se hubiera utilizado personal voluntario”.

A principios de julio, el temor a los rebrotes movilizó a la Administración en la búsqueda de soluciones para frenar una segunda ola de la pandemia antes de su comienzo. Así, según información obtenida por CCOO, Salud Pública cursó durante el verano hasta 188 solicitudes de contratación de personal con formación suficiente para ser rastreador. También se tramitó con carácter de urgencia un contrato con Quirón para incorporar a 22 investigadores por casi 200.000 euros. De esa forma, Madrid llegó hasta los 560 investigadores con los que dice contar hoy, divididos entre los alrededor de 350 con formación sanitaria, y los 210 que trabajan como telefonistas en el seguimiento de contactos.

Militares

El papel de estos profesionales es clave para frenar la expansión del virus: deben localizar a los contactos estrechos de los nuevos positivos para determinar si están infectados y limitar en lo posible los contagios provocados por enfermos asintomáticos.

Dos hechos demuestran que los 560 con los que dice contar Madrid no son suficientes. El Gobierno regional acaba de pedirle al Ejército que envíe a 150 de los 2.000 rastreadores que ha formado para reforzar su equipo. Y a principios de agosto afrontó el desgaste de verse en el centro de una nueva polémica por la búsqueda de rastreadores voluntarios.

“Me parece una vergüenza que una universidad pública se preste a esto”, reaccionó una usuaria en Twitter cuando se conoció que la Complutense había mediado con sus licenciados y titulados para que supieran que la Comunidad buscaba médicos, enfermeros, biólogos o psicólogos para trabajar como rastreadores voluntarios. “¿Los vais a pagar vosotros? Alucinante que encima fomentéis la precarización del personal con esta preparación que tantos años y esfuerzos les ha costado”.

“Espero que ninguna persona se presente”, decía otra de las cientos de respuestas que originó el anuncio de la Compultense en sus redes sociales. “Esto es una vergüenza y hacer el trabajo gratis es hacer el trabajo mal”.

Casi un mes después, el número de contagiados sube (ayer se notificaron 563), como el de hospitalizaciones (ya 1.811), aunque la ocupación de camas hospitalarias no llega al 20%, y todos los expertos coinciden en que el ritmo de avance de la pandemia es mucho más lento que en marzo, cuando comenzó un trimestre que segó la vida de más de 15.000 personas en la región.