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Al menos 2.600 sanitarios madrileños están contagiados o en aislamiento

De esa cifra, 1.487 son enfermeros y auxiliares, 685 médicos, 275 de gestión y servicios y 154 profesionales en formación

Isabel Valdés
Aplauso de las ocho de la tarde en el hospital La Paz.
Aplauso de las ocho de la tarde en el hospital La Paz.PIERRE-PHILIPPE MARCOU (AFP)

Un total de 2.601 profesionales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) han resultado contagiados o se encuentran en situación de aislamiento por coronavirus, según datos oficiales a los que ha tenido acceso Europa Press. De ellos, 1.487 son personal de enfermería y auxiliares, 685 facultativos, 275 de gestión y servicios y 154 profesionales en formación. Las últimas cifras las había dado el lunes el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que aseguró que había 600 positivos y 1.400 en aislamiento por haber tenido contacto con personas contagiadas “sin las medidas adecuadas”.

Sin embargo, estas cifras son bajas si se comparan con los datos que recopilan algunos centros. El pasado 23 de marzo, solo en el hospital de La Paz, había 426 profesionales en aislamiento domiciliario de los 5.494 de plantilla. “Somos uno de los más de 100 hospitales que hay en Madrid, es absolutamente imposible que esa sea la cifra, incluso con los compañeros nuevos que se han ido incorporando tras las bajas”, apunta uno de los trabajadores sanitarios de ese centro.

En otro hospital madrileño, como el Infanta Leonor, con menos personal, el lunes tenía 198 entre positivos y aislamiento de los 1.633 que tiene. En el Ramón y Cajal, con una plantilla sanitaria de 3.859 personas, varios profesionales aseguran que no hay ningún área que no tenga una o varias personas de baja por positivo o en aislamiento. Una facultativa, aislada en casa desde hace más de una semana sin que se le haga la prueba, cuenta que solo entre sus conocidos hay más de 20 personas: “Entre enfermeras y médicos: cirujanos, de urgencias, un oftalmólogo...”.

También parecen bajas tras la alerta de este miércoles del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (Codem). Según la entidad, más de 1.700 profesionales de este colectivo están inactivos por el coronavirus, ya sea por haber dado positivo o por encontrarse a la espera del test que lo confirme. La región registra 14.597 casos y 1.825 muertos y acumula 1.150 pacientes en UCI, según el último balance.

El departamento de Salud Laboral de Comisiones Obreras advierte de que la cifra “no es real, no puede serlo” porque no “se hace a todos los profesionales la PCR aunque tengan síntomas e incluso aunque les hayan aislado y estén en su casa tampoco verifican todos los posibles positivos”. Esto, dice el sindicato, indica que las plantillas están ya “muy diezmadas” y que los contagios entre profesionales son tan elevados que provocan un efecto dominó: "Menos profesionales, más colapso, más contagios en las urgencias porque se hacinan los enfermos”.

La constante falta de equipos

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A todo estos profesionales, Ruiz Escudero mandó este miércoles por carta un mensaje de agradecimiento por su labor en la pandemia del coronavirus y les aseguró que, pese a las “dificultades”, trabajan “incansablemente” para que puedan desarrollar su labor con los equipos de protección adecuados. “Espero que la situación mejore de manera inmediata. Es una de nuestras principales prioridades y nuestro afán es lograrlo”, subraya en la misiva.

La falta de equipos de protección individual se extiende por Madrid y también por el resto de comunidades, aunque de forma menos acusada. Profesionales de la sanidad y sindicatos llevan desde el comienzo de la crisis denunciando su escasez. UGT denuncia en un comunicado que, mientras la pandemia se extiende, “los protocolos que los responsables de las autoridades sanitarias pretenden aplicar a los profesionales sufran cambios que reducen el nivel de seguridad y protección a niveles mínimos e incluso se obliga a los trabajadores al ejercicio de su profesión sin ningún tipo de medida de protección”.

Este miércoles, el Juzgado de lo Social número 31 de Madrid dio a la Comunidad un día para dotar de material de protección a los sanitarios, que se cumpliría este jueves al considerar que “las medidas preventivas son las necesarias para que los profesionales sanitarios puedan realizar su trabajo en las mínimas condiciones de seguridad”. Así reza el auto en el que la titular de este juzgado admitió las medidas cautelarísimas solicitadas por la Asociación de Médicos Titulados y Superiores de Madrid (Amyts) contra la Consejería de Sanidad. En cambio, también este martes, horas después de la decisión en Madrid, el Tribunal Supremo rechazó obligar al Ministerio de Sanidad a hacer lo mismo, porque no consta que el departamento no esté en ello, al contrario, entiende que está haciendo lo que está en su mano para conseguirlo.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, elevará al Gobierno central la decisión de este juzgado. “Lo vamos a elevar a la autoridad pertinente, que en este caso es el mando único del Ministerio de Sanidad y más desde que se decretó el estado de alarma. Y seguir mientras tanto diciendo nosotros lo que llevamos pidiendo desde hace muchas semanas: que nos hace falta material”, ha indicado en una rueda de prensa telemática.

Tras aprobar Ayuso el domingo un gasto extraordinario de 23,3 millones de euros para comprar material sanitario en China, y anunciar que este llegaría en apenas 48 horas hasta la capital, aún no ha aterrizado el primer avión con este cargamento en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. “Galicia, Extremadura o Andalucía nos van a prestar respiradores temporalmente”, explicó antes de que su Gobierno aprobara un nuevo gasto de 23,8 millones (para un total de 47,1), en este caso para comprar respiradores. La Comunidad no ha detallado qué es lo que ha comprado, ni cuánto le ha costado. Una vez que el primer avión con material no ha aterrizado en el plazo anunciado, tampoco ha aclarado cuándo lo hará.

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Isabel Valdés
Corresponsal de género de EL PAÍS, antes pasó por Sanidad en Madrid, donde cubrió la pandemia. Está especializada en feminismo y violencia sexual y escribió 'Violadas o muertas', sobre el caso de La Manada y el movimiento feminista. Es licenciada en Periodismo por la Complutense y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS. Su segundo apellido es Aragonés.

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