ELECCIONES CATALANAS

La comunidad musulmana catalana denuncia a Vox por incitar al odio

Las tres federaciones que agrupan al 90% de las mezquitas llevan al fiscal la campaña ultra que identifica Islam con terrorismo

Imagen de la mezquita de Palafruguell utilizada por Vox en su campaña #StopIslamización en las redes socialesTwitter

Las tres mayores federaciones musulmanas islámicas de Cataluña han denunciado los ataques de Vox contra los fieles de su religión ante el fiscal encargado de perseguir los delitos de odio y discriminación en esa comunidad autónoma.

Las tres organizaciones (Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya, Federació Consell Islàmic de Catalunya y Federació Islámica de Catalunya), que agrupan más del 90% de las 330 mezquitas de Cataluña y está reconocidas como interlocutores de la comunidad musulmana por la Administración, denuncian la campaña #StopIslamición, lanzada por el partido ultra a través de las redes sociales para las elecciones autonómicas del 14 de febrero.

Entre otros mensajes de tinte xenófobo, la denuncia se centra en un vídeo en el que se mezclan noticias relacionadas con la comunidad musulmana en Cataluña (la puesta en marcha de un plan piloto para impartir la religión islámica como asignatura optativa en las escuelas o la construcción de una mezquita) con imágenes de los atentados del 17 de agosto de 2017 en las Ramblas de Barcelona, y se representa a los musulmanes “como extranjeros peligrosos, sospechosos o potencialmente terroristas”. Según la denuncia, el vídeo utiliza imágenes tomadas en otros países, como la de mujeres con burka, una vestimenta propia de Afganistán, “para reforzar la idea de atavismo y atraso de los musulmanes” que viven en Cataluña.

Con 564.055 musulmanes, de los que más de 200.000 tienen nacionalidad española, según el último estudio demográfico de la Unión de Comunidades Islámicas de España, Cataluña es la comunidad autónoma con más fieles de dicha religión.

La denuncia, que también suscribe Musulmanes contra la Islamofobia, una asociación defensora de los derechos civiles, sostiene que la difusión del vídeo en plena campaña electoral “busca generar un clima de miedo en la opinión pública […] con la finalidad de conseguir el mayor número de votos”, a costa de provocar “la estigmatización de las personas musulmanas en Cataluña”.

La denuncia se apoya, entre otros argumentos, en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sostiene que “la incitación al odio no requiere el llamamiento a un acto concreto de violencia” y que “injuriar, ridiculizar o difamar a partes de la población […] es suficiente para que las autoridades privilegien la lucha contra el discurso racista frente a una libertad de expresión que atenta contra la dignidad e incluso seguridad” de comunidades concretas.

Con independencia del “reproche social, moral o ético” que merezca la campaña de Vox, las federaciones musulmanas piden a la Fiscalía que investigue si los autores del vídeo han incurrido en un delito de incitación al odio o la discriminación contra un grupo de personas por razón de su religión, castigado con hasta cuatro años de cárcel.

El vídeo, con más de 43.000 reproducciones solo en Twitter, sigue accesible en esta red social a pesar de que sus responsables bloquearon el pasado jueves, durante una semana, la cuenta oficial del partido ultra por incitación al odio.

La vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, presentó el lunes una querella ante los juzgados de guardia de Madrid contra la responsable en España de Twitter, Nathalie Picquot. En ella se alega que el bloqueo de su cuenta supone una lesión de derechos fundamentales, la imputación falsa de un delito de odio y la comisión de otro de injurias y calumnias. Vox pide que se levante de inmediato el bloqueo de su cuenta alegando que impide a sus candidatos competir en igualdad de condiciones en la campaña electoral catalana.

Vox ha anunciado una reforma legal, inspirada en el proyecto del partido ultraconservador polaco Ley y Justicia, para que las redes sociales puedan ser sancionadas e incluso perseguidas penalmente por censurar contenidos.

Vox ha sido repetidamente condenado por asociaciones de la prensa y colegios de periodistas por vetar el acceso de periodistas y medios de comunicación a sus ruedas de prensa y actos públicos.

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