El fracaso del fondo de avales lleva a los encausados a usar su patrimonio para la fianza

La Generalitat descarta asumir directamente el pago de los investigados por el Tribunal de Cuentas por los riesgos legales

l conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, interviene en una rueda de prensa posterior a una reunión del Consell Executiu. En vídeo, el Govern no encuentra ningún banco que avale el fondo para el Tribunal de Cuentas.

Varios de los 34 ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña a los que el Tribunal de Cuentas investiga por supuestamente malversar dinero público en la promoción exterior del procés independentista utilizarán finalmente como aval su patrimonio personal para consignar la fianza de 5,4 millones de euros que el organismo les ha impuesto. La decisión, confirmada por fuentes jurídicas, llega después de que estos hayan constatado el fracaso del mecanismo diseñado por la Generalitat: un fondo de 10 millones con el que el Govern quería dar garantías a los bancos y que estos avalaran a los investigados. La fórmula ideada por el Ejecutivo catalán se ha topado con la negativa de las entidades a participar ante el difícil encaje jurídico de ese fondo público de avales. La Generalitat anunció el martes que tampoco se plantea avalar directamente a los investigados, para no poner en riesgo a sus servidores públicos.

La fianza tiene que ser consignada durante este miércoles y según fuentes de las defensas serán finalmente los investigados quienes la respalden con sus propios patrimonios. A la cantidad que ellos aporten habrá que sumar el dinero recogido por la llamada caja de solidaridad, la hucha creada por las entidades independentistas para dar apoyo en casos como el de los ex altos cargos. Dicha caja había recogido hasta el martes un millón de euros y los partidos independentistas hicieron un llamamiento a la ciudadanía para que hiciera más donaciones.

El president Pere Aragonès calificó el proceso del Tribunal de Cuentas de “represión económica” e insistió, sin dar más detalles, en que se seguiría trabajando más allá del límite de la medianoche para que llegase un aval y los investigados puedan así quitar la carga sobre sus bienes. El jefe del Govern se sumaba al titular de Economía, Jaume Giró, que antes había comparecido en la rueda de prensa semanal del Ejecutivo para esbozar los pasos a seguir tras la negativa de los bancos a apoyar los avales. “Persistiremos en las diferentes vías abiertas”, dijo.

El consejero defendió la legalidad del decreto ley aprobado hace dos semanas por el Ejecutivo catalán y aún pendiente de convalidación en el Parlament y de un dictamen no preceptivo solicitado por el PSC al Consejo de Garantías Estatutarias, órgano que vela por la constitucionalidad de las normas. Giró aceptó que un espaldarazo jurídico de ese ente podría ayudar a cambiar de idea a los bancos que han rechazado ayudar por no tener claro el soporte legal, aunque no se mostró muy confiado.

El texto aprobado por el Govern incluía una disposición adicional que abría la puerta a avalar de manera directa, a cargo del fondo aprobado para el Ejecutivo, a los 34 investigados si no se conseguía el apoyo de un banco. El titular de Economía rechazó usar esa vía: “Teniendo en cuenta los precedentes vividos en el país, provocaría angustia y miedo”, explicó, en alusión a posibles consecuencias penales. Giró descartó que hubiera presiones del Banco de España o que la cúpula del Instituto Catalán de Finanzas (que gestiona temporalmente el fondo) se haya negado a dar el aval.

“Impecable”

“No sé qué ha pasado. El mecanismo es jurídicamente impecable. No ha ayudado el ruido [mediático] y el poco margen de tiempo”, dijo Giró sobre las trabas del mundo financiero. El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, envió una carta a los militantes de su partido invitándoles a hacer donaciones a la caja de solidaridad y culpó a “la presión mediática y de los organismos del Estado” de no lograr los avales. Según Sànchez, la garantía llegará en los “próximos días” gracias a “la profesionalidad” de bancos “fuera del Estado”.

Según la investigación del Tribunal de Cuentas, que se remonta a los gastos de 2011, cuando Artur Mas aún estaba al frente de la Generalitat, se emplearon 5,4 millones de euros en promoción exterior del procés. Las defensas alegan que la situación es rocambolesca porque, por ejemplo, si en un viaje al exterior se realizó una atención a medios y allí se preguntó por el procés, todo el coste cuenta como supuesta malversación.

En la lista de afectados figuran, entre otros, el expresidente Carles Puigdemont, ahora prófugo de la justicia, el exvicepresidente Oriol Junqueras, recientemente indultado, o el exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell.

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