Diecisiete contribuyentes deben 36,7 millones a la Hacienda catalana

La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) contabilizó 17 morosos con deudas superiores al millón de euros al cierre del ejercicio 2020. Son casi el doble que los existentes un año antes y por una cuantía que es también muy superior a la de 2019: 36,7 millones de euros contra 14,8 millones, más del doble. El motivo de ese repunte se debe, según el Departamento de Economía y Finanzas, a que el pasado año se cerraron litigios abiertos con esos deudores, lo que permitió cerrar expedientes y certificar las cantidades a pagar.

De la segunda lista negra elaborada por la Hacienda catalana se concluye que hay altas de morosos pero ninguna baja respecto al año pasado. Y que una pequeña parte, cuatro contribuyentes, no solo le deben dinero a la Generalitat: la Agencia Tributaria nacional tiene el mismo problema con ellos. De hecho, mayor, porque las cuantías son muy superiores en su caso.

En el municipio de Terrassa se encuentran las dos primeras personas (físicas) del listado, las hermanas Maria del Carmen y María del Mar Ballbé Anglada, que acumulan entre ambas un importe 7,1 millones de euros. El segundo gran moroso de la Hacienda catalana es la empresa Moramar, una sociedad vinculada a las salas de bingo y que, según el registro mercantil, se encuentra en situación de concurso de acreedores. Le debe a la Generalitat 3,37 millones de euros, una cifra algo superior a la del año pasado, porque Moramar ya estaba en la selección de morosos en 2019.

El cuarto y el último que supera los 3 millones de euros es Ana María Borrell Marín, administradora de diferentes empresas que acumula una deuda tributaria de 3,08 millones de euros. La gran presencia de particulares se debe muy a menudo al impago del impuesto de Sucesiones, uno de los polémicos en Cataluña por su alto gravamen en comparación con otras comunidades autónomas y que se encarga de recaudar la ATC. En el caso de Moramar es muy probable que la deuda proceda del impuesto al juego., al igual que Recreativos Caballero, fabricante de máquinas recreativas, con una deuda que supera los dos millones de euros y que arrastra, al menos, desde el año pasado.

Muy diferente son los casos de Riera de Cabanyes y Rec Madral, dos compañías suministradoras de agua que adeudan 2,9 y 2,7 millones de euros, respectivamente. En ambos casos, aunque la Generalitat no concreta por qué tributo se les persigue, su deuda estaría vinculada al canon del agua, el mismo caso que la sociedad Comunitat d’Aigües (1,06 millones de deuda), que ya tenía cuentas pendientes con la Generalitat el pasado año.

La deuda de una estación de esquí

Una gran conocida de la Generalitat que se mantiene en el listado es Nozar, la inmobiliaria de la familia Nozaleda que explotó el resort de Boí Taüll hasta que, después de diferentes manguerazos de recursos públicos, la gestión de la estación de esquí quedó en manos de la Generalitat en 2014. Nozar continuó gestionando hasta 2014, hasta que finalmente la asumió el Departament d’Empresa a través de Acció. Nozar, como el año pasado, adeuda a las arcas autonómicas 1,36 millones de euros, una minucia si se tiene en cuenta los 215 millones que consta que le debe a la Agencia Tributaria estatal según consta en la lista de grandes morosos de ésta.

La presencia en ese otro listado negro elaborado en Madrid también afecta a Miquel Anglada Puigcerver (1,5 millones de deuda a la ATC y 2,6 millones a la AEAT), Ibupe Rehabilitació (1,6 millones y 2,33 millones) y Carmen Elena Blázquez del Pozo (2,6 millones y 10 millones), una particular antiguamente vinculada con Promotora Viladrau.

El resto de miembros de la lista son Natividad Casanovas (1,2 millones), Víctor Juan Fontfreda Puig (1,89 millones), la empresa Hato Verde Golf (1,07 millones), Nancy Janneth Suárez Cáceres (1,5 millones) y Luis Ventura Elías (1,49 millones).