Segundo, el hombre hundido por su desahucio que no pudo más

Segundo F., de 58 años, no soportó su desahucio. No resistió que le echasen del piso donde vivía desde 2018, en el barrio barcelonés de Sants. El hombre, de Ecuador, llevaba tres años sin trabajo. Con la ayuda de Cáritas, había intentado volver al mercado laboral, en una edad difícil. Solo entre febrero y noviembre del año pasado, con los efectos durísimos de una pandemia mundial, envió el currículum a ocho empleos. En los ocho casos fue rechazado, recuerda Cáritas. El lunes, un año después de no pagar el piso en el que vivía con su perro, decidió saltar por la ventana cuando la comitiva judicial se presentó en su casa para echarle.

Uno de los dos funcionarios llamó al timbre. Segundo tardó en responder. Al final abrió la puerta. “Haga el favor de ponerse la mascarilla”, le dijo el funcionario del SAC Civil, el servicio que entrega todas las notificaciones de los juzgados en Barcelona. Era su último día como encargado de asistir a lanzamientos. Segundo no le dijo nada. Caminó hacia una habitación del piso y se arrojó por la ventana ante la mirada incrédula del funcionario. No hubo tiempo para nada más.

La abogada de oficio del hombre había hecho un último esfuerzo para lograr un aplazamiento. Pidió la “suspensión extraordinaria” del desahucio por situación de vulnerabilidad, tal como prevé el decreto del Gobierno por las consecuencias económicas de la pandemia. La juez lo rechazó. No se cumplía el requisito de la suspensión automática: que el propietario sea un gran tenedor (10 o más pisos). En el caso de Segundo F., la propietaria es una mujer jubilada que tenía alquilado el piso de Sants por algo más de 800 euros como “complemento a su pensión”, según fuentes cercanas a la familia. La mujer, explican las mismas fuentes, estuvo siete meses sin cobrar la renta antes de decidirse a poner la demanda. La deuda total ascendía a 8.000 euros.

La magistrada Nieves Osuna alegó también que la documentación aportada por el hombre “no acredita la pérdida sustancial de ingresos” por la pérdida del empleo, otro supuesto para suspender un lanzamiento. Y subraya que no se hayan aportado nóminas de su anterior trabajo como mozo de almacén en Mercadona. Los días previos, la abogada estuvo persiguiendo al hombre para que le aportara documentación. Logró reunir los papeles del subsidio de desempleo y presentó la petición el jueves por la noche. El viernes, la juez le comunicó su negativa. El sábado por la mañana, la letrada llamó al hombre para informarle. Segundo no le cogió el teléfono. Por la tarde, le escribió un mensaje de WhatsApp explicándole que el lunes, a menos que la comitiva judicial aceptara suspenderlo en ese mismo momento, debería marcharse de casa. No le contestó.

El lunes por la mañana, el Ayuntamiento de Barcelona, mediante los servicios antidesahucio que asistían a Segundo, se puso en contacto con el abogado de la demandante por si podía conseguirse una prórroga. La propietaria acudió a la calle Bacardí. Pero su abogado estaba tan convencido de que el desahucio se acabaría suspendiendo in situ que ni siquiera se molestaron en llamar al cerrajero. El desahucio no se suspendió, pero tampoco se llevó a cabo: el inquilino se quitó antes la vida.

El periplo judicial de Segundo F. había seguido un camino habitual. El proceso se paralizó momentáneamente cuando solicitó la justicia gratuita. Se le asignó una abogada de oficio, y también se le ofreció un trámite que se suele hacer en casos de vulnerabilidad, en los que el juzgado pide permiso para hacer llegar datos personales de la persona afectada a los servicios sociales. Él nunca cumplimentó esos documentos. Y no fue hasta más tarde cuando, con la ayuda del servicio laboral de Cáritas, acudió a los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona.

En abril, el Consistorio elaboró un informe de vulnerabilidad, donde constaba que el hombre vivía solo, estaba en paro, y no podía hacer frente al alquiler. Su abogada presentó ese documento a la jueza. El Ayuntamiento reprochó el martes al juzgado que no tuviese una actitud proactiva y que se pusiese en contacto con ellos o con la abogada del hombre si faltaba algún trámite. Una posición más garantista en lugar de seguir adelante con el proceso. “Es una muerte que no debía haberse producido”, criticó la alcaldesa Ada Colau a través de su canal de Telegram. Y exigió a los juzgados que revisen “los criterios con los cuales deciden aplicar o no la moratoria vigente”.

Los especialistas recuerdan que el suicidio no suele tener un único detonante, sino que es el resultado de factores psicológicos, biológicos y sociales que tienen tratamiento. En el caso de Segundo F., nadie detectó las intenciones que rondaban su cabeza ante los problemas económicos que le acuciaban, o si sufría con algún otro tipo de inquietud. Él tampoco comunicó su situación a las redes de barrio, muy activas en Barcelona, como el sindicato de la Vivienda o el de Inquilinos. Una muestra de ello es que no hubo ni un solo tuit llamando a la gente a evitar su desahucio, y que la noticia no se conoció hasta que la publicó este diario. Las personas con conductas suicidas pueden llamar al Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o al Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema. También Barcelona cuenta con un teléfono de atención gratuito (900 925 555).