El TSJC estudia admitir a trámite tres recursos contra el aplazamiento de las elecciones catalanas

La nueva fecha de las elecciones catalanas, 30 de mayo, ya está en los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSCJ) ha informado este lunes que ya ha recibido tres recursos contra el decreto del Govern que aplaza las elecciones en Cataluña y se dispone a estudiar si los admite a trámite o no. Uno de esos recursos es de la Lliga Democràtica, la formación de centro catalanista que preside la politóloga Astrid Barrio, en el cual asegura que la modificación en el calendario vulnera sus derechos a la participación política. La ley electoral no recoge la posibilidad de aplazar las elecciones pero, ante los malos datos de la pandemia, el Govern y la gran parte de los partidos con representación en el Parlament acordaron el cambio el viernes pasado. La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha acusado al Gobierno central, sin pruebas, de estar detrás de las acciones legales.

Para la Lliga, que no se había presentado a los comicios tras fracasar sus acercamientos al PSC, se está ante la “suspensión de la democracia en Cataluña” pues el Ejecutivo en funciones tiene “toda la discrecionalidad” para decidir la nueva fecha según la valoración que haga de los datos sanitarios. “Acomodar la celebración de los comicios y la formación de un nuevo Govern a sus intereses electorales poniendo como excusa la pandemia es, en estas circunstancias, una enorme irresponsabilidad que ocasiona un agravio inasumible” al conjunto de catalanes y su economía, ha explicado la formación en un comunicado.

Barrio, en una entrevista a Catalunya Ràdio, ha explicado que aún están estudiando la posibilidad de solicitar medidas cautelarísimas ante el TSJC, algo que podría implicar que el tribunal obligara a volver a la anterior fecha, el 14 de febrero. El texto del decreto del Govern solo deja en suspenso el 14-F debido a la posibilidad de que se solape con el pico de contagios de la tercera ola del coronavirus y pone como fecha tentativa el día 30 de mayo, pero de nuevo advierte del contexto de la pandemia y salvaguarda otro posible aplazamiento. La convocatoria oficial debe ser el 5 de abril. La líder de la Lliga también cree que hay dejadez de funciones en tanto el dispositivo electoral no era lo suficientemente robusto para ser seguro a nivel sanitario y garantizar el derecho a voto de todos los ciudadanos.

El vicepresidente de la Generalitat y candidato de ERC a las elecciones, Pere Aragonès, ha defendido la cobertura legal que considera que tiene el aplazamiento de las elecciones del 14 de febrero y ha pedido “responsabilidad” a los partidos catalanes para no presentar recursos contra el decreto que pospone los comicios. En el Encuentro Digital de Europa Press, Aragonès ha afirmado que los partidos son “libres” de presentar un recurso, pero ha insistido en que deben ser responsables y ha recalcado que la decisión se tomó con un amplio consenso entre los partidos catalanes.

La que sí ha cargado directamente contra el Gobierno que preside Pedro Sánchez ha sido Marta Vilalta. La portavoz de los republicanos ha asegurado que la Lliga “le está haciendo el trabajo sucio” a los socialistas y recordó sus negociaciones para intentar ir juntos a estas elecciones. La Moncloa, dijo la líder de ERC, promueve “un 155 encubierto” para blindar sus intereses electorales. Preguntada sobre qué pruebas tenía para poder hacer esa afirmación, Vilalta ha asegurado que su formación “se mueve por percepciones” y que la oposición abierta al adelanto de ministros como el de Justicia, Juan Carlos Campo, demostraría la injerencia del Gobierno.

El Ejecutivo catalán y gran parte de los partidos políticos catalanes, menos el PSC, acordaron el pasado viernes mover la fecha de las elecciones autonómicas del 14 de febrero al 30 mayo, para así intentar esquivar el pico de la tercera ola de la covid-19. Esta última fecha la propuso el Ejecutivo en una reunión celebrada en el Parlament. El problema es que este tipo de aplazamientos están en un vacío legal, pues la ley electoral no los recoge. La Generalitat ha seguido los pasos de lo que hicieron los Gobiernos vasco y gallego el año pasado, que también tuvieron que mover la fecha de las elecciones por la pandemia.

Ese vacío legal y las críticas del PSC ya auguraban que la convocatoria electoral terminara en los tribunales. Eva Granados, la jefa de campaña de los socialistas catalanes, ha explicado este lunes que su formación sigue estudiando la posibilidad de presentar un recurso pero que no quiere “colaborar con el lío”. El PSC ha anunciado que “suspenderá” todos los actos de precampaña tras la decisión del pasado viernes y ha instado a todas las formaciones a que hagan lo propio. El líder del PSC, Miquel Iceta, aseguró el pasado viernes que el Govern no estaba meramente aplazando la campaña sino “cambiando las reglas de todo el juego”.

La nueva fecha electoral en Cataluña se justifica por dos razones. Primero, porque para finales de mayo se garantizará una horquilla de vacunación en Cataluña de entre el 9% y 30% y unas condiciones climáticas que dificultan la propagación del virus. Por otro lado, se cumple con los 54 días de plazo mínimo que fija la normativa electoral.