443 desahucios en Barcelona entre el 14 de septiembre y el 23 de octubre

Un informe de la unidad antidesahucios del Ayuntamiento de Barcelona alerta que desde el 14 de septiembre —fecha en que los juzgados reemprendieron la actividad judicial tras la primera ola de la covid— hasta el 23 de octubre, el Consistorio ha tenido conocimiento de 443 órdenes judiciales de desalojo que afectaban a 1.211 personas: 748 adultos y 463 menores. Con los datos del informe, la alcaldesa, Ada Colau, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez, en el que participa su partido, una ampliación de las moratorias para impedir una oleada de desalojos.

“El 22 de septiembre nos desalojaron a mi hermana, y a mí —con dos menores a nuestro cargo— del piso en el que llevábamos desde 2018 y que es propiedad de un fondo inversor. Mi hermana vive desde entonces con mi sobrina de dos años —enferma de fibromatosis— en un hostal. Mi hija y yo no hemos tenido más remedio que volver a liberar [así denomina a la ocupación] otro piso. Al final, nuestra manera de sobrevivir se ha convertido en una reivindicación. Quiero trabajar para pagar un alquiler digno y no las barbaridades que oímos cada dia”, explica Ana María Banegas, una de las afectadas por la nueva oleada de desahucios. El pasado 22 de septiembre decenas de Mossos se presentaron, por tercera ocasión, en las puertas de su vivienda en el 178 de la calle Còrsega de Barcelona. El Sindicato de Inquilinos y otros colectivos llegaron a concentrar decenas de personas en las puertas del edificio. De nada sirvió, Ana María y su hermana Yovana se quedaron, esta vez sí, en la calle.

Con los datos del informe Desahucios de Personas en Situación de Vulnerabilidad durante la Pandemia, adelantado por SER Catalunya, y al que ha tenido acceso este diario, el Ayuntamiento ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez una ampliación de las ayudas para impedir un “estallido social que podría evitarse ampliando la moratoria a todas las familias en situación de vulnerabilidad con independencia de si su precariedad es consecuencia de la covid”.

El documento destaca la extrema vulnerabilidad económica de familias que no disponen de ahorros ni patrimonio y tienen ingresos económicos mínimos que fluctúan entre 430 y 1.500 euros. Unos ingresos con los que, según el Consistorio, no se puede asumir un alquiler a precio de mercado.

Los redactores del informe aseguran que se están efectuando lanzamientos a “personas en situación de pobreza que no pueden acogerse a la moratoria del Gobierno porque su vulnerabilidad económica y social es anterior a la pandemia o bien porque carecen de un título legal sobre la vivienda en la que residen”. El 80% de las unidades familiares en proceso de perder la vivienda se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, y cumplen con los requisitos para acceder a una vivienda pública.

La unidad antidesahucios denuncia, además, las cada vez más “numerosas y contundentes” actuaciones de los Mossos d’Esquadra. “La desproporcionada presencia policial, los intentos de desahucio durante la madrugada o ya entrada la noche durante esta segunda ola de la pandemia, no solo vulneran los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, sino que comprometen la salud de las familias afectadas y también de las profesionales que las atienden”.

El informe destaca que los barrios que más han sufrido desahucios durante la pandemia han sido Raval, Carmel y la Antigua Izquierda del Eixample. “De hecho, durante el periodo analizado, se han señalado desahucios a familias con al menos un miembro contagiado por la covid-19 o menores en situación de aislamiento”, destaca el documento.

La mayoría de desalojos, el 38,12%, afecta a familias que han ocupado viviendas propiedad de bancos, seguidos por familiares que vivían de alquiler y pagaban su renta con normalidad hasta que uno de los adultos perdió el empleo, el 33,41%, y, en último lugar, un 14,5% de familias a las que se ha instado el desalojo sin haber informado al Consistorio para tener margen de mediación o de asignación de una vivienda social.

De las 443 órdenes de desahucio, más del 50% fueron impulsadas por grandes tenedores, empresas, bancos y personas físicas que tienen a su nombre más de 15 viviendas en Cataluña. El 36% proviene de pequeños propietarios y el resto todavía no se ha verificado. El informe concluye: “Resulta de máxima urgencia ampliar la moratoria de lanzamientos a todas las personas en situación de vulnerabilidad”.