El Parlament vota en contra de acatar la sentencia sobre Torra

El Parlament celebró ayer la última sesión del debate de política general y la mayoría independentista aprovechó para escenificar un nuevo pulso con la justicia, esta vez a cuenta de la posible inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra. Junts, ERC y la CUP rechazaron un texto de Ciudadanos que pedía acatar la sentencia del Tribunal Supremo sobre esa causa y aprobaron otro que defiende que “solo la mayoría” de la Cámara puede retirar la confianza en el president.

La acción de la justicia ha vuelto a servir de amalgama para el independentismo, ya inmerso desde hace meses en una carrera preelectoral y sin visos de poder pactar una estrategia común para embarcarse de nuevo en un plan por la secesión de Cataluña. Esta unidad momentánea se vio nítidamente en dos votaciones del tercer debate de política general del mandato de Torra, que será el último si finalmente el Supremo confirma la sentencia de inhabilitación dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que implicaría que el jefe del Goven cese en el cargo.

La primera fue un texto conjunto de las tres formaciones independentistas, que subraya que solo la mayoría de la Cámara catalana tiene legitimidad para “otorgar o retirar” la confianza tanto al president de la Generalitat como al Govern. El texto también reivindica la soberanía de los ciudadanos por encima de cualquier “criminalización, amenaza, intimidación o intento de deslegitimación por parte de la judicatura española”.

La segunda votación que mostró la sintonía fue una propuesta de resolución de Ciudadanos, el grupo mayoritario de la Cámara. El partido impulsó una iniciativa en la que recuerda que el Ejecutivo y el Legislativo catalanes están obligados a cumplir las resoluciones judiciales y por tanto deben acatar la sentencia que dicte el Supremo en relación con la causa de Torra y “cumplir los efectos jurídicos que de ella se deriven”. La iniciativa no prosperó al contar con los 56 votos a favor de las formaciones constitucionalistas, los 69 en contra de los independentistas y la abstención de los ocho diputados de Catalunya En Comú-Podem.

ERC y las elecciones

Torra, que compareció tras el pleno para insistir una vez más en la necesidad de que se implemente una baja laboral para los padres de menores en cuarentena por la pandemia, quiso sacar pecho de lo aprobado en el debate. En uno de los momentos más complicados de su mandato, el president consiguió que 33 de 34 propuestas de resolución firmadas conjuntamente por Junts per Catalunya y ERC, los socios del Govern, salieran adelante. El jefe del Ejecutivo catalán aseguró que entiende que por ello su gestión de la pandemia recibe un espaldarazo.

El Govern tuvo algunos reveses. Por ejemplo, la oposición unió sus votos para obligarle a fijar una ratio de 25 estudiantes en las clases de secundaria. El propio Departamento de Educación admite que un 30% de las clases de esa etapa superan el límite de 30 alumnos por aula. O la gratificación extraordinaria al personal de cuidado a dependientes por la covid-19. El PSC votó en contra de todos los textos promovidos por la mayoría del Govern para no hacer parte de un “espectáculo agonizante”, según dijo la diputada socialista Alicia Romero.

La oposición, que junto con ERC lleva días pidiendo elecciones para evitar la interinidad que generará la eventual inhabilitación de Torra, vio cómo los republicanos optaron por no apoyar ninguna de las mociones que pedían una convocatoria electoral sin ambages, presentadas por Catalunya en Comú-Podem, PSC o PP. Ciudadanos, con las encuestas en contra, no solicitó formalmente en ninguna de sus propuestas anticipar los comicios, aunque luego sí votó a favor la de los otros grupos.

“No vamos a votar con ustedes. Lo hacen para acusarnos de fracaso y para desgastar al Gobierno”, defendió la portavoz republicana Marta Vilalta para argumentar su voto negativo. ERC, sin embargo, presentó un texto en el que edulcoran esa petición de urnas con gran un pacto del mundo independentista y que también fue votado por sus socios, logrando así salir adelante. La resolución insta al Govern a formar un frente en contra “de la represión” para plantar cara “al autoritarismo” del Estado y “consensuar una respuesta a la posible inhabilitación” de Torra.

Junts per Catalunya, por su parte, se abstuvo en otra propuesta de Catalunya en Comú-Podem que insta al Congreso de los Diputados a reformar el delito de sedición, por el que —junto al de malversación de fondos— se condenó a los líderes del procés a penas de hasta 13 años de cárcel. El texto salió adelante gracias a los votos de los comunes, ERC y el PSC. Ciudadanos, PP y la CUP se opusieron. La iniciativa establece que ese tipo delictivo “no es homologable a las regulaciones europeas” e insiste en que debe blindarse el derecho a la manifestación.