Fomento y las patronales del sector inmobiliario ven “inconstitucional” la regulación del alquiler

Cuando faltan dos días para que el Parlament de Catalunya vote el proyecto de ley que busca regular el precio del alquiler, arrecian las presiones a favor y en contra. Si el fin de semana fueron el Sindicato de Inquilinos y los partidos que apoyan la ley (ERC, los comunes y la CUP) quienes hicieron campaña en las redes, Fomento del Trabajo y las patronales que representan al sector inmobiliario alertaron este lunes de la “inconstitucionalidad” del texto. La clave de la votación está en Junts per Cat: en julio apoyaba el texto pero dio marcha atrás y presentó ocho enmiendas.

Como ya hizo Fomento del Trabajo el pasado domingo, las asociaciones empresariales que representan a los promotores, constructores, agentes de la propiedad inmobiliaria, administradores de fincas o la Cámara de la propiedad urbana, expresaron ayer su rotunda oposición al texto. Recordaron que el Consejo de Garantías Estatutarias dictaminó por unanimidad que varios artículos no se ajustan al Estatut e invaden competencias estatales y que la Autoridad Catalana de la Competencia criticó los efectos negativos que puede tener la norma. Además, consideran que la ley “agravará el acceso a la vivienda y afectará gravemente a la seguridad jurídica” e instan al sector público a construir un parque de vivienda social suficiente y no penalizar a los propietarios”. Por último criticaron la “falta de diálogo del Govern”.

También la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) cargó contra la proposición de ley de regulación del alquiler y consideró que “vulnera la Constitución española, atenta contra el derecho a la propiedad privada y fomentará la economía sumergida en el mercado del alquiler en Cataluña”. La Asval también aseguró que reduciría la oferta, lo que impactaría en negativo sobre las rentas más desfavorecidas y aumentaría la economía sumergida. La asociación aseguró que pedirá al Gobierno y partidos un recurso de casación ante el Tribunal Constitucional si el Parlament aprueba el texto.

La norma prevé congelar y bajar los alquileres de los 60 municipios catalanes de más de 20.000 habitantes y llega después de dos años de trabajos y varias versiones de textos legislativos. Con la evidencia de vecinos expulsados de sus barrios y estudios como el del Observatorio Metropolitano de la Vivienda (de 2019) que indicaba que desde el año 2000 el precio de la vivienda ha subido el doble que la renta de las familias, la presión de las entidades forzó al gobierno a plantear la regulación del precio del alquiler.

Tras varios enfrentamientos por redactados escritos desde las consejerías de Justicia (en manos de ERC) y de Territorio (de JXC), finalmente, en el pleno de julio se tramitó en el Parlament un texto por la vía, urgente, de “lectura única”. El texto fue apoyado con amplia mayoría por Junts per Catalunya, ERC, los comunes y la CUP.

La votación de este miércoles es la definitiva. Hay enmiendas a la totalidad de PP y PSC, además de enmiendas a raíz del dictamen desfavorable que emitió el Consejo de Garantías Estatutarias por parte del PP y Ciutadans. La clave, con todo, la tiene Junts per Catalunya, que ha presentado ocho enmiendas que rebajan el texto aprobado en julio.

El Sindicato de Inquilinos entiende que las enmiendas de JxCat son una “enmienda a la totalidad que deja el texto en papel mojado” y responden, afirma su portavoz, Jaime Palomera, a presiones del sector inmobiliario. El redactado aprobado por lectura única en julio pasado se basa en el Código Civil catalán y fue acordado por la consejería de Justicia y el Sindicato de Inquilinos.