El arte de la espontaneidad
El teniente fiscal Juan Ignacio Campos, a cargo desde los primeros días de junio de 2020 de las tres investigaciones de la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre actividades presuntamente ilícitas de Juan Carlos I, se planteó que era fundamental para su equipo respetar escrupulosamente tres circunstancias, por así decir, procesales: la notificación al representante legal del rey emérito de cada una de las diligencias de investigación a medida que se fueran abriendo, la oferta de su personación en ellas y la prórroga de la investigación cada seis meses si fuese necesario, siempre con motivación, según se establece en las normas de la Fiscalía General del Estado.
Cada una de esas tres exigencias se cumplieron. Las notificaciones, la propuesta de ser parte de las diligencias y las prórrogas. En nuestras conversaciones, días antes de someterse a una intervención quirúrgica, Campos me confirmó que las notificaciones habían sido tres y señaló que propuso al abogado de Juan Carlos I personarse en las investigaciones sin que este último lo hiciera.
Las primeras diligencias no preocupan a los asesores del emérito porque el pago de 100 millones de dólares a una cuenta suiza de Juan Carlos I el 8 de agosto de 2008, no declarados a Hacienda, tuvo lugar cuando gozaba de inviolabilidad. La segunda notificación fue objeto de la primera regularización fiscal del rey emérito para evitar el delito fiscal (678.000 euros).
El fiscal de Ginebra Yves Bertossa tuvo la iniciativa de viajar a Madrid para reunirse con el equipo de Campos, el 1 de julio pasado.
Campos tenía como objetivo que el fiscal suizo cumplimentara una ayuda judicial solicitada (comisión rogatoria) ya en diciembre y ampliada el 24 de febrero de 2021 sobre las cuentas de la fundación Zagatka (enigma en ruso). Máxime cuando horas después del envío de la citada petición de ayuda a Suiza, los asesores de Juan Carlos I presentaron una regularización de 4,4 millones de euros por rentas no declaradas recibidas de Zagatka en varios ejercicios.
Esta fundación de Liechtenstein había pagado más de 8 millones de euros en viajes, realizados entre 2009 y 2018, por Juan Carlos I primero como rey y más tarde como emérito, en aviones privados, a través de las compañías Netjets UK, Tag Aviation de Suiza, Vistajet Aviation Services, y, finalmente, Air Partner Aircraft Charter de Reino Unido.
Lo que a la Fiscalía le interesa es aclarar por qué, si Orleans asegura ser el propietario de la fundación, es Juan Carlos I quien se ha gastado grandes cantidades del dinero de la misma.
Las contingencias fiscales ya habían sido planteadas en el procedimiento judicial abierto a raíz de la filtración, el 11 de julio de 2018, del audio de una de las conversaciones que mantuvieron en Londres el comisario jubilado José Manuel Villarejo y la examante del rey emérito, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, sobre comisiones, testaferros y cuentas en Suiza.
El 4 de septiembre de 2018, el juzgado 6 de la Audiencia Nacional solicitó a la Agencia Tributaria información sobre Juan Carlos I. El jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), José Manuel Alarcón Estella, contestó el 5 de septiembre que Juan Carlos I “no ha presentado declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero (modelo 720)” y que “en las diversas fuentes de información de que dispone la Agencia Tributaria no hay constancia de que el rey emérito posea cuentas corrientes en el extranjero”. Sin embargo, en un escrito sobre las diligencias del juzgado, los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano, advertían, el 7 de septiembre de 2018, sobre las obligaciones tributarias que pudieran plantearse.
“Las potenciales contingencias tributarias que indiciariamente revelan las conversaciones sí es posible que merezcan la atención de las autoridades tributarias en su caso, pudieran derivar en un futuro en las correspondientes denuncias por delito fiscal. En este sentido, los técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) emitieron un comunicado el 12 de julio de 2018 en el que manifiestan que las conversaciones que han sido publicadas `tienen la entidad suficiente como para que la AEAT les preste la máxima atención y las verifique’”.
Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) emitieron un comunicado el 12 de julio de 2018 en el que manifiestan que las conversaciones que han sido publicadas “tienen la entidad suficiente como para que la AEAT les preste la máxima atención y las verifique”. La Agencia Tributaria no prestó, para usar el lenguaje de los fiscales, la máxima atención ni verificó las potenciales contingencias tributarias. No lograron, ya no su “máxima atención” sino una mínima indagación.
Desde el pasado mayo, eso sí, Hacienda está comprobando los datos aportados en las dos regularizaciones fiscales de diciembre de 2020 y febrero de 2021 por parte de los asesores del emérito. Al presentar sus regularizaciones, los asesores de Juan Carlos I han puesto el acento en su carácter espontáneo, lo que explicaría por qué razón no se personaron en las diligencias, a saber, presentar sus declaraciones complementarias como iniciativa propia sin requerimiento previo. Pero el artículo 252 de la Ley General Tributaria sobre la regularización voluntaria exige que el “completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria objeto de la regularización” se produzca “antes de que el fiscal o el juez de instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias”. El arte de la espontaneidad de las regularizaciones, pues, no puede pasar por alto el “conocimiento formal de la iniciación de diligencias”, que las tres notificaciones del fiscal Campos al abogado Sánchez-Junco hicieron realidad.
