El CGPJ recurrirá a la Sala Militar para evitar el colapso del Supremo

El Tribunal pierde un 10% de sus magistrados, que no pueden sustituirse por el bloqueo del Poder Judicial. La Sala de lo Contencioso es la más afectada por vacantes sin cubrir

Carlos Lesmes (en el centro) junto a miembros de la Sala de Gobierno del Supremo, el pasado lunes en la sede del tribunal.Emilio Naranjo (EFE)

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) planea recurrir de manera excepcional a magistrados de la Sala de lo Militar para evitar el colapso previsto en la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, encargada de resolver, entre otros, los recursos contra el Gobierno. Esta medida insólita es la última solución que estudia el Gobierno de los jueces para resolver los problemas de funcionamiento que empezarán a producirse en los próximos meses en el Supremo como consecuencia del bloqueo en la renovación del Poder Judicial y de la reforma legal que impide hacer nombramientos de cargos judiciales.

El tiempo corre contra la Justicia en España. Tres años de bloqueo en el Gobierno de los jueces —por la negativa del PP a acordar la renovación de ese órgano como establece la Constitución— y la reforma legal que impide desde hace un año nombrar a cargos judiciales para cubrir vacantes, lastran el funcionamiento de un órgano fundamental del sistema democrático.

El Tribunal Supremo, la última instancia judicial en España formada por cinco salas (civil, penal, contencioso-administrativo, social y militar) con 80 magistrados, perderá este año una decena de sus jueces (ocho por jubilación y dos que han fallecido) sin que se hayan podido cubrir esas vacantes. La mitad de las bajas se ha producido en la Sala de lo Contencioso-administrativo, la que tramita más asuntos y también la que tiene más magistrados.

Responsables del Poder Judicial sostienen que todavía no ha habido grandes problemas para resolver los recursos que tramitan cada una de las secciones de esa sala del Supremo. Pero aclaran que antes de seis meses llegarán las primeras dificultades serias. La solución más sencilla pasa por el Partido Popular. Si desbloquea la renovación, se podrán hacer de nuevo los nombramientos para cubrir las vacantes porque sus votos en el Congreso y el Senado permiten al Gobierno sumar los tres quintos necesarios que establece la ley para elegir al nuevo Consejo. Pero esa posibilidad parece muy lejana a juzgar por las palabras y los actos del líder del PP, Pablo Casado.

El Gobierno de los jueces ha estudiado el problema, que se agrava a medida que llegan nuevas jubilaciones al Supremo, y ha encontrado una solución de emergencia que piensa aplicar a partir de los primeros meses de 2022. Magistrados de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, la que menos carga de asuntos soporta en la actualidad, podrán compatibilizar su trabajo con el de la Sala de lo Contencioso-administrativo, donde podrán ir destinados en comisión de servicio como medida excepcional para evitar el colapso de este órgano por falta de jueces. Este es el plan de emergencia en el que se trabaja ahora.

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, con 31 magistrados, es el principal motivo de preocupación en el Consejo General del Poder Judicial. Este año terminará con seis bajas (por fallecimientos o jubilaciones) que no han podido ser cubiertas debido a la reforma legal vigente que impulsó el Gobierno y que prohíbe al Consejo hacer nombramientos cuando tiene su mandato caducado, como sucede ahora.

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La Sala de lo Contencioso-administrativo deberá pronunciarse en los próximos meses sobre dos recursos que piden anular decisiones clave del Gobierno de Pedro Sánchez: los indultos a los independentistas condenados por el procés y el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Se trata de una sala clave en el funcionamiento de la Administración de Justicia pues entiende de los recursos que se presentan contra decisiones del Gobierno central, del Congreso y el Senado, del Tribunal de Cuentas e incluso del Tribunal Constitucional.

El Gobierno de los jueces ha barajado distintas posibilidades para impedir el colapso de esta sala por la existencia de plazas vacantes sin cubrir. En un principio se planteó utilizar a magistrados de lo contencioso-administrativo del Supremo que estuvieran jubilados, o echar mano de jueces de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. Pero ninguna de estas fórmulas les ha convencido, según explican dirigentes del Consejo a EL PAÍS. Por otra parte, explican estos mismos responsables del Gobierno de los jueces, los magistrados de la Sala de lo Militar son especialistas en el área de lo contencioso-administrativo y en el área penal por el tipo de recursos que deben resolver.

El Consejo General del Poder Judicial, atenazado por una reforma legal que le impide ejercer una de sus funciones principales cuando está con el mandato de cinco años caducado —los nombramientos de cargos judiciales para cubrir las vacantes que se producen—, lleva meses estudiando medidas para evitar el colapso de la Administración de Justicia.

La reforma legal que impide hacer nombramientos, una medida con la que el Gobierno pretendía presionar al PP para que desbloquease la renovación, afecta ya en su primer año de aplicación a medio centenar de altos cargos judiciales. Además de las ocho bajas del Supremo por fallecimiento o jubilación que no podrán ser cubiertas, hay otros 40 cargos judiciales con el mandato caducado que siguen en sus puestos en audiencias provinciales o tribunales superiores de justicia sin poder ser renovados.

Moncloa confía en la presión judicial al PP para renovar

El Ejecutivo y el PSOE han intensificado su campaña de presión al PP desde la semana pasada, cuando se cumplieron 1.000 días sin renovar. El Gobierno descarta recuperar la reforma de la ley que permitiría renovar sin el PP, solo con la mayoría absoluta del Congreso. En el Ejecutivo aún confían en que el PP rectifique en algún momento, no solo por la presión política sino también del mundo judicial, precisamente por las consecuencias prácticas de este bloqueo. Los números que maneja el Ejecutivo indican que una veintena de puestos del Supremo quedarán vacantes entre 2021 y 2022, además de la situación de las audiencias provinciales y los tribunales superiores. El Ejecutivo insiste en que la situación es insostenible y los propios jueces, entre ellos los que aspiran a esas plazas y están esperando la renovación, también están presionando al PP.

Otro sector del Ejecutivo teme sin embargo que Casado sea capaz de aguantar así todo lo que queda de legislatura, porque este asunto no tiene un coste fuerte entre su electorado y sobre todo el líder del PP tiene la presión de Vox, que le aprieta para que no haga ningún pacto con el PSOE. El problema, dicen los socialistas, es que si esto se eterniza, el PP no podrá pretender tampoco que el PSOE acepte en un futuro una renovación con otros números, cuando los populares, que sin duda subirán en escaños porque están ocupando el espacio de Ciudadanos, reclamen la mayoría de control. Los socialistas refuerzan la presión en estos días para lograr que el PP vuelva a la negociación y se haga una renovación antes de finales de año. El Gobierno ya tuvo que esperar al PP por varios procesos electorales, el último de ellos Cataluña. Las próximas semanas son decisivas.

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