Ceuta, en la encrucijada migratoria

Hubo un tiempo no muy lejano en que la línea que separa Ceuta de Marruecos no estaba fortificada. Donde hoy brilla un gigante de metal de ocho kilómetros dotado de la última tecnología apenas había unos metros de alambre mugriento a ras de suelo. Los ciudadanos de uno y otro lado —en algunos casos familia— eran verdaderos vecinos, convivían más y transitaban de forma cotidiana por un territorio con delimitaciones difusas más allá de los mapas. ¿Quién pensaba en el pequeño estraperlo que suponía volver al lado marroquí con un transistor o una licuadora? ¿O regresar al lado español con fruta, verdura o pescado fresco y barato? Nada extraordinario en una frontera que marca uno de los mayores escalones en nivel de vida del mundo.

Pero hace un cuarto de siglo, en 1996, todo cambió con el levantamiento de una valla que no ha dejado de crecer. Su objetivo, frenar desde entonces la creciente llegada de inmigrantes, especialmente subsaharianos con intención de dar el salto a la Europa continental. Se había desmoronado ese sistema de frontera permeable. El principal detonante fueron los graves incidentes de 1995, cuando dos centenares de inmigrantes subsaharianos se enfrentaron a la Policía. Hubo 79 heridos, una treintena de ellos agentes, y 150 detenidos. Ceuta —y España— nunca volvió a ser la misma. La llegada de unas 10.000 personas, casi todos marroquíes, entre el 17 y el 18 de mayo pasados, empujados por las autoridades del reino alauí, es algo que nunca se había visto.

“La presión migratoria en Ceuta empieza en los años 90 y ha ido creciendo. La emigración es utilizada como una herramienta política y la ciudad es un tapón”, describe el vicepresidente segundo del Gobierno de Ceuta, Carlos Rontomé (PP). Se refiere a un territorio “desbordado” en sus recursos económicos, humanos y materiales. Eso impide que “los ceutíes puedan disfrutar de una vida similar a la de otros españoles. En un espacio pequeño, de 19 kilómetros cuadrados y 85.000 habitantes, es una barbaridad soportar el 10% de los menores no acompañados de España”.

Lo vivido estos meses desde la crisis bilateral de mayo, cerrada por el rey de Marruecos en un discurso este viernes, pone de manifiesto la tensión existente entre dos modelos: el de la seguridad y policial que impera en la ‘Europa fortaleza‘ frente al humanitario y social que se asienta en una prolija legislación en defensa de los derechos de los niños. Reflejo de ello son los desencuentros por las devoluciones de menores dentro del propio Gobierno de coalición entre el Ministerio del Interior y el ala de Podemos.

“Si el menor expresa su preferencia no hay tutía”, afirma refiriéndose a la ilegalidad de llevarse a los niños sin informe y contra su criterio el senador socialista Javier de Lucas, experto en migraciones, consciente de que su contundencia puede molestar dentro del PSOE. Sabe que el Gobierno está dividido en este asunto, pero lanza un dardo al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por elegir “la solución más sencilla y menos costosa”, que es apostar por devolver a los emigrantes frente a las dificultades de gestionar el problema a nivel europeo y español. “Sorprende que alguien que es magistrado y con formación judicial fuerce tanto el marco legal nacional e internacional”.

“La posición más dura e incomprensible es la de Interior”, insiste De Lucas, también catedrático de Filosofía de la Universidad de Valencia. “Hay un problema de fondo que es el reto demográfico” en un país con una baja tasa de natalidad. Lucas defiende, al igual que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, la reforma del reglamento de Extranjería para mejorar el horizonte de las pensiones y las prestaciones sociales.

A la psiquiatra marroquí Amina Bargach se le sigue poniendo “la carne de gallina” cuando habla con los menores y le insisten en que su objetivo es “ayudar a su familia”. Lleva décadas empapada de esa realidad desde la ciudad de Tetuán, la urbe más próxima a Ceuta. Por eso conoce tan de cerca la “transcripción del rol” que supone que, como las leyes impiden a los adultos dar el salto, sea el menor el que asuma la función que en principio correspondería al padre para sacar adelante a la familia.

“Hay muchas tensiones” con “un modelo securitario que está inflamado y en hipérbole”, entiende José Antonio Alarcón, director de la Biblioteca Pública del Estado en Ceuta y director del Instituto de Estudios Ceutíes. Por eso él prefiere “el colchón de intereses, porque estamos condenados a entendernos de forma ordenada, con colaboración, desarrollo y programas conjuntos pese a que hay quien está por cerrar la frontera definitivamente”, señala en referencia a impulso que trata de dar Vox a su discurso en la ciudad autónoma.

El Gobierno ceutí se defiende argumentando que la situación es insostenible y que la afrenta de Rabat en mayo supone algo “nuevo y distinto” a crisis anteriores, según Carlos Rontomé, conocido sociólogo y profesor universitario antes de dar el salto a la política. “Es una llegada masiva consentida por las autoridades marroquíes de adultos y menores”, defiende para justificar la “solución excepcional aplicada”, cuya legalidad defiende aunque su propio ejecutivo reconoce que no hubo el preceptivo informe individual.

Insiste Rontomé en que pasaron chicos de más allá de las vecinas provincias de Tetuán y Tánger, desde donde llegan habitualmente, e incluso algunos que estaban yendo al colegio y que provienen de familias no desestructuradas. También, añade, el perfil de los adultos era en parte diferente. “Se han puesto todos los medios para atender a esta población que llega en masa, pero es comprensible que la ciudad recibiera del Estado apoyo y que no sea siempre la ciudad el tapón”, reclama el vicepresidente ceutí.

Amina Bargach lamenta que, como ocurre estos días con Afganistán, la actualidad se mueva a golpe de drama. Lo que los niños necesitan junto a ellos es alguien que de una manera “neutral” se ponga a su altura, entiende la psiquiatra marroquí cuyo magisterio acaba de ser recopilado en el libro Pensar la alteridad. Una mirada sobre Amina Bargach y su obra, publicado por la Universidad de Granada. El camino, entiende ella, no son centros improvisados en los que se prolonga la estancia de los menores, algo que supone una “apuesta más por la exclusión que por la integración o la adaptación”.

“La frontera supone una economía muy simbiótica para ambos lados”

José Antonio Alarcón, director de la Biblioteca Pública del Estado en Ceuta y director del Instituto de Estudios Ceutíes

“La irresponsabilidad absoluta” de Marruecos en mayo “es verdad que hace mucho más difícil que algunos sigamos defendiendo el modelo de convivencia por todo el rechazo que ha causado. Estamos manteniendo a miles de personas que se quedaron en la ciudad y que suponen un problema social que se une a la pandemia”, comenta José Antonio Alarcón.

Los ojos suelen estar puestos en territorios extrapeninsulares como Ceuta, Melilla o Canarias, pero el mayor número de entradas irregulares se producen por el aeropuerto de Barajas con personas que llegan con visado de turista y se quedan, explica Javier de Lucas. “Hay una parte de las reivindicaciones de las organizaciones humanitarias y alguna fuerza política que se instala en una perspectiva abstracta y que no tienen en cuenta que allí hay unas dificultades a las que hay que dar salida con la coordinación entre las administraciones”, reconoce el senador socialista consciente del olvido por parte del resto de España de esos territorios insulares y norteafricanos.

Insolidaridad

Pero la realidad nos demuestra que estamos ante un choque que se produce de manera cotidiana de forma más global, desde el cierre de la frontera de Irún a la valla que acaba de empezar a levantar Lituania en su frontera con Bielorrusia. Además, el conflicto en Afganistán asegura mantener muy vivo el debate en los próximos meses con miles de nuevos emigrantes. En este sentido, comenta De Lucas, un país como España —junto a Italia y Grecia— sufre “la falta de solidaridad de otros Estados europeos, que tratan de que sean los países receptores los que gestionen el problema”.

El hachazo que supone el Estrecho de Gibraltar mantiene a menudo a Ceuta mirando a Marruecos. “La frontera supone una economía muy simbiótica para ambos lados”, explica José Antonio Alarcón. Pero unos meses antes de la pandemia, Rabat echó el candado al paso diario de la mercancía que desde Ceuta llegaba a los zocos y tiendas marroquíes y que daba de comer a varios miles de porteadores y porteadoras. Eso que tradicionalmente se conoce como “comercio informal” ha ido atrayendo con los años a más población a Castillejos, la localidad que se encuentra detrás de la frontera del Tarajal.

El golpe de gracia llegó con el cierre total de la frontera por el coronavirus y Castillejos, donde la precariedad se ha disparado, es escenario habitual de protestas. Ese fue un buen caldo de cultivo para que Rabat empujara a miles de personas hacia Ceuta. “Mi asistenta venía a diario de Tetuán. Si yo no le sigo pagando, como hago, no tiene ni para comer. Lo único que he hecho es darla de baja en la Seguridad Social”, detalla Alarcón. “Y así, miles de personas más”.

“Cuando más complicas el objeto del deseo, el objeto del deseo es más apetecible”, concluye la psiquiatra Bargach.