La exinterventora de la Generalitat recurre a Estrasburgo contra la multa del Tribunal de Cuentas

La ex interventora general de la Generalitat, Mireia Vidal, ha presentado un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con objeto de que suspenda el plazo que se le ha dado para que antes de próximo día 21 afiance ante el Tribunal de Cuentas la cantidad de 3.498.569 euros. Esta suma es la que le ha reclamado la delegada instructora, en tanto que investigada en el expediente sobre gastos de la Generalitat para la promoción del proyecto de independencia de Cataluña en el extranjero.

El escrito sostiene que se están aplicando en este asunto normas preconstitucionales y que la situación generada le está provocando a la exinterventora general una grave afectación de su salud. Se subraya la inseguridad que a juicio de la defensa de Vidal rodea este procedimiento y se cita la existencia del decreto-ley aprobado por la Generalitat para avalar a los investigados. El texto expone que la investigada “desconoce si podrá acogerse a dicho afianzamiento”, así como “cuáles son las condiciones del mismo”.

Los abogados de Vidal explican asimismo los pormenores del proceso sobre responsabilidad contable en España y cuestionan tanto el origen de la legislación por la que se rige como el tipo de trámites que impone a los investigados, que considera como “un inadmisible tratamiento degradante”. El escrito expresa la sorpresa de a exinterventora ante el hecho de que se le exija una cantidad superior a la que el Tribunal de Cuentas reclama a los exaltos cargos de la Generalitat, entre los que cita al expresidente Carles Puigdemont o el exvicepresidente Oriol Junqueras.

El texto subraya que se están aplicando en este expediente normas que fueron aprobadas hace decenios, y cita entre otras la ley de 3 de diciembre de 1953 sobre Organización, Funciones y Procedimiento del Tribunal de Cuentas. “En España, en un Estado de derecho –expone el escrito- sujeto a la Constitución y a las garantías del Convenio Europeo de Derechos Humanos, se están aplicando en el siglo XXI normas de regímenes dictatoriales”, y subraya que se trata no solo de legislación previa “a la reinstauración de la democracia en España”, sino que se está interpretando “en contra de las garantías de un Estado de derecho”.