Israel mantendrá detenida hasta el jueves a la cooperante española, que sumará así más de tres semanas en aislamiento

La ciudadana española Juana Ruiz Sánchez, de 62 años, detenida por el Ejército israelí el 13 de abril cerca de Belén (Cisjordania), va a permanecer en régimen de aislamiento en prisión sin cargos hasta el jueves, según ha decidido este domingo un juez militar en el país donde se produjo el arresto. Esta trabajadora humanitaria en una ONG palestina se encuentra internada en la sección de mujeres del penal de Hasharon (en el área de Tel Aviv), donde fuentes diplomáticas europeas conocedoras de su caso revelan que sufre un estado depresivo a causa de la soledad de su prolongada detención. El pasado jueves pudo recibir por primera vez sus efectos personales, que su familia llevaba más de dos semanas intentando hacerle llegar.

El tribunal militar israelí de Ofer, en Cisjordania, a una veintena de kilómetros al norte de Jerusalén, ha prorrogado la detención sin cargos para que siga siendo interrogada por el Shin Bet, el servicio de inteligencia interior de Israel. Fuentes de su defensa en Palestina señalan que ha sido trasladada varias veces de centro penitenciario y es sometida a interrogatorios de hasta seis horas, por lo que temen por su salud, condicionada por una enfermedad previa por la que debe recibir medicación.

Los responsables de una campaña en España en favor de su liberación han exigido al Gobierno que “tome cartas en el asunto”, después de que la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, afirmara el pasado martes que confiaba en que la investigación del caso concluyera pronto para que la cooperante supiera de qué se le acusa, “si es que se le acusa de algo”.

Comparecencia telemática desde prisión

Juana Ruiz ha comparecido cinco veces por vía telemática desde la prisión y ha recibido la asistencia del Consulado General de España en Jerusalén, presente ante el tribunal desde su segunda declaración ante la justicia militar, sin que todavía haya sido presentada contra ella una acusación formal.

Vive con su marido, el palestino cristiano Elías Rismawi, en la localidad de Beit Sahur (provincia de Belén), desde 1984. Desde hace tres décadas, trabaja como coordinadora de proyectos de cooperación con España para la ONG local Comités de Trabajo para la Salud, que ofrece servicios sanitarios a la población palestina a través de una red de clínicas y hospitales. Como residente en Cisjordania, se le ha aplicado la legislación militar en vigor bajo la ocupación desde 1967, que permite prolongar hasta 75 días el arresto de sospechosos para su interrogatorio.

Sahar Francis, portavoz de la familia de la detenida en Cisjordania, destacó que “la está tratando la justicia militar como a cualquier otro detenido residente en Palestina, a pesar de que sea una ciudadana española”. “El jueves sabremos qué casos se presentan contra ella”, precisó la también directora de la ONG palestina Addameer, que defiende los derechos de presos palestinos. “O bien es puesta en libertad o se confirma su prisión (preventiva)”.

En contra de las convenciones internacionales, las autoridades españolas no fueron informadas oficialmente por las israelíes de la detención desde un primer momento. La oficina del Portavoz del Ejército ha asegurado que Juana Rasmawi [por su apellido de casada] fue detenida por “ofrecer servicios a una organización ilegal afiliada al Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP, calificado como grupo terrorista), contactar con un agente extranjero y por delitos relacionados con el blanqueo de dinero”.

“El tribunal militar considera que existen indicios significativos de que la sospechosa formaba parte de una trama de lavado de dinero para financiar al FPLP”, agregó un comunicado informativo castrense. Consultadas fuentes de la defensa y diplomáticas que han presenciado las comparecencias de la detenida, ninguna tiene constancia de que se hayan presentado cargos en su contra.

Un comunicado de la campaña en España en pro de la liberación de Juana Ruiz, secundada por millares de firmantes y más de 150 organizaciones, considera que “su situación es cada vez más preocupante y dolorosa para la familia”, y que por ello “las diplomacias española y europea deberían tomar su caso como una auténtica prioridad”.

En un informe confidencial dirigido hace dos años a los responsables del Servicio Exterior de la UE en Bruselas, los embajadores de los países europeos ante la Autoridad Palestina abogaron por reclamar una reforma de la justicia militar israelí, a fin de “garantizar un proceso y juicio justos de acuerdo con el derecho internacional”, dada la “sistemática discriminación legal” que sufren los palestinos en Cisjordania después de más de medio siglo de ocupación. Mientras a los colonos judíos de los asentamientos se les aplica la normativa civil israelí, para los palestinos y residentes en Cisjordania rige la ley marcial.