Estado de alarma

Madrid no ha cobrado ni una de las sanciones impuestas en el vigente estado de alarma

La Consejería de Sanidad madrileña privatiza por la vía de emergencia la gestión de las más de 50.000 denuncias no ejecutadas por el consistorio en el actual estado de alarma

Secuencia de la intervención policial en la fiesta ilegal en un piso del pasado domingo 21 de marzo en la madrileña calle de Lagasca. TWITTER
Secuencia de la intervención policial en la fiesta ilegal en un piso del pasado domingo 21 de marzo en la madrileña calle de Lagasca. TWITTEREL PAÍS

Ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid han logrado cobrar aún una sola multa de las más de 50.000 impuestas por irregularidades y comportamientos no permitidos en la capital de España, como fiestas ilegales, botellones o incumplimientos de los toques de queda, durante esta segunda fase del estado de alarma decretado por la covid-19 el pasado 25 de octubre. Y apenas ha ingresado 2.000 de una cifra total similar de la primera etapa. Ante el aluvión, el Ayuntamiento ha delegado esa gestión en la Comunidad, que la acaba de privatizar.

Más de un año después de decretado el primer estado de alarma como consecuencia de la covid-19, Madrid sigue instalada en los peores puestos de afección de la pandemia, pero con un ambiente en sus calles más libérrimo que desde la oposición política se ha calificado como “efecto desmadre”. En este año se han firmado alrededor de 100.000 sanciones en la capital por la covid-19 y se han cobrado realmente unas 2.000, el 2%.

Desde las instituciones gobernadas por el PP, como el Ayuntamiento y la Comunidad, se recurre a la evidencia de la alta densidad de población y a su gran movilidad para justificar esos datos. Y se ha abierto una estrategia de confrontación con el Gobierno central para rechazar la imposición de nuevas restricciones, con horarios comerciales y de hostelería más flexibles que en ninguna otra región, con el argumento de que los balances estadísticos de la pandemia no son mucho peores en Madrid que en otras zonas con actuaciones más contundentes.

Tras cada fin de semana, el Ayuntamiento de Madrid ofrece una pormenorizada estadística de cientos de actuaciones policiales y denuncias implantadas, para contrarrestar la sensación pública de que la capital se haya podido convertir en esta pandemia en “la taberna o la tasca” no solo del resto del país, sino incluso de Europa, como han denunciado desde el PSOE, Más Madrid o Unidas Podemos. Tanto el alcalde, José Luis Martínez Almeida, como la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, han rechazado con malestar esa idea y han defendido que las imágenes de colapso en algunas zonas, sin cumplir las distancias de seguridad o las mascarillas, son “puntuales”.

EL PAÍS ha reclamado oficialmente durante dos semanas al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid datos sobre sus actuaciones en materia de denuncias ejecutadas hasta el final y relacionadas por la covid-19 en la capital y se ha encontrado con una maraña de exculpaciones y muy poca precisión.

El Ayuntamiento no tiene una respuesta cuando se le pregunta cuántas de esas más de 50.000 sanciones del segundo estado de alarma han llegado a término, se han ejecutado hasta el final y se han cobrado ya. El dato no ha podido ser facilitado porque el municipio las derivó a la Comunidad y el ejecutivo autonómico ha optado por privatizar ese servicio antes de empezar a desentrañarlo ante el aluvión que se le venía encima.

Fuentes oficiales del consistorio madrileño admiten que aún están tramitando multas impuestas en el primer estado de alarma, el vigilado por el Ejecutivo central desde el 9 de marzo de 2020 hasta el 25 de octubre bajo el paraguas de la ley de Seguridad Ciudadana, y se remiten a que la normativa es “muy garantista y permite que tras la notificación se pueda recurrir, se abra un periodo de alegaciones, otro ejecutivo, se avise del embargo y se pueda llegar incluso a los tribunales”.

En el primer estado de alarma, el Ayuntamiento propuso 42.751 sanciones covid, ha tramitado 25.000 y notificado 20.140. Los técnicos municipales calculan que menos de un 10% de las notificadas han sido abonadas por los infractores voluntariamente para beneficiarse de descuentos por pronto pago. Por ese concepto se han ingresado 490.000 euros.

La explicación de que el proceso y recorrido de las multas se dilata en exceso es asumida también por fuentes oficiales de la Comunidad y de la Delegación del Gobierno y todas las administraciones consultadas apuntan a que el plazo para cobrar realmente una multa covid se puede demorar entre seis meses y un año.

El Ayuntamiento, como las demás administraciones implicadas en este proceso, se ha visto desbordado por los miles de sanciones que ha impuesto y por su falta de recursos e inspectores. Esa fue la razón por la que el consistorio decidió, en el actual segundo estado de alarma, delegar esa competencia de tramitar las sanciones en la Comunidad, que tampoco estaba preparada para los procedimientos que le llovieron. La competencia sobre las sanciones contra la Salud Pública la tiene la Consejería de Sanidad, pero sus inspectores han estado este año más volcados en vigilar residencias, centros médicos y otras tareas relacionadas con la covid-19.

La Comunidad, además, no debe ocuparse solo del Ayuntamiento de Madrid, que es una institución en teoría con suficientes recursos, sino de otros 178 municipios, muchos de ellos rurales y sin servicios ni policía. Ha sido ahí donde la Consejería ha incoado durante estos meses de alarma un total de 1.329 expedientes sancionadores, de los que 1.014 se encuentran en fase de instrucción conforme a la normativa regional (apartado sexto de la Orden 668/2020, de 19 de junio) y 315 constan completamente finalizados. Es decir, el 23,7%. La mayoría de estos expedientes corresponden a multas impuestas por la Policía Nacional, la Guardia Civil y policías municipales de pequeñas localidades. La Comunidad concede que en la capital apenas ha actuado hasta ahora.

La citada normativa autonómica en vigor especifica: “La incoación, instrucción y resolución de los expedientes sancionadores corresponderá a la autoridad municipal o autonómica competente por razón de la actividad, establecimiento, local, instalación, recinto, espacio de uso público o vía pública en los que se cometa la infracción”.

Falta de recursos

El Ayuntamiento de la capital acepta que esa potestad está entre sus competencias, pero también que no tiene medios para llevarla a cabo. Ante el incremento y el desborde de denuncias enviadas desde ese consistorio, que se estima superior a las 50.000, la Consejería contrató este mes de marzo y por la vía de emergencia los servicios de una empresa externa especializada para dar apoyo y agilizar las tareas relacionadas con esa gestión. Esa empresa empezó a trabajar este 5 de abril con incentivos (16 euros más IVA fijos y 15% más IVA por cada expediente tramitado a tiempo).

La Generalitat valenciana, que hace algo más de un mes estaba entre las peores en cifras de contagios y tras fuertes restricciones se ha consolidado entre las mejores, ha cobrado menos del 1% de las multas apercibidas desde el 25 de julio (814 sobre las 94.000 impuestas). La Consejería de Justicia, que tenía solo cinco funcionarios para esa labor, los amplió a 21 y luego con 52 más, pero no fue suficiente y optó también por recurrir a una empresa externa a la que pagó 5,3 millones de euros.

Otros municipios madrileños importantes como Fuenlabrada, aunque no del tamaño de la capital, hicieron una consulta a la Delegación del Gobierno para saber cómo afrontar ese desafío y se les contestó que debían asumir esa gestión directamente y así lo hicieron. En este año covid la Policía local de Fuenlabrada ha pasado de administrar 1.500 sanciones a 6.500, pero solo ha iniciado la tramitación en 2.500 casos, notificado para que el sancionado pueda alegar 2.100 y cobrado 253. En Castilla-La Mancha, muy perjudicada por el contagio y la proximidad con Madrid, se han impuesto estos meses 82.659 denuncias de este tipo, se han tramitado 14.961 (18%), y se han recaudado por ese concepto 342.165 euros.

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