El Gobierno inicia la reforma de la ley franquista de secretos oficiales

El Gobierno ha decidido poner en marcha su propia reforma de Ley de Secretos Oficiales, del periodo franquista, tras descartar la propuesta del PNV, que el PP y el PSOE han bloqueado en el Congreso de los Diputados desde noviembre de 2016. Para elaborar el texto se ha formado una comisión dirigida por el Ministerio de Presidencia (vicepresidencia primera) e integrada por Defensa, Interior y Exteriores. La idea del Ejecutivo es que no haya un límite general de tiempo para hacer públicos automáticamente los documentos (25 o 10 años en la propuesta del PNV), sino plazos diferentes sujetos a cautelas según el grado de protección y el nivel de secreto.

A la quinta va la vencida. O así debería ser. Tras bloquear los sucesivos intentos de modificación de la norma promovidos por los nacionalistas vascos, el Gobierno se ha puesto finalmente a la tarea de redactar su propio proyecto de ley. Una comisión presidida por la vicepresidencia primera e integrada por representantes de los citados ministerios ha empezado a reunirse para poner en común las necesidades de cada departamento en materia de clasificación de documentos y hacer un estudio comparado de la legislación internacional, según fuentes gubernamentales.

La comisión tiene el encargo de redactar un texto que homologue a España con otras democracias occidentales y cumpla los parámetros fijados por las organizaciones internacionales de las que forma parte, especialmente la UE y la OTAN. No hay fecha para la conclusión de sus trabajos, según las fuentes consultadas, pero el compromiso es que la nueva ley esté en vigor antes de que acabe la legislatura, en noviembre de 2023. Para hacerlo posible, el Gobierno debería remitir el texto a las Cortes a lo largo del próximo año, siempre que no se disuelvan anticipadamente y se frustre su aprobación, como ya ha ocurrido en el pasado.

La reforma de la Ley de Secretos Oficiales es una de las asignaturas pendientes de la democracia española. La norma vigente data de 1968, en pleno franquismo, con retoques de octubre de 1978, antes de aprobarse la Constitución. La ley está técnicamente obsoleta: uno de los órganos habilitados para clasificar documentos, la Junta de Jefes de Estado Mayor, ni siquiera existe y solo prevé dos categorías de clasificación (secreto y reservado), sin contemplar las más habituales (confidencial y difusión limitada), ni la de máxima protección (muy secreto). El decreto que desarrolla la ley, de 1969, está firmado por el almirante Carrero Blanco y regula cuestiones tan anacrónicas como el cambio de combinación de las cerraduras de las cajas fuertes o la destrucción de las materias secretas “por medio del fuego o procedimientos químicos”.

Pero el mayor anacronismo de la ley radica en que no contempla un plazo de caducidad; de forma que, salvo que el órgano que los clasificó los desclasifique expresamente, los documentos son eternamente secretos. Eso ha dado lugar a que los investigadores tengan que acudir a los archivos de otros países para conocer acontecimientos vitales de la historia de España, mientras siguen sin poder acceder a las fuentes documentales españolas sobre los mismos hechos. Cientos de historiadores, españoles y extranjeros, dirigieron en mayo de 2017 una carta a todos los grupos parlamentarios en la que reclamaban la reforma de “una norma obsoleta y franquista, incompatible con los usos democráticos de la España actual”.

La decisión de elaborar un proyecto de ley de secretos oficiales supone que el Gobierno descarta definitivamente el texto presentado por el PNV. Desde su admisión a trámite, en enero de 2020, la proposición de ley del Grupo Vasco permanece encallada en la Mesa del Congreso, que ha prorrogado el plazo de presentación de enmiendas 24 veces. Se trata de un procedimiento, próximo al filibusterismo parlamentario, que permite suspender indefinidamente la tramitación de una norma y que ya utilizó el PP en la última legislatura de Mariano Rajoy. Entonces, la propuesta peneuvista, similar a la actual, se admitió en noviembre de 2016 y su tramitación se fue alargando hasta que, en marzo de 2019, decayó sin ser aprobada por la disolución de las Cortes.

Fuentes gubernamentales aseguran que el texto del PNV no es aceptable, ya que prevé la desclasificación automática de las materias secretas a los 25 años y de las reservadas a los diez, con la posibilidad de una prórroga “excepcional y motivada”, solo para las materias secretas, por otro plazo de diez años. Las mismas fuentes admiten que habrá que arbitrar un plazo de desclasificación automática, como tienen la mayoría de los países democráticos, pero sostienen que este debe ser diferente en función del grado de protección de los documentos y no igual para todos, además de incluir salvaguardas para casos concretos.

Hay que tener en cuenta, alegan, la legislación sobre protección de datos personales y derecho al honor, la seguridad de las fuentes informativas de los servicios de inteligencia o la necesidad de preservar las relaciones diplomáticas y cumplir los compromisos internacionales. De ahí que la comisión ahora creada deba recoger las distintas necesidades y sensibilidades de los departamentos implicados.

El objetivo, agregan fuentes gubernamentales, es que la ley tenga el máximo consenso, por lo que el Gobierno mantendrá conversaciones con el PP y también con los nacionalistas vascos, como promotores de la reforma, entre otros grupos. “En ningún caso nuestra intención es evitar que se tramite la propuesta del PNV. Simplemente el Gobierno tiene el derecho y el deber de hacer la suya”, subrayan. En declaraciones a maldita.es, el portavoz del Grupo Vasco, Aitor Esteban, se ha mostrado dispuesto a negociar con el Ejecutivo, pero defendiendo su iniciativa.

Esteban, sobre la Ley de Secretos Oficiales

El hecho de que el PP y el PSOE hayan bloqueado desde hace más de cuatro años la reforma de la Ley de Secretos Oficiales ha hecho crecer la sospecha de que ambos partidos intentan tapar sucesos de la Transición de los que ya se ha cumplido más de un cuarto de siglo y serían susceptibles de ser desclasificados, como la intentona golpista del 23-F o la guerra sucia contra ETA. Cuando el PP y el PSOE aceptaron en marzo de 2018 dar curso a la finalmente frustrada iniciativa del PNV se aseguraron, mediante sus enmiendas, de que los secretos de la Transición no saldrían a la luz hasta principios de la próxima década. Lo cierto es que el candado legal afecta también a las acciones del franquismo, lo que plantea una situación sin parangón en el mundo: que un régimen democrático proteja los secretos de una dictadura.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, dio instrucciones en septiembre de 2018 para que los archivos militares permitieran el acceso a los documentos secretos anteriores a 1968, ya que al no existir una ley antes de esa fecha no podían considerarse legalmente clasificados. Sin embargo, ni el Ministerio de Exteriores ni Interior comparten esta interpretación que, en todo caso, deja fuera del alcance de los investigadores la última etapa del franquismo, entre 1968 y 1975, una de las más duras.