Perder el fajín rojo

En el verano de 1995, el Gobierno que entonces presidía el socialista Felipe González decidió ascender a general de brigada a Enrique Rodríguez Galindo, intitulado El Azote de ETA. Durante los más de 14 años que estuvo al frente de la comandancia de la Guardia Civil de Intxaurrondo fueron desarticulados innumerables comandos y detenidos centenares de supuestos terroristas. Cada vez que se hablaba de él, sus compañeros le calificaban de “brillante”, al igual que su carrera.

Con semejante bagaje oficial, cargado de méritos y medallas, a nadie debería haberle extrañado que el Ejecutivo le promoviera al máximo escalafón del instituto armado. Sin embargo, sobre su deslumbrante hoja de servicios se cernía ya entonces una sombra: formar parte supuestamente de la denominada guerra sucia. Tanto era así que Margarita Robles, entonces viceministra de Interior y hoy ministra de Defensa, se negó a imponer el fajín rojo de general a Rodríguez Galindo. De nada sirvió que su jefe, el ministro (Interior y Justicia) Juan Alberto Belloch, hubiera ordenado a su segunda de a bordo que asistiera a una ceremonia tan simbólica para quienes alcanzan la cumbre del generalato. Ella dijo que no.

Robles había encargado a Enrique de Federico, entonces comisario general de Policía Judicial y uno de sus más estrechos colaboradores, que investigase el secuestro y asesinato de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, cuyos esqueletos se hallaron enterrados en cal viva en 1985 en Busot (Alicante) aunque sus restos no fueron identificados hasta 10 años más tarde. De Federico me contó en alguna ocasión cómo la viceministra Robles había tenido que ordenar al muy laureado Galindo que se cuadrase en posición de firmes conforme la investigación le iba cercando.

El héroe de la lucha contra ETA, el hombre que en marzo de 1992 asestó a la banda uno de los más duros golpes al capturar a su cúpula en Bidart (Francia), fue expulsado de la Guardia Civil y dejó de ser general tras ser condenado por la Audiencia Nacional a 71 años de prisión por el caso Lasa y Zabala. El fallo dictado por la Audiencia en abril de 2000 fue posteriormente avalado por los órganos judiciales superiores, entre ellos el Tribunal Supremo, que se opuso a la concesión del indulto a tenor de la “extraordinaria gravedad” de los delitos.

La fulgurante estrella de quien había encarnado muchos años la lucha contra ETA se eclipsó así por completo.