El PP avisa de que recurrirá por ilegal el indulto a los presos del ‘proces’
La vicepresidenta Calvo recuerda que esa competencia le corresponde al Gobierno al margen de otros informes técnicos
El PP avisa de que no aceptará indultos por parte del Gobierno a los políticos presos por el proceso independentista advierte de que si se acaban concediendo los recurrirá ante el propio Tribunal Supremo porque los considera “ilegales” y avanza que podrían afectar a la negociación paralizada de la renovación de cargos y del Poder Judicial. El PP confía, por ahora, en que el informe preceptivo del Supremo detenga esa posible intención del Ejecutivo. La vicepresidenta, Carmen Calvo, recordó este lunes que esa competencia corresponde al Gobierno, al margen de lo que sostengan los informes técnicos encargados a la Fiscalía y al propio tribunal.
La proximidad de la campaña y de las elecciones autonómicas catalanas el 14 de febrero ha reactivado el debate sobre la opción que tiene el Gobierno de aplicar la medida de gracia de los indultos a los políticos catalanes que están en prisión tras ser condenados por el Tribunal Supremo por su participación en el proceso independentista en Cataluña. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ya avanzó el domingo en La Vanguardia que esa posibilidad podría ser un “gesto positivo” y su tramitación hasta una “obligación legal y moral” para facilitar la reconciliación en el conflicto en vigor sobre Cataluña. Esa declaración del secretario de Organización del PSOE y peso pesado del Ejecutivo de Pedro Sánchez desató las alarmas en el PP, Ciudadanos y Vox, que se niegan a contemplar esa medida, que interpretan como “otra concesión a los independentistas y a los que quieren romper España”.
La postura firme del PP contra los indultos volvió a ser ratificada este lunes por fuentes de la dirección nacional del entorno del líder, Pablo Casado. Las mismas fuentes oficiales recordaron que Casado ya adelantó el pasado 23 de septiembre, justo cuando el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció la tramitación de los indultos en el Congreso, que el PP recurriría esa decisión ante la justicia si se llevase a cabo. Vox hizo lo mismo. Ambas formaciones relacionaron entonces aquel anuncio de Campo con la negociación en marcha de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 y con la reforma del Código Penal para cambiar y rebajar las penas sobre los delitos de rebelión y sedición. Las posturas contrarias de PP, Vox y Ciudadanos siguen siendo las mismas, por las mismas razones, como es cada vez más evidente la intención del Ejecutivo de estudiar esos indultos para reconducir el clima de tensión política y judicial fomentado desde los últimos Gobiernos del PP.
La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, abundó el lunes en el debate aunque de una forma menos directa que el ministro Ábalos. Calvo intentó, por un lado, normalizar el proceso en trámite de estudio de los indultos solicitados y, por otra parte, restar relevancia a que puedan existir informes técnicos, de la Fiscalía u otros órganos judiciales, que se manifiesten en contra. Calvo señaló así que los indultos son un “derecho que tienen todos los hombres y mujeres de este país si están cumpliendo condena” y que se otorgan o deniegan “con normalidad” tanto “en función de lo que emiten los informes o al contrario de los informes”. La vicepresidenta incidió así en que, tras pedir los afectados o su entorno los indultos, luego el Ministerio de Justicia ha recabado las posiciones al respecto de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado y de la propia sala del Tribunal Supremo que realizó el juicio.
La Fiscalía del Supremo emitió su pronunciamiento la semana pasada de forma contundente y negativa, entre otras razones porque los implicados no han expresado de forma clara y pública ningún arrepentimiento sobre los delitos cometidos. En el informe del fiscal se explicaba que los indultos no justificados en razones de equidad, justicia y utilidad pública pueden ser anulados por el Tribunal Supremo. La Abogacía del Estado aún no ha estudiado y por tanto determinado su postura al respecto, según fuentes gubernamentales conocedoras del proceso. La sala del Supremo tampoco, porque está a la espera de todos esos documentos previos.
El PP se agarra a que todavía no se han cumplimentado todos esos pasos para actuar y presentar un recurso. Su responsable de Justicia, Enrique López, interlocutor además en las negociaciones para renovar el Poder Judicial, se pronunció este lunes en contra de dar esos indultos sin el respaldo de los informes pertinentes y ante la ausencia de arrepentimiento de los que calificó como “golpistas”. Para López eso sería por parte del Gobierno “una desvergüenza”, “un acto ilegal” y “podría ser una auténtica prevaricación”. Y remachó esa tesis retomando un artículo de Francisco Tomás y Valiente, expresidente del Tribunal Constitucional, en EL PAÍS sobre el tema en el que teoriza sobre que esa medida de gracia prevista en el artículo 25 de la Constitución tiene que estar sustentada “con arreglo a la ley” y “con arrepentimiento expreso del delincuente-recluso”.
Sobre la firma
