El defensor del pueblo: “Confinar inmigrantes en Canarias no es la solución”

El defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán (Cáceres, 74 años) tenía previsto estar esta semana en Canarias para comprobar en persona las condiciones de recepción y acogida en las islas tras la crisis desatada por la llegada de cerca de 20.000 inmigrantes, pero está confinado en su casa de Madrid. Tras conocer que un miembro de su equipo dio positivo en coronavirus tuvo que cancelar el viaje, pero concede esta entrevista telemática en la que analiza la situación del archipiélago tras la visita de sus técnicos del 16 al 21 del pasado mes de noviembre. “En la coyuntura actual, no valen planteamientos rígidos, ni soluciones aisladas”, advierte. Para Marugán, el error “más evidente” en esta crisis ha sido el muelle de Arguineguín, donde llegaron a hacinarse 2.600 personas. “No debería haber existido”, afirma.

PREGUNTA. Este es el segundo gran repunte de llegadas que afronta España en solo dos años. Ya en 2018, propuso algunas medidas que deberían adoptarse tras más de 30 años de llegadas de pateras para una mejor gestión de la migración. ¿Ha pecado el Ejecutivo de falta de previsión? ¿Era esta una crisis evitable?

RESPUESTA. Hemos visto algunas disfunciones, pero también algunas actuaciones correctas. Esta no es una crisis de llegadas porque estas se producen y seguirán produciéndose. La llegada de extranjeros por las costas en situación irregular no es, tristemente, una novedad. De hecho, se trata de un fenómeno que nos acompaña desde los años noventa y que sigue patrones cíclicos y con el que debemos convivir. Aunque las cifras actuales son importantes hay que recordar que, en 2006 llegaron más de 31.000 personas en cayuco a Canarias. Ahora son 20.000. Por eso me resulta llamativa la sorpresa con la que aún se abordan estas situaciones, que vienen repitiéndose durante los últimos 30 años en diferentes puntos del litoral español. La pregunta principal que deberíamos hacernos es: ¿Somos capaces de aprender las lecciones que la ya dilatada experiencia nos va dejando?

P. Entre las medidas que propuso en 2018 estaba la necesidad de modificar el protocolo de llegada a costas para identificar con agilidad a menores, personas con necesidades de protección internacional o víctimas de trata. Más de dos años después, ¿cree que se han tenido en cuenta algunas de sus propuestas en Canarias?

R. Las instituciones sí han hecho algunas cosas correctamente. Por ejemplo, la actuación de Salvamento Marítimo y de la Guardia Civil del Mar que, en muchas ocasiones ponen en riesgo sus propias vidas, rescatan del océano a quienes intentan llegar a nuestras costas en embarcaciones precarias. También la de los equipos de Cruz Roja Española que les tienden la mano y les proporcionan esa primera asistencia humanitaria y la de la Policía Nacional, destinados a garantizar su seguridad y protección. Es verdad que también hay una serie de carencias y que deberíamos tener protocolos de intervención que garanticen que haya infraestructuras idóneas, una presencia importante de medios humanos especializados y· criterios de colaboración y coordinación entre administraciones, sociedad civil y organizaciones internacionales.

P. ¿Qué vieron sus técnicos en el muelle de Arguineguín?

R. Algunas personas llevaban más de 72 horas en el recinto. Esas personas no deberían estar allí. En el muelle existía un riesgo sanitario elevado. Había hacinamiento, falta de agua, necesidad de desinfectar continuamente, no se garantizaban las cuarentenas y el distanciamiento social no se respetaba. También comprobaron la presencia de presuntos menores de edad. Ante el cúmulo de disfunciones, la solución no era otra que cerrarlo. Por eso le solicité al Ministro del Interior que clausurase las instalaciones. El error más evidente en esta crisis ha sido el puerto de Arguineguín. Ha habido demasiada gente durante demasiado tiempo. Ahora hay que tratar de ordenar el proceso y encontrar una salida razonable y compleja sin renunciar a nada. Por eso mi respuesta no es tanto qué vimos en el muelle de Arguineguín sino: ¿Qué es lo que ha fallado para que se hayan tenido que utilizar esas instalaciones para la acogida? O bien: ¿Qué podemos hacer para que no se vuelva a repetir?

P. ¿Y qué se debe hacer?

R. Reitero lo que ya dije en 2018. Es urgente que las administraciones se sienten e identifiquen en los lugares de llegada, un catálogo de infraestructuras próximas que puedan utilizarse de forma inmediata según las necesidades. Y hay que tener bien preparado un sistema de identificación de personas especialmente vulnerables. Las administraciones tienen que tener un grado de colaboración que ahora mismo no tienen. Tenemos que adelantarnos a los acontecimientos, la improvisación es muy mala consejera.

P. La visita de sus técnicos se extendió a todas las islas. ¿Con qué situación se encontraron?

R. Hemos visitado las islas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, La Palma, El Hierro y Fuerteventura. Estamos elaborando en estos momentos las conclusiones, pero puedo destacar algunas buenas prácticas. En primer lugar, la acogida del pueblo canario que en plena emergencia sanitaria, con una crisis económica que les está golpeando muy duramente, está siendo solidario y acogedor. También destaco en la recepción de los cayucos la utilización de una nave en el puerto de Fuerteventura para detención e identificación durante las primeras 72 horas. Cuando la visitamos acababan de salir los integrantes de varios cayucos y vimos las instalaciones con literas y baños, ya desinfectados y en perfecto estado de limpieza. También destaco la utilización de las instalaciones que se crearon en 2009 en la comisaría de Playa de las Américas, en Tenerife, que tiene más de 300 plazas que permiten un alojamiento en condiciones adecuadas durante las primeras 72 horas.

P. ¿Le preocupa la situación de los menores? Ya son más de 2.000 los acogidos por el Gobierno canario.

R. Su situación siempre es preocupante y valoro el esfuerzo que está realizando el servicio de protección de menores canario que ha de ser expresamente reconocido. Hemos superado las cifras de entre 2007 y 2009, cuando más de 1.000 menores extranjeros no acompañados tuvieron que ser acogidos en Canarias y, de nuevo, tenemos que ser capaces de encontrar una respuesta como sociedad y como país a estos niños y niñas que se ven obligados a abandonar sus países en condiciones inimaginables. Volveré a solicitar respecto de Canarias lo mismo que pedí en su momento para Ceuta y Melilla: que se valoren medidas específicas para la acogida y protección de los menores no acompañados. El esfuerzo que se hace en Canarias no puede ser exclusivo de las instituciones canarias. No es posible que gestionen sin ayuda el impacto que para sus sistemas tienen estas llegadas. Se requiere la solidaridad de los demás territorios de España.

P. ¿Tiene que aplicarse esta solidaridad entre territorios con los adultos? ¿Está a favor de las derivaciones a la Península?

R. Creo que la solución a este problema pasa por buscar un equilibrio. Recurrir a confinar en Canarias a los inmigrantes que han llegado a lo largo de los últimos meses es una opción que yo calificaría como no adecuada y no estoy de acuerdo con esta estrategia. Quien propone esto, ha optado por alejarse de las posiciones versátiles y por el contrario defiende una respuesta rígida. Tenemos que acabar con la manida idea de que, si se trasladan esas personas a la Península, lo que se fomenta es que vengan más. Por eso, creo en la búsqueda de una solución compleja, en la que se incluya llevar a cabo el traslado de migrantes a la Península. No se debe renunciar a esta opción. En esa zona del mundo, el África sahariana y subsahariana lo que ocurre es un efecto salida por muchos motivos, y uno de ellos consiste en las condiciones que han de soportar sus habitantes para desarrollar una vida digna. En este escenario, hay que moverse y trabajar con planteamientos que contribuyan a que con la cooperación podamos fomentar el desarrollo de esas sociedades.

P. Hubo una polémica decisión de la Fiscalía de Las Palmas por la que se separaron a madres de sus bebés. ¿Cómo valora usted esta actuación?

R. Esto es un ejemplo de las cosas que no deben hacerse. Lo seguí con mucha preocupación y estoy esperando la respuesta de la Fiscalía General del Estado, a la que le di traslado de las quejas que recibí sobre esta cuestión.

P. La asistencia letrada en el muelle de Arguineguín y otros espacios llegó a ser inexistente. Hoy en día ha mejorado, pero sigue sin hacerse de manera individual y de pie. En sus últimos informes anuales, refiriéndose a Ceuta y a Melilla, usted insiste en que las asistencias letradas no pueden convertirse en una mera formalidad. ¿Es lo que está ocurriendo en Canarias?

R. La asistencia letrada es manifiestamente mejorable y me preocupa que no se preste adecuadamente. Debe hacerse de forma individualizada y por profesionales que puedan dedicar una atención suficiente a cada una de las personas a las que asisten. Tanto en Ceuta y Melilla, como ahora en Canarias, he trasladado al Consejo General de la Abogacía que la presencia de un abogado de oficio, con formación en materia de extranjería constituye una garantía para esos migrantes.

P. ¿Qué pasos cree que son necesarios seguir para aliviar la situación actual?

R. No creo que el enfoque correcto sea centrarse en “aliviar la situación actual”. Creo que es el momento de abordar la cuestión migratoria desde un punto de vista más global. Si no, las soluciones que damos pueden quedar cojas. Se requiere una gestión más eficaz de los flujos migratorios y hacer posible una migración legal, ordenada y segura

P. ¿Qué opina de la creación de macrocampamentos en las islas donde se alojarán 7.000 personas?

R. Han dicho que los campamentos son una solución transitoria, el problema es que para aliviar esa transitoriedad no se puede renunciar a otras opciones. Como le he dicho, concentrar a los inmigrantes en Canarias no puede ser la única solución.

P. ¿Qué piensa de los brotes xenófobos y la utilización política que se ha hecho de ellos?

R. Me preocupa mucho y creo que es una responsabilidad de todos los que ostentamos algún cargo público no utilizar la inmigración como herramienta de confrontación. Instalarse en esa dialéctica y el abuso de la tensión es un error.