Cinco policías de la Operación Kitchen recibieron dinero de los fondos reservados

Al menos cinco policías imputados en el caso Kitchen por el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas y su entorno recibieron durante los años que duró aquel operativo dinero de los fondos reservados. Así lo confirmó ante el juez el pasado 10 de septiembre en su declaración judicial el comisario Felipe Lacasa, quien entre septiembre de 2013 y mayo de 2015, como secretario general de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, llevaba el control de las cantidades entregadas a agentes y unidades con cargo a estos fondos, destinados al pago, entre otras cosas, de confidentes. Lacasa, que comparecía como testigo por segunda vez, detalló que estos agentes fueron el comisario José Manuel Villarejo ―en prisión desde noviembre de 2017 como presuntos cabecilla de una trama policial―, los también comisarios Enrique García Castaño y Andrés Gómez Gordo, y los inspectores José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano.

Los tres últimos y Villarejo dependían directamente del entonces director adjunto operativo y, por tanto, número dos de la Policía, el comisario Eugenio Pino, señalado como el presunto muñidor de la llamada brigada patriótica surgida en la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente de Interior para espiar a rivales políticos del PP. García Castaño era el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), el grupo policial encargado de operaciones encubiertas de obtención de información contra el terrorismo y la delincuencia organizada.

La investigación judicial ha acreditado hasta ahora el gasto de 53.266 euros de los fondos reservados en esta operación, la mayor parte para abonar 2.000 euros al mes por su trabajo como confidente a Sergio Ríos Esgueva, que fue chófer de Bárcenas y de su esposa, Rosalía Iglesias. Además, las pesquisas han destapado otros gastos en restaurantes (2.574 euros), transporte (496 euros) y abonos de otra naturaleza (195 euros). Las entregas de este dinero fueron efectuadas por el comisario Villarejo y su compañero Gómez Gordo. También se recoge la compra de una pistola por 700 euros para entregársela al chófer de extesorero, y que realizó un policía de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) por orden de García Castaño. De los otros dos agentes no hay, hasta ahora, constancia documental en el sumario de a qué destinaron los fondos. Uno de ellos, Fuentes Gago, fue el policía enviado por Interior a Nueva York en abril de 2016 a entrevistarse con un exdirigente del régimen venezolano para recabar datos contra Podemos.

Lacasa volvió a asegurar en esta segunda declaración que nunca oyó hablar de la Operación Kitchen ni vio ese nombre reflejado en los documentos que le entregaban los cinco policías para justificar los gastos de los fondos reservados. Sin embargo, sí admitió que le extrañó que la UCAO, encabezada por García Castaño, tuviera una asignación especial diferenciada de la que recibía la Comisaría General de Información, responsable de la lucha antiterrorista, en la que estaba integrada. El comisario Lacasa, actualmente jubilado, detalló que ese dinero lo pedía directamente García Castaño ―quien ha comenzado a colaborar con la investigación―, pero no sabía qué uso hacía del mismo. “Pregúntele a él, yo no lo sé”, respondió al fiscal que le interrogaba. Lo que sí especificó es que tanto el dinero que le dio al jefe de la UCAO como a los otros cuatro agentes imputados por su presunta implicación en el espionaje ilegal a Bárcenas lo hizo tras recibir una “orden verbal” del que era su inmediato superior, el comisario Pino, que ocupaba un despacho cercano al suyo.

Durante su declaración, Lacasa destacó que Villarejo “era muy meticuloso” a la hora de justificar los gastos: “Presentaba factura de todo, hasta del parking de allí [al lado de la Dirección General de la Policía, en la madrileña calle Miguel Ángel], que era de cuatro euros”. De los otros cuatro agentes aseguró que nunca le entregaron justificantes. Así, del inspector Díaz Sevillano afirmó que creía recordar que cobró una única vez porque “tenía una investigación en marcha por orden del DAO [comisario Pino] y había que pagarle”, señaló. De Fuentes Gago, que era jefe del Gabinete de Pino, que le entregó dinero “tres o cuatro veces”. Y de Gómez Gordo, entonces aún inspector jefe y que, tras regresar a la Policía tras haber sido asesor de la en aquel momento presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, fue incorporado al equipo de agentes que dependía de Pino, que acudía “con más regularidad”. Lacasa detalló que Gómez Gordo solo firmaba el recibí sin aportar documentos acreditativos del destino que daba a esos fondos. El testigo aseguró que solo sabía que eran para “una operación que gestionaba directamente con el DAO”. En su declaración como imputado, Gómez Gordo aseguró que con ese dinero pagó al chófer del extesorero.

El comisario también detalló el protocolo que se seguía en Interior para entregar estos fondos tanto a Policía Nacional como a Guardia Civil, así como la documentación que él entregaba mensualmente en la Secretaría de Estado de Seguridad, entonces encabezada por Francisco Martínez, para retirar los fondos que luego entregaba a las unidades para su trabajo. Esa documentación, que definió como “una hoja resumen”, era firmada previamente por el comisario Pino. En los 19 meses que estuvo en el puesto, Lacasa asegura que en solo una ocasión el entonces responsable de visar los gastos en el ministerio, el coronel Diego Pérez de los Cobos ―cesado el pasado mayo como jefe de la Guardia Civil en Madrid por orden del ministro Fernando Grande-Marlaska― le pidió que le ampliara datos sobre el dinero de la partida gastado en dos operaciones “menores”, pero nunca de la Operación Kitchen, que ni siquiera aparecía en la documentación.

Durante su declaración, el testigo también detalló que él anotaba a mano todas las entregas de dinero de los fondos reservados que hacía en un libro “vetusto y anciano” que guardaba en la caja fuerte de su despacho. En él, aseguró, no detallaba qué cantidades entregó a cada uno de los cinco policías, sino que esas partidas las recogió en el epígrafe general “secretaría general” de la DAO. No obstante, dijo que tanto los recibís que estos agentes firmaron cuando les daba los fondos como los justificantes que pudieran haber entregado para respaldar el uso del dinero que hicieron, deberían estar guardados, en soporte físico dentro de carpetas, en el “archivo manual” que tenía la Dirección Adjunta Operativa. Lacasa concluyó afirmando que en el tiempo que desempeñó la función de controlador de los fondos reservados de la Policía Nacional, nunca tuvo una inspección por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad.