Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, vuelve a estar investigado tres años después de salir de prisión

La Policía Nacional ha registrado este martes por la mañana el domicilio en la playa de Oropesa del que fuera el todopoderoso presidente entre 1995 y 2011 de la diputación de Castellón, Carlos Fabra, del PP. Los agentes se han presentado a primera hora en su casa de la urbanización de Les Platgetes y han intervenido diversa documentación y el ordenador personal, según ha señalado el que fuera el hombre fuerte del PP en Castellón y uno de los líderes populares en la Comunidad Valenciana, a Valenciaplaza.com.

El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha confirmado el registro y la imputación a Fabra, de 75 años, por un presunto delito contra la Administración de Justicia y contra la Administración Pública. La operación ha sido ordenada por el Juzgado de instrucción número 4 de Castellón, si bien el expolítico ha asegurado a la citada publicación que desconocía el motivo del registro y que pondrá el caso en manos de sus abogados.

El exlíder del PP castellonense entró en la madrileña prisión de Aranjuez el 1 de diciembre de 2014 después de que la Audiencia Provincial de Castellón le condenara a cuatro años de prisión (frente a los 13 que pedía la fiscalía) y tras más de diez años de juicio, por haber estafado cerca de 700.000 euros a la Hacienda Pública entre 1999 y 2003 y al pago de una multa de 1,3 millones de euros. Se le acusó de cobro de comisiones para agilizar en los ministerios competentes la comercialización de productos fitosanitarios de la empresa Naranjax, propiedad del examigo y empresario que le denunció en diciembre de 2003, Vicente Vilar.

Menos de un año y medio después, en abril de 2016, obtuvo el tercer grado. Ingresó en el centro Victoria Kent, al que sólo acudía para dormir de lunes a jueves. La juez valoró, además de la edad de Fabra –entonces 70 años- y su bajo riesgo de reincidencia, que el interno había evolucionado favorablemente, que había abonado su responsabilidad civil y que su condena era corta. En la primavera de 2017, y tras haber cumplido las tres cuartas partes de la misma, obtuvo la libertad condicional.

Esta no es la única causa abierta contra el político del PP. Semanas antes de su puesta en libertad, Fabra se desplazaba desde el madrileño centro Victoria Kent hasta la Ciudad de la Justicia de la capital de La Plana para declarar como investigado por un presunto delito societario en el Club de Campo del Mediterráneo de Borriol, del que fue presidente.

El exlíder popular está siendo investigado desde 2018 por presunto cohecho en la causa que investiga los patrocinios de la promotora del aeropuerto de Castellón (Aerocas), la sociedad creada en 2003 para construir y gestionar la infraestructura aeroportuaria cuando estaba presidida por Carlos Fabra. Se inició en octubre de 2016 a partir de una denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal seis meses antes. En ella se investigan los 3,6 millones de euros percibidos por la mercantil del expiloto de motociclismo Álex Debón en concepto de patrocinio por parte de Aerocas durante las temporadas 2009, 2010 y 2011, cuando Fabra lideraba la sociedad promotora y la base aeroportuaria de Vilanova-Benlloch era todavía un macroproyecto a años luz de estar operativo. De hecho, el primer vuelo comercial no llegó hasta septiembre de 2015, cuatro años y medio después de su inauguración.

En la Navidad de 2018, Carlos Fabra presentó sus Reflexiones desde la cárcel, el título del libro de memorias escrito por el periodista Jesús Montesinos, y que repasa en siete capítulos el paso de Fabra por prisión; su visión del PP actual y su forma de hacer política.

Desde que quedó en libertad, Fabra se ha mantenido al margen de la vida política, si bien se le ha visto en algún mitin de Vox.

Una prueba del poder y la influencia que llegó a atesorar Fabra fue que José María Aznar y su familia eligieron la misma urbanización Les Platgetes de Oropesa para pasar algunos veranos cuando presidía el Gobierno.