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Vox: “El nacionalismo es incompatible con la democracia”

El partido ultra se queda solo en su pretensión de ilegalizar a los partidos soberanistas e independentistas

Miguel González
El líder de Vox, Santiago Abascal, a la izquierda, habla con el portavoz de su grupo, Iván Espinosa de los Monteros, durante el pleno de este martes.
El líder de Vox, Santiago Abascal, a la izquierda, habla con el portavoz de su grupo, Iván Espinosa de los Monteros, durante el pleno de este martes.Kiko HUesca (EFE)

“El nacionalismo es incompatible con la democracia”, proclamó este martes en el Congreso el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Aludía a todos los nacionalismos salvo, obviamente, el español, del que el partido ultra es la expresión más extrema. Vox se quedó solo en su propuesta de reformar la Ley de Partidos para ilegalizar a las fuerzas soberanistas e independentistas, más de dos millones de votos en las últimas generales, aunque el PP y Ciudadanos se abstuvieron, mientras que los demás votaron en contra. Todos los grupos le recordaron que “ilegalizar las ideas” va en contra de la Constitución, que permite a Vox expresar las suyas.

Su soledad política no fue ninguna sorpresa para los dirigentes de Vox. Al contrario. Parecieron buscarla. Llevaron al pleno de la Cámara uno de los puntos más polémicos de su programa, la ilegalización de los nacionalismos periféricos, sin pactarlo con ninguna otra fuerza política. A solo 48 horas de que el Supremo revise la inhabilitación del presidente catalán Quim Torra, Vox quiso marcar terreno y mostrar que es el más duro contra el separatismo.

Espinosa de los Monteros construyó su intervención sobre un sofisma: si la democracia se basa en la soberanía del pueblo español, la defensa de otras soberanías es incompatible con la democracia. “Los que niegan la indivisible unidad de la Nación española están fuera de la ley”, concluyó, subrayando que varios países europeos proscriben los partidos secesionistas. El portavoz de Vox solo mencionó a EH Bildu como objetivo de una ilegalización, pero todos los nacionalistas vascos, catalanes o gallegos se dieron por aludidos, pues la proposición de ley prohibía los partidos que, de una u otra forma, “promuevan, justifiquen o disculpen el deterioro o destrucción de la soberanía nacional o de la indisoluble unidad de la Nación española”.

Lo hizo el portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien recordó que su partido ha pasado en la ilegalidad casi 50 de sus 125 años de historia y que, al contrario que en otros países, España no es una “democracia militante”; es decir, no se obliga a nadie a creer en la Constitución, sino a respetarla. Ningún artículo de la Carta Magna está blindado, ni siquiera el que consagra la unidad de España, y todos se pueden reformar a través de los procedimientos previstos en la misma. Así lo dejó claro el Tribunal Constitucional, en la sentencia de 2003 que avaló la Ley de Partidos.

También lo subrayó el portavoz del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, ponente de que aquella ley, quien recordó que si se ilegalizó a Batasuna no fue por sus ideas, sino porque se había convertido en el brazo político de ETA. “En España se puede defender cualquier idea, pero no por cualquier método”, subrayó. Tras calificar de inconstitucional la propuesta de Vox, defendió retirar la financiación a los partidos que mantengan en sus filas a condenados por delitos contra la Constitución, el orden público o el Estado.

Espinosa de los Monteros eludió detallar su propuesta de reforma de la Ley de Partidos, pero otros portavoces le llamaron la atención sobre el hecho de que Vox proponía poner fuera de la ley a quienes promuevan, justifiquen o exculpen “la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual”. Tras recordar la criminalización que hace Vox de los menores inmigrantes, Mertxe Aizpurua, de Bildu, le espetó: “Se han descrito a ustedes mismos palabra por palabra. ¿Es que pretenden autoilegalizarse?”

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No fue la única que amagó con volver contra Vox su pretensión ilegalizadora, pero el portavoz socialista, José Zaragoza, lo descartó: “Ustedes son enemigos de la Constitución, pero la Constitución les protege a ustedes, a los independentistas y a mí”.

Guillermo Díaz, de Ciudadanos, aseguró que a los nacionalistas “se les vence en las urnas”. “Dejen el espectáculo y vengan al trabajo”, dijo, dirigiéndose a los escaños del partido ultra. Íñigo Errejón, de Más País, dijo que “España le queda grande” a Vox y busca empequeñecerla excluyendo a los que no piensan como él. “Si no es tarde, apúntenme también en la lista”, ironizó.

La derrota anunciada no amedrentó a Vox. Como sucede con la moción de censura que Abascal ha anunciado para este mes, su objetivo no era ganar dentro del hemiciclo sino fuera.


El sindicato ultra, a juicio

Solidaridad, el sindicato de Vox, podría tener que cambiar de nombre. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la denuncia del sindicato Solidaridad Obrera, que le acusa de usurpar un nombre histórico del anarcosindicalismo español, aunque la formación ultra pretende inspirarse en el sindicato polaco que dirigió Lech Walesa. El nombre completo de la nueva organización es Sindicato para la Defensa de la Solidaridad de los Trabajadores de España, pero en todas sus publicaciones y en la presentación pública, celebrada el pasado lunes, se hace llamar únicamente Solidaridad. El tribunal ha fijado ya la fecha del juicio: será el próximo 2 de marzo de 2021, si antes no hay conciliación.


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Sobre la firma

Miguel González
Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.

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